Abundante evidencia incrimina a tres generales y a oficiales del ejército de Perú en los secuestros y asesinatos de 37 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, cometidos entre 1989 y 1993, dijo a IPS el abogado Víctor Lizárraga, de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). El fiscal Carlos Carhuancho acusó el […]
Abundante evidencia incrimina a tres generales y a oficiales del ejército de Perú en los secuestros y asesinatos de 37 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, cometidos entre 1989 y 1993, dijo a IPS el abogado Víctor Lizárraga, de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
El fiscal Carlos Carhuancho acusó el 8 de marzo a los generales Manuel Delgado, Luis Pérez y David Jaime Sobrevilla, que ocuparon en aquellos años la jefatura de la 31 Brigada de Infantería del Ejército asentada en Huancayo, capital de la central región de Junín y sede de la Universidad Nacional del Centro .
Pero sólo ahora se conocen los antecedentes del informe que sustenta las imputaciones.
Bajo las órdenes de estos generales se encontraban el coronel Elías Espinoza, el ex jefe de Inteligencia, Danilo Gonzales, y el teniente Boris Rosas, a quienes el fiscal atribuye la conducción de los operativos de detención y muerte de los estudiantes, como presuntos miembros de grupos guerrilleros.
Los crímenes se cometieron entre 1989 y 1993, uno de los periodos más duros de los 20 años del conflicto (1980-2000) que libraron el Estado y dos guerrillas izquierdistas, el maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El fiscal Carhuancho «imputa a los militares autoría mediata de los crímenes, en función del dominio de los hechos, la misma fórmula que se aplicó para acusar al ex presidente Alberto Fujimori» por matanzas «cometidas por el Servicio de Inteligencia del Ejército» bajo su mando, dijo Lizárraga, de la CNDDHH, que representa a las familias de las víctimas.
Según Lizárraga, la evidencia abunda.
«Se cuenta con el testimonio de los familiares que fueron testigos del secuestro de sus hijos que eran conducidos al cuartel del ejército y luego encontraban los cadáveres en la intemperie», aseguró.
«También tenemos los manuales operativos utilizados por el ejército, que disponen el secuestro y asesinato de los detenidos, y están acreditados los testimonios de estudiantes que, luego de haber sido detenidos y torturados por los militares, consiguieron librarse del encierro por diversas circunstancias», aportó.
«Los operativos militares, cuya consecuencia fue la desaparición y muerte de cientos de personas, entre ellas los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, respondieron a determinadas condiciones sociales y de estrategia contrasubversiva y militar», dice el informe acusatorio de Carhuancho, que documenta 37 homicidios y 33 secuestros.
Todo tuvo lugar «dentro de un marco normativo que permitió, no sólo llevar a cabo una represión indiscriminada, sino el ocultamiento de las violaciones de los derechos humanos, en lo que se convirtió una práctica de secuestros y homicidios de modo sistemático y generalizado», continúa.
La universidad también fue un ámbito de acción de Sendero Luminoso, que asesinó a profesores y estudiantes que se le oponían, sostuvo el fiscal Carhuancho. El MRTA y Sendero llegaron a disputarse a balazos el control del claustro universitario.
La independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la violencia política entre 1980 y 2000, señaló en su informe final que entre 1989 y 1993 «fueron más de 100 los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro» que desaparecieron o fueron asesinados.
En ese periodo «fueron más de 15 las veces en que la policía o el ejército, o ambos en operaciones combinadas, ingresaron en la universidad y ficharon a los alumnos, profesores y trabajadores, muchos de ellos posteriormente desaparecidos o ejecutados arbitrariamente».
El 8 de marzo de 1989, el ejército incursionó por primera vez en esa casa de estudios. Poco después, instaló en ella una Base Militar de Acción Cívica. Luego comenzó la paulatina desaparición y eliminación física de los estudiantes. Muchos cuerpos fueron encontrados en las afueras de la ciudad.
«El secuestro y asesinato de los estudiantes era una estrategia del ejército. Mediante delatores, los militares identificaban y arrestaban a los que consideraban eran miembros del aparato clandestino y político de Sendero Luminoso, para matarlos o desaparecerlos», explicó a IPS el ex miembro de la Comisión de la Verdad, Carlos Tapia.
«La eliminación de los sospechosos se aprobó en un manual del ejército de junio de 1989 conocido como el ME 41-7. Era un manual de guerra no convencional», acotó.
La primera víctima fue el estudiante de economía Rubén Ponce. Sus restos fueron hallados con evidentes signos de tortura el 1 de noviembre de 1989, señala la acusación fiscal. Por entonces gobernaba el actual mandatario Alan García (1985-1990).
En 1990, otros 10 estudiantes fueron asesinados. El 8 de julio de 1991, el entonces presidente Fujimori (1990-2000) visitó la universidad para supervisar la actuación del ejército. Luego emitiría una ley autorizando a los militares a incursionar en los centros académicos.
Al poco tiempo, se desató otra ola de asesinatos. Entre el 20 de enero y el 2 de octubre de 1992, fueron secuestrados y ejecutados 25 alumnos.
Al general Delgado se lo acusa del homicidio con gran crueldad de 11 alumnos y del secuestro de otros seis, a Jaime Sobrevilla del asesinato de un estudiante y del secuestro de cinco, y a Pérez del secuestro de ocho universitarios.
Pérez también está acusado de participar en la captura de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en Lima, muertos el 18 de julio de 1992. Por ese caso Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
Los más complicados son el ex jefe de Inteligencia, Gonzales, y el teniente Rosas, que estuvo a cargo de la Base de Acción Cívica que instaló el Ejército en la universidad. El fiscal los acusa de 25 ejecuciones extrajudiciales de alumnos cometidas en 1992.
Debido a la gravedad de la acusación, el fiscal Carhuancho dispuso que la policía proteja a cinco testigos de excepción, ex secuestrados cuyas vidas corren peligro.