La utilización por parte de Estados Unidos del territorio de la Unión Europea y de países candidatos a una futura adhesión para la detención ilegal y la tortura de personas o como escala en sus traslados sigue siendo fuente de noticias, al tiempo que las autoridades políticas comunitarias o de estados miembros tratan de echar […]
La utilización por parte de Estados Unidos del territorio de la Unión Europea y de países candidatos a una futura adhesión para la detención ilegal y la tortura de personas o como escala en sus traslados sigue siendo fuente de noticias, al tiempo que las autoridades políticas comunitarias o de estados miembros tratan de echar balones fuera, rehuyendo cualquier investigación a fondo de las denuncias existentes y buscando excusas para intentar mantenerse al margen de la cuestión.
El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, Franco Frattini, alega que el «gobierno comunitario» no tiene poder para pedir pruebas sobre la existencia de cárceles secretas de la CIA en su territorio, pero las actuaciones realizadas dentro de sus propias competencias han sido ciertamente tibias y carentes de la contundencia exigible en un caso de conculcación de derechos humanos. Por lo que respecta a las escalas en territorio del Estado español de algunos vuelos empleados en el traslado de detenidos o en tareas de apoyo operativo a estas operaciones ilegales, el ministro de Defensa, José Bono, destacó que según los informes que obran en su poder no hay pruebas ni indicios del uso ilícito del aeropuerto de Mallorca, por lo que aseguró que no va a contribuir a alentar sentimientos antiamericanos por meras suposiciones, puesto que su obligación es defender a los países «aliados» y «amigos».
Cabría suponer que la obligación de cualquier responsable institucional, sea comisario de Justicia, Libertad y Seguridad o ministro de Defensa es anteponer la defensa de los derechos humanos a cualquier otra consideración de estrategia internacional, y está visto que en la actuación que tanto la Comisión Europea como el Gobierno español están teniendo en esta materia prima sobre todo el carácter de «superpotencia amiga» de los Estados Unidos. No se trata de poner en cuestión la presunción de inocencia que también protege a la Administración estadounidense, pero cuando a una maquinaria tan perfeccionada se le descubren indicios de delinquir y en este caso hay testimonios de al menos tres personas sometidas a detenciones ilegales y torturas lo menos que se puede hacer es investigar de manera exhaustiva y ponerse del lado del más débil. Por otra parte, también resulta ética y políticamente cuestionable que se considere «aliado» y «amigo» a un estado que practica la guerra ilegal y que se ha demostrado que a lo largo de su historia ha conculcado todos los derechos posibles a lo largo y ancho del mundo. –