Política de «mano dura» no logra reducir asesinatos, extorsiones, robos, secuestros y feminicidios. El 7 de junio, un viaje ordinario a casa se convirtió en una pesadilla para los pasajeros de un bus que se trasladaba hacia la colonia Maya, un barrio con una notoriamente elevada criminalidad, cuando un vehículo se detuvo al lado del […]
Política de «mano dura» no logra reducir asesinatos, extorsiones, robos, secuestros y feminicidios.
El 7 de junio, un viaje ordinario a casa se convirtió en una pesadilla para los pasajeros de un bus que se trasladaba hacia la colonia Maya, un barrio con una notoriamente elevada criminalidad, cuando un vehículo se detuvo al lado del bus y un hombre disparó una ráfaga contra el conductor y aterrorizó a los pasajeros. El conductor resultó herido pero los pasajeros lograron abandonar el bus ilesos.
Situaciones como esa ocurren frecuentemente en Guatemala donde, de acuerdo con estadísticas policiales, 97 conductores de buses y taxis fueron asesinados durante el primer semestre del 2013, en su mayoría por miembros de pandillas o maras que exigían dinero por extorsión, más del doble de la cifra reportada en el 2012. Esas cifras muestran que los ataques en el sistema de transporte público persisten a pesar del hecho que desde el 2010 una nueva red de transporte público, el Transurbano, para evitar el uso de efectivo, exige a los pasajeros el uso de tarjetas para pagar la tarifa.
La extorsión se ha convertido en un problema tan extendido que en julio del año pasado un vocero de la Procuraduría General de la Nación dijo que hasta recolectores de basura y trabajadores sexuales en el centro de la ciudad se habían convertido en objetivos de los pandilleros que los obligan a pagar un «impuesto» por extorsión.
Además, las tasas de feminicidios han continuado creciendo y de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), 759 mujeres fueron asesinadas en el 2013, un aumento de 7.35% en comparación con el año anterior. El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla afirmó que este incremento es resultado de un mayor involucramiento de las mujeres en la criminalidad, una explicación demasiado fácil que traslada la responsabilidad a la víctima, señalaron activistas de derechos humanos.
Pandillas tienen la culpa de todo El asesinato de dos hermanas adolescentes, Karla Daniela y Nancy Paola Oscal Pérez, de 17 y 14 años respectivamente, que conmocionó a una nación que se ha vuelto insensible a la violencia, es un ejemplo de ello. En abril pasado, las dos adolescentes fueron acribilladas a pocos metros de su escuela por pistoleros que fugaron en una motocicleta. Karla Daniela murió en el acto y Nancy Paola falleció en el hospital tres semanas después. El caso provocó indignación y controversia luego que el presidente Otto Pérez Molina visitara a Nancy Paola en el hospital para ofrecer sus condolencias a la familia y, a pesar de que las investigaciones policiales recién empezaban, declarara abiertamente que los disparos provenían de las pandillas y que los hechos deberían servir como advertencia a otras jóvenes que podrían involucrarse en el pandillaje.
«Es un llamado de atención para los jóvenes y jovencitas para que tengan cuidado con quien se están relacionando, para que no se presten a ser utilizados por los miembros de estas maras que empiezan utilizándolas y terminan asesinándolas», dijo Pérez Molina.
Con 34 asesinatos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con estadísticas policiales, Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos del mundo. Por ello, no es de extrañar que Pérez Molina, un general retirado del Ejército, fuera elegido presidente principalmente por su promesa de implementar políticas de «mano dura» para combatir la delincuencia, promesa de campaña que luego se convertiría en uno de los tres grandes «pactos» de su gobierno. Los otros dos son la reducción del hambre y la reforma fiscal.
El actual gobierno se ha enfocado en la creación de 10 fuerzas de tarea (unidades policiales con apoyo de expertos en investigación criminal así como de militares en algunos casos) para enfrentar crímenes tales como asesinatos, feminicidios, secuestros, robos de vehículos y de celulares, y extorsión. Su misión es identificar a las organizaciones criminales, elaborar análisis y llevar a cabo investigaciones que permitan llevar a juicio a los delincuentes y fortalecer a la fuerza policial. También se han creado otras fuerzas especiales de la Policía para actuar como disuasivos y evitar la actividad criminal en algunos de los barrios más peligrosos de Ciudad de Guatemala.
La efectividad de esta estrategia ha sido debatida arduamente. Pérez Molina y López Bonilla -uno de los posibles candidatos que podrían participar en las elecciones primarias del gobernante Partido Patriota- señalan que el hecho de que el número de homicidios por cada 100,000 habitantes haya caído durante dos años consecutivos es evidencia de que su estrategia está funcionando.
En enero de este año, la Policía publicó estadísticas que muestran que el número de homicidios en los últimos dos años se había reducido de 38.61 a 34.03 por 100,000 habitantes. «Creo que en los últimos dos años, que es nuestra responsabilidad, se han dado pasos importantes para que el país se encamine a una Guatemala segura y próspera», dijo el mandatario.
El uso de las Fuerzas Armadas El experto en seguridad Carlos Mendoza, de Central America Business Intelligente (CABI), dijo a Noticias Aliadas que aunque esas cifras sugieren una tendencia a la baja de los homicidios es difícil explicar la razón de ello sin un estudio serio y profundo sobre el tema.
Sin embargo, para numerosos críticos, el uso de los militares para combatir el crimen organizado ha disparado las alarmas y ha sido considerado como un obstáculo para la reforma policial. Desde que asumió la presidencia en enero del 2012, Pérez Molina ha incrementado el rol de las Fuerzas Armadas, al enviar soldados a desalojar bloqueos de carreteras en todo el país y con la creación de nuevas brigadas militares para combatir el tráfico de drogas y patrullar las fronteras del país. Pero lo más controvertido ha sido el uso frecuente de las Fuerzas Armadas para «intervenir» instituciones que son percibidas como de bajo rendimiento como resultado de la corrupción y la mala gestión, tales como las oficinas de aduanas.
«El Ejército no está entrenado para proporcionar seguridad ciudadana pero la población le da una dosis de credibilidad y respeto, y disuade a los criminales. Pero lo ideal es que la Policía Nacional Civil (PNC) sea capaz de asumir esas funciones», sostuvo Mendoza.
Sin embargo, el Ejército también ha sido enviado para reprimir protestas campesinas utilizando con frecuencia excesiva fuerza contra civiles desarmados, tal como ocurrió en el 2012 cuando siete agricultores indígenas murieron en enfrentamientos entre efectivos militares y manifestantes que habían bloqueado la Carretera Interamericana durante una protesta contra los excesivos precios de la electricidad. Como resultado, el coronel Juan Chiroy Sal y ocho soldados fueron acusados de haber asesinado extrajudicialmente a los manifestantes.