La presidencia de la Universidad de Puerto Rico alteró su cálculo oficial de la insuficiencia presupuestaria, cambio que usa para justificar el aumento en cuotas que mantiene estancadas las negociaciones para resolver la huelga.
La presidencia de la Universidad de Puerto Rico alteró su cálculo oficial de la insuficiencia presupuestaria -de cerca de 20 millones a 200 millones de dólares en menos de seis meses- cambio que usa para justificar el aumento en cuotas que mantiene estancadas las negociaciones para resolver la huelga que ha paralizado prácticamente todo el sistema.
El cambio de 1.000 por ciento en los estimados sobre la deficiencia de fondos surge al compararse el anuncio sin respaldo de cifras auditadas hecho por la oficina del presidente de la UPR este mes con el informe enviado por la misma oficina en diciembre pasado a la presidenta de la junta de síndicos, Ygrí Rivera, con los anejos correspondientes, copia del cual fue obtenido por NCM Noticias.
La información trasciende en momentos en que ya son ostensibles los preparativos para un posible intento de tomar por asalto las instalaciones controladas por los estudiantes, que desde el 21 de abril desataron una huelga que mantiene paralizados diez de los once recintos de la UPR. Las operaciones han incluido el intento fallido de cambiar los candados y derribar las barricadas en el recinto de Bayamón y los vuelos nocturnos de un helicóptero de la Policía nacional con un reflector potente, que cumplió misiones de reconocimiento a baja altura sobre los campamentos estudiantiles en el Recinto de Río Piedras.
El manejo de la huelga por parte del Gobierno ya es motivo de una ruptura grave entre el Gobernador, Luis Fortuño, y el delegado sin voto de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, Pedro Pierluisi, ambos del oficialista Partido Nuevo Progresista. El comisionado hizo un llamado fuerte a negociar y dijo que «parece mentira» que el conflicto no se resolviera en una o dos semanas sin sanciones contra los estudiantes que han participado en la huelga.
Fortuño designó unilateralmente como emisario suyo con el título de «mediador» al obispo episcopal David Alvarez, a quien se proveyó inclusive información confidencial para comunicarse con dirigentes de la huelga y luego de que su misión no fructificó, el propio gobernador declaró que habían «fracasado» las negociaciones por lo que ahora lo que resta es el desalojo por orden judicial. Además, recomendó un referéndum con voto secreto para que gane la opción de acabar la huelga y reiteró que el conflicto es promovido por «elementos extraños» que buscan desestabilizar el Estado.
La posición de Fortuño sobre el supuesto fracaso de las negociaciones se produce a contrapelo de que las mismas se han estado desarrollando ininterrumpidamente en el edificio de la Administración Central de la UPR y ninguna de las partes ha abandonado la mesa de diálogo a pesar de su lentitud.
Pierluisi, por su parte, advirtió que el aumento en lo que se cobra a los estudiantes debe tomarse sobre bases «racionales» y no insistir en posiciones intransigentes de ninguna de las partes.
El Gobierno, que retiró los contingentes de la policía anti motines tras varios incidentes que incluyeron la transmisión en vivo por la televisión de policías torturando a un estudiante, ha desatado en su lugar una campaña de publicidad y relaciones públicas con intensidad similar a las de las elecciones. Además, ha difundido a través de los medios noticiosos que la UPR tiene un déficit de 200 millones de dólares debido a la mala administración del anterior gobierno autonomista.
La campaña sin embargo no aclara el motivo para que no se hagan públicos los informes auditados sobre las cuentas de la UPR desde hace dos años, documentos reclamados no sólo por los huelguistas sino por el propio Consejo de Educación Superior, que es la entidad licenciadora del Estado. El actual presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, se ha limitado a indicar que el contable público autorizado no ha podido certificar las cuentas pero que se harán públicas tan pronto se resuelvan unas «discrepancias».
La carta del anterior presidente interino, Miguel A. Muñoz, fechada el 29 de diciembre de 2009, viene a constituir el primer documento que arroja luz sobre el delicado asunto, que plantea problemas de credibilidad para una institución que ya tiene suficientes dificultades con la deuda de 700 millones de dólares en el mercado de bonos de Nueva York y la política pública de reducir sistemáticamente las aportaciones del Estado.
En la carta de Muñoz se indica que en 2007-2008, la insuficiencia de fondos por estimados de ingresos incorrectos fue de 28,5 millones de dólares. Mientras tanto, para el presidente 2009-2010, la insuficiencia proyectada es de entre 18 y 26 millones de dólares y el funcionario recomendó toda una serie de medidas para ajustar la situación fiscal de la institución.
Muñoz tomó en cuenta para sus cálculos la reducción programada en las aportaciones del Gobierno a la UPR, así como los 105 millones de fondos especiales enviados por EEUU como parte del programa para atender la crisis económica. Tales fondos fueron usados en la UPR, como en muchas otras agencias del Gobierno, para cubrir temporeramente reducciones en las asignaciones presupuestarias como parte de la nueva política pública para forzar una reducción del aparato del Estado.
En el caso de la UPR, la política de reducir las aportaciones del Estado es uno de los asuntos que levanta preocupación para la casa clasificadora de bonos Moody’s.
La insistencia en cortarle los fondos a la UPR no sólo plantea dificultades para el 80 por ciento de sus estudiantes, cuyas familias tienen ingresos menores de 30 mil dólares al año, sino para su función como entidad que produce el 95 por ciento de las investigaciones científicas. Tan grave es la situación que el propio presidente de la Torre indicó que no se ha resuelto qué hacer con la nueva torre de ciencias moleculares y dijo que la mejor opción sería entregársela a un «consorcio» que se la opere y se haga cargo de la deuda de 60 millones de dólares por su construcción.