Hace algunos días, un grupo de peruanos dio a conocer un «recurso» mediante el cual solicitaba se declarara la vacancia de la Presidencia de la República. Buscaban -dijeron- deponer al Jefe del Estado, restaurar «los derechos conculcados» de una ciudadanía «defraudada» y abrir campo a la «reconstitución de la vida nacional» . Víctor Chanduví, un […]
Hace algunos días, un grupo de peruanos dio a conocer un «recurso» mediante el cual solicitaba se declarara la vacancia de la Presidencia de la República.
Buscaban -dijeron- deponer al Jefe del Estado, restaurar «los derechos conculcados» de una ciudadanía «defraudada» y abrir campo a la «reconstitución de la vida nacional» .
Víctor Chanduví, un minero ilegal de Madre de Dios, apareció como «la pieza clave» de la citada iniciativa. Y fue escoltado por la firma de unos pocos virtualmente desconocidos, salvo uno: Rafael Belaúnde Audry, hijo del ex Presidente Fernando Belaúnde Terry. La inclusión de su nombre no fue un capricho, ni una casualidad. Respondió a una voluntad definida: obligar al citado ciudadano a «dar la cara» y decir en público lo que -por su ejecutoria- suponen que dice en privado.
No obstante, Rafael Belaúnde se distanció de la propuesta. Es más, dijo que nunca la había suscrito, ni la conocía. Tampoco conocía, ciertamente, a Víctor Chanduví, «el padre de la criatura».
La sorpresiva declaración del aludido, desinfló lo que bien podría considerarse un «globo de ensayo»: una propuesta lanzada al aire para ver qué efectos tenía.
Y sí, el globo se desinfló muy pronto porque no tuvo la acogida que algunos hubiesen deseado. La «prensa grande» no respaldó la propuesta formulada, aunque sí le dio una amplia cobertura, y publicidad. Y la Mafia optó por callar. Sus voceros, cautos y cazurros, hicieron mutis en el Foro.
Hay que advertir, sin embargo, que los objetivos de la propuesta no andaban muy distantes de lo que suele decir la estrategia de la reacción y que hemos denunciado de manera sistemática.
«Vacar» al Presidente de la República asoma como un juego parlamentario que ya se aplicó de manera fulminante y con efectos letales en dos países de America latina: en Honduras, contra Manuel Zelaya, y en Paraguay.
Para viabilizar la idea, apenas se requiere de una mayoría eventual en el Congreso de la República, llamado a sancionar la iniciativa en los términos que ella fuera propuesta. Y eso, bien puede ocurrir aquí.
Y para el caso siempre los argumentos sobran: «no hay autoridad suficiente», «la gobernabilidad está en crisis», se incrementa «la inseguridad ciudadana», «la corrupción se desborda».
Las razones golpistas pueden ser usadas como formulaciones genéricas, frases referidas a uno u otro contexto, y expresiones vigentes ayer, hoy o mañana porque son consustanciales al modelo de dominación imperante. Ahí están, y sirven para variadas causas. No solo no responden a una realidad tangible, sino que al anunciarlas, se prescinde de sus motivaciones, y se elude la responsabilidad referida a la autoría real de tales desarreglos.
La ciudadanía no piensa que el desgobierno puede incrementarse artificialmente, que el clima de violencia se puede alentar, por interesados en dar al traste con la constitucionalidad; y que los responsables de los latrocinios que afectan al país, son precisamente los mismos que aluden al «desgobierno» y «el caos».
Ese no es un método nuevo. Lo usó muchas veces la Clase Dominante en sus aventuras destinadas a consolidar su dominio, o a liberar sus culpas. Pero siempre, con el propósito de preservar sus más preciados tesoros y ponerlos a buen recaudo.
Bien podríamos decir que hoy lo vemos «en vivo y en directo»: conflictos locales y menores, que podrían ser encarados y resueltos de modo simple, resultan audazmente amplificados por los medios.
Así ocurre que las pantallas de la Tele nos informan de pobladores enardecidos de Chota o Sullana, generan graves disturbios; que trabajadores de la Municipalidad de Chiclayo se lían a golpes con la policía; que habitantes de las zonas altas de Carabayllo, en Lima, bloquean violentamente las pistas en protesta porque no se continúa la construcción de una carretera que los beneficia; y que los pasajeros del «corredor azul» expresan cotidianamente su protesta.
Esos temas «saltan» a los hogares peruanos con propósitos definidos: que la gente vea la ineptitud de las autoridades, la brutalidad policial, la desesperación galopante; y se multiplique la exigencia directa: ¡Ollanta Humala, resuelva eso!
¿Tiene salida una práctica de ese tipo? Ciertamente sí, pero en un gobierno distinto. En términos positivos cuando en el Perú se viva un proceso de transformaciones revolucionarias con participación plena de la ciudadanía. Y negativos, cuando la Clase Dominante recupere las instancias de Poder y elimine toda forma de protesta social. Hacia eso, se marcha.
En el caso, la propuesta de «vacancia presidencial» estuvo atada al modo cómo fuera tomada por la opinión pública. Si era «oportuna» o caía en tierra fértil, sería entonces enarbolada de inmediato, y suscrita por los señores de la guerra y de la Mafia. De lo contrario, podría ser calificada como «un exabrupto», temporalmente abandonada y hasta archivada «para mejor ocasión».
Finalmente, fue así como ocurrió por dos razones: porque la opinión pública no comulga con ruedas de molino, ni se presta a aventuras golpistas de ningún signo después de la oprobiosa experiencia del régimen «cívico-militar» fujimorista. Y porque el gobierno, no se dejó intimidar ni se puso a la «defensiva». Contrariando prácticas conciliadoras, esta vez el Jefe del Estado salió al frente de manera enérgica y clara, sin hacer concesiones.
Por el contrario, habló de la corrupción, de sus maniobras golpistas, y de sus afanes antinacionales. Y aunque no formuló ningún llamamiento al pueblo, mantuvo una línea clara de distancia con relación a la Mafia y sus socios. Y en esa a actitud, objetivamente, fue seguido por un buen segmento ciudadano.
Esto no debe atribuirse a un incremento de la popularidad del mandatario -que no está tan venida a menos como aspiran lo esté, sus críticos-sino a los acontecimientos mismos signados en buena medida por los escándalos de corrupción que involucran a sectores y fuerzas hoy situadas objetivamente al margen del Poder Central.
La crisis de los gobiernos regionales y las denuncias de corrupción que afectan a administraciones locales y municipales, permite visualizar más bien los dedos de la Mafia en el tinglado que hoy se pudre: Benedicto Jiménez, el ex jefe policial recientemente capturado no es «un ciudadano de a pie». Es un reconocido militante aprista que fue candidato a la alcaldía de Lima por el Partido de García.
Integró también esa lista, en su calidad de «regidor», Rodolfo Orellana, el hoy prófugo más buscado, que tiene 9 identidades en los Estados Unidos, y que goza de privilegios que nadie sospecha. Oscar López Meneses -vedette preferida de los «medios»- militó largos años en el APRA, a la sombra de Agustín Mantilla. Manuel Burga, el odiado «manda más» del futbol, vivió muchos años a la sombra del gobierno de García ¿o eso, también se ha olvidado?
Víctor Chanduví, por su parte, fue también militante aprista. Y hoy, nadie sabe realmente, si lo sigue siendo. En todo caso, oficia de nexo entre la dirección del Apra, y Keiko Fujimori; en otras palabras, entre Alfonso Ugarte y Plaza Camacho, reducto en el que habita la hija del «chinito de la yuca».
El «Globo de Ensayo» hoy fracasado, puede, más adelante, jugar otro papel: el de una bomba de tiempo, que estalle cuando la Mafia encuentre un escenario «más propicio».
Por ahora, golpeada como está por sucesivas derrotas que no ha sido capaz de embolsar, en Bolivia, Brasil y Paraguay, y por la victoria de Cuba en Naciones Unidas; busca guarecerse aquí, para estallar más tarde cuando los aires soplen en otro rumbo. ¡Cuidado, entonces!
Gustavo Espinoza M. Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.