La agencia europea para la gestión integrada de las fronteras exteriores de los estados miembros de la Unión, creada el 26 de octubre de 2004 y conocida como Frontex, ha atraído una gran atención de los medios de comunicación. Los portavoces de la Unión Europea y, en especial, del gobierno español, han tenido un especial […]
La agencia europea para la gestión integrada de las fronteras exteriores de los estados miembros de la Unión, creada el 26 de octubre de 2004 y conocida como Frontex, ha atraído una gran atención de los medios de comunicación. Los portavoces de la Unión Europea y, en especial, del gobierno español, han tenido un especial interés en demostrar una intervención eficaz en la lucha contra la inmigración, al mismo tiempo que reiteraban su ánimo humanitario y su intención de incrementar la cooperación al desarrollo con los países de origen.
Este esfuerzo comunicativo y de justificación esconde una realidad trágica, donde se mezclan el desprecio a los derechos más elementales de miles de inmigrantes cuyo único delito consiste en huir del desierto productivo que, entre otros responsables, están generando las políticas de la UE, la ausencia de una política que vaya más allá de el progresivo incremento de medidas represivas y la mentira de una cooperación oficial que, en la mayoría de los casos, lo único que busca es la complicidad de los dirigentes corruptos de los países de tránsito en la contención de la inmigración.
Que la «gestión integrada de las fronteras exteriores» tiene más de retórica que de eficacia real, lo demuestra el proceso paulatino de externalización de fronteras, que está jugando un papel mucho más determinante en las políticas de la UE. Con el mismo se pretende trasladar la responsabilidad en el control de las fronteras a los países de tránsito, al subcontratar las medidas de detención y repatriación de los inmigrantes, por supuesto, sin las complicaciones de un sistema de garantías que haga respetar derechos básicos de los que la UE pretende ser un referente mundial. Si Frontex fuera una perspectiva real esta estrategia de externalización no estaría jugando un papel tan determinante, en la UE y en España.
Si nos detenemos en el caso de Canarias y la costa atlántica africana, podemos comprobar como Frontex ha tenido sus mayores «éxitos» en este último sentido, sobre todo después de la crisis de los cayucos que tuvo su punto culminante en el verano y otoño de 2006. Podemos distinguir dos tipos de operativos puestos en marcha a partir de esta fecha: por un lado la vigilancia y el patrullaje en alta mar y, por otro, la cooperación con los países de origen o tránsito de los inmigrantes, fundamentalmente Mauritania, Senegal y Cavo Verde.
Al sistema de vigilancia y el patrullaje se han dedicado cuantiosos medios, aunque la interceptación de los cayucos y los buques no supone más que una puesta en escena ante la imposibilidad de un control efectivo. En este punto cabe destacar, ante la demagogia oficial que recuerda en cada momento las vidas que salvan este tipo de operativos, que el salvamento marítimo es una obligación humanitaria de los Estados y que las patrulleras no son los medios más adecuados para llevarla a práctica, como se ha demostrado en el número creciente de accidentes que han provocado cada vez más víctimas. Si se quiere reforzar la seguridad de la zona no hacen falta patrulleras sino más buques de salvamento con la dotación adecuada.
Un ejemplo de las grandes dificultades que ofrece este sistema es el de la crisis del Marine I, que se prolongó desde febrero hasta junio de 2007; este buque, con casi 400 inmigrantes y refugiados a bordo, en su mayoría asiáticos, fue remolcado por salvamento marítimo español y, ante la negativa de las autoridades de Senegal, Cabo Verde y Mauritania de permitir su desembarco, ante el riesgo de naufragio, fue conducido al puerto de Nuadibu, tras un compromiso de las autoridades españolas de hacerse cargo de la repatriación de los pasajeros. Pues bien durante los más de cuatro meses que los inmigrantes y refugiados fueron retenidos en unas condiciones inhumanas, los gobiernos de la zona se negaron a colaborar, debiendo la administración española destinar cuantiosos fondos en el traslado de policías y medios de transporte para la repatriación de los inmigrantes y refugiados.
Mucho más efectivo para las políticas oficiales han resultado las acciones destinadas a interceptar a los inmigrantes en la costa de Mauritania o Senegal para, inmediatamente, devolverlos a los países de tránsito o de origen, con la colaboración de sus autoridades. Por este medio, ajeno a cualquier medida de control y seguimiento fiable, se ha impedido salir de las costas de estos países a un número muy elevado de inmigrantes, sin que pueda ofrecerse una explicación del porqué de la presencia de la UE en una competencia nacional. Cada vez son más comunes las denuncias de deportaciones masivas, una vez producida la entrega a la policía de Mauritania o Senegal, sin ningún tipo de procedimiento ni asistencia.
El pasado 3 de octubre la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el comisario de justicia, seguridad y libertades públicas de la UE acaban de anunciar un incremento de los medios destinados a Fontex, extendiendo la experiencia del centro regional de vigilancia marítima de Canarias a Valencia, Algeciras y A Coruña. Asimismo, se anuncia que las patrullas conjuntas serán permanentes en la zona occidental de la costa africana. Como hemos visto, este tipo de medidas tienen un sentido más publicitario de la acción de los gobiernos y la Unión Europea que real, mostrando una actitud enérgica que parece ser rentable en términos de votos y apoyo ciudadano; sin embargo, los condicionantes de la ineficacia de este tipo de políticas son poderosos.
En primer lugar, desde los años ochenta hemos comprobado como el aumento de controles en un determinada zona puede tener un efecto inmediato en la llegada de inmigrantes, pero ha medio plazo lo único que produce es un desplazamiento de los puntos de entrada. Por otro lado, no podemos dejar de considerar que las entradas por mar son muy reducidas en comparación con las que se producen por vía terrestre o aérea; la desgracia de la mayor preocupación de los medios y los gobiernos en la inmigración africana es su gran visibilidad, la espectacularidad de los cayucos y los buques repletos de inmigrantes, aunque en un día puedan pasar por Barajas o La Junquera diez veces más.
En conclusión, las medidas de control de fronteras sólo desplazan los itinerarios, lo que en la mayoría de los casos incrementa el riesgo de accidentes y muertes muy difíciles de cuantificar, en este sentido Frontex recae en el mismo error que los proyectos anteriores, pensar que los flujos migratorios se pueden contener sin resolver las diferencias de lo que los investigadores consideran la frontera más desigual del planeta. África no necesita de la cooperación europea, mucho menos si por tal se entiende la construcción de centros de internamiento y la dotación de los cuerpos policiales para contener la inmigración, sino un nuevo orden económico internacional justo que les ofrezca una oportunidad de desarrollo y justicia social.
Es lamentable que el gobierno español encabece e impulse el espejismo que supone Frontex, en vez de liderar un cambio de políticas en la Unión Europea, cediendo a presiones de sectores tan reaccionarios como los que representa Coalición Canaria. En este punto es preciso recordar aquí como, desde la crisis de los cayucos, una de las peticiones de CC y de la derecha más xenófoba consistió en reivindicar un cambio para aumentar el plazo administrativo de internamiento de los extranjeros, lo que desde la UE se ampara en la reciente directiva de retorno. El proyecto de reforma de la ley de extranjería publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de septiembre, que recoge esta medida junto con un batería de auténticas agresiones a los derechos más básicos de los inmigrantes, es un buena oportunidad para demostrar quién está del lado de los derechos y la justicia, y quien encubre de retórica un modelo restrictivo y excluyente.