Unos dos millones de personas salieron el jueves pasado a marchar en decenas de ciudades de Francia contra el proyecto del presidente Emmanuel Macron para retrasar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa, mientras sigue cofinanciando la guerra en Ucrania..
Con esta reforma que formó parte de la plataforma de reelección el año pasado, Francia seguiría por detrás de la mayor parte de Europa en postergar la edad de retiro, pero el tema resulta muy delicado en una sociedad que siente un especial orgullo por su sistema previsional.
El gobierno de Macron oculta que el financiamiento para las pensiones es un asunto de sus prioridades: un día después de las multitudinarias protestas en repudio a su proyecto, el presidente anunció que el presupuesto militar para 2024-2030 será una tercera parte mayor de lo programado, con un incremento de 60 por ciento en la partida para inteligencia, y un reforzamiento de los sistemas de disuasión nuclear, las cibercapacidades o los equipos en varias zonas del mundo.
El Elíseo parece decir a los ciudadanos que millones de trabajadores deberán sacrificarse para que las élites prosigan con sus afanes imperialistas y guerreristas, y su costoso alineamiento a la agenda geopolítica de Washington.
Los dos principales ejes del proyecto, que el Ejecutivo defiende como imprescindible para el equilibrio financiero del sistema, son el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento del periodo de cotización de 42 a 43 años para 2027.
Un proyecto de reforma de las pensiones que se aprobaría con el apoyo del partido conservador Los Republicanos. Los demás son detractores de esta medida. Entre ellos, los partidos políticos de izquierda, la extrema derecha comandada por Marine Le Pen y todos los sindicatos.
Tanto en términos de políticas económicas como de valores sociales, el programa de Macron está anclado firmemente en la derecha, porque es allí donde reside la base social para su programa de reformas
Unos dos millones de franceses secundaron este jueves la llamada a la movilización lanzada por el conjunto de los sindicatos franceses contra la impopular reforma del sistema de pensiones que pretende aprobar el Gobierno, con huelgas y manifestaciones masivas en las calles.»Una gran mayoría de los ciudadanos de este país están en contra de esta reforma», celebró Philippe Martínez, secretario general de la Confederación general del trabajo (CGT)
La de la capital fue la demostración de músculo más importante de esta jornada nacional de movilizaciones, pero las protestas se repitieron por toda la geografía francesa, desde Marsella a Nantes.
A pesar de las manifestaciones masivas, Macron, que se encontraba en Barcelona para una cumbre hispano-francesa junto al presidente español, Pedro Sánchez, afirmó que el Gobierno no va a dar marcha atrás a la reforma. «Si queremos ser justos entre las generaciones y salvar nuestro sistema de reparto, debemos hacer esta reforma», afirmó.
Un programa neoliberal
El programa de reforma neoliberal de Macron –que involucra una ley laboral, prestaciones de desempleo, jubilaciones y privatizaciones– es bastante drástico y tiene consecuencias importantes para el ingreso y las desigualdades de estatus. Esto ha despertado una oposición social considerable en los últimos años, desde que en noviembre de 2018 surgió el movimiento de los «chalecos amarillos» (gilets jaunes), que continúa llevando adelante protestas hasta hoy (aunque de forma más discreta).
Teniendo en cuenta su base social más bien estrecha, Macron solo podía lidiar con estas protestas mediante una represión policial bastante brutal y la restricción de las libertades civiles.El pulso entre el gobierno francés y los trabajadores organizados que defienden sus derechos adquiridos no es una cuestión meramente técnica, como pretende el neoliberal ortodoxo Macron.
Es cierto que el incremento sostenido de la esperanza de vida plantea presiones extraordinarias sobre fondos de pensiones y presupuestos públicos, ya que muchas personas pasan tanto o más tiempo fuera de la población económicamente activa que dentro de ella; es decir, aportan al sistema pensionario por menos tiempo del que se benefician de él, creando así un dese-quilibrio financiero.
También es un hecho que el envejecimiento demográfico genera nuevos gastos de salud y cuidados que, en las naciones desarrolladas, son absorbidos en buena parte por el Estado.Sin embargo, quienes desde hace décadas pugnan por trasladar a los trabajadores todo el costo de estas transformaciones omiten importantes datos de contexto.
En las propuestas para elevar la edad de jubilación casi nunca se menciona la discriminación de las empresas contra los solicitantes de empleo mayores de 40 años, y la casi imposibilidad de acceder a un puesto formal cuando se han rebasado los 60, lo que señala que extender la vida laboral no es una mera decisión personal, sino un problema estructural que puede dejar a millones de personas sin un retiro digno porque los empleadores les niegan la oportunidad de completar los años cotizados.
También ,la propaganda neoliberal calla que la crisis de las pensiones se da en un contexto de continuos recortes impositivos a los sectores más acaudalados, los cuales han tenido el doble efecto de crear una concentración sin precedente de la riqueza y de vaciar las arcas públicas, con el consiguiente estrangulamiento del gasto social.
Este mes, la organización global Oxfam denunció que la benevolencia fiscal con los dueños de grandes capitales, aunada a otros mecanismos de distribución de la riqueza hacia arriba, permitió a las 2 mil 655 personas con fortunas superiores a mil millones de dólares ganar 2 mil 700 millones de dólares al día durante la pandemia.
En el mismo periodo, el uno por ciento más rico de la población mundial se apropió de 63 por ciento de la nueva riqueza generada, y los márgenes de ganancia de las empresas aumentaron 60 por ciento, mientras los salarios vieron un incremento de apenas 4 por ciento.
En este contexto, está claro que, antes de disminuir las prestaciones de los asalariados, Macron debiera atajar la colosal desigualdad y revisar a fondo un modelo económico nocivo para nueve décimas partes de los franceses.
Isabella Arria, Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)