Desde la crisis de la deuda externa iniciada en 1982, América Latina ha experimentado no solo el avance inducido de la ideología neoliberal, sino el ascenso de los intereses directos de los empresarios más poderosos y ricos de la región. Era normal que esos intereses estuvieran representados por políticos y partidos de las derechas; pero con el paso de las décadas ha aparecido un nuevo fenómeno: varios empresarios e incluso millonarios han optado por convertirse en candidatos a las funciones de elección popular y algunos se convirtieron en empresarios-presidentes. Sobre el tema existen varios estudios, como el ofrecido por la revista Nueva Sociedad en 2010 (https://shorturl.at/azCU7), el libro editado por Inés Nercesian y otros académicos (Presidentes empresarios y estados capturados: América Latina en el siglo XXI, 2020) e incluso un par de artículos que he publicado antes (https://t.ly/h0xqB ; https://t.ly/HbQZA). Vale actualizar las referencias sobre Ecuador, porque desde 2017 se han sucedido tres gobiernos empresariales: Lenín Moreno (2017-2021) y los millonarios Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-2025).
El problema central y cada vez más agudo es que los “empresarios-presidentes” tienen una inalterable conciencia de clase y, por tanto, una vez llegados al gobierno, el resultado normal es que convierten al Estado en instrumento de reproducción, ampliación y consolidación de los negocios en favor de los círculos empresariales vinculados a la captación del poder. Hay una especie de “patrón de comportamiento”: los bienes, servicios y empresas públicas se colocan en la mira de la privatización; son revisados los presupuestos y recursos públicos para estrangularlos de tal modo que se beneficien los negocios privados; florece la corrupción privada; realizan reformas legales e institucionales para reducir tributos bajo el disfraz de incentivos tributarios; flexibilizan las relaciones laborales; debilitan toda la institucionalidad y no les falta decisión a la hora de adoptar medidas de contención y hasta criminalización de la protesta social. Igualmente se ha evidenciado que cuentan con el respaldo de grandes medios de comunicación y con apoyos sociales, políticos e internacionales.
En todos los países con gobiernos directos de empresarios millonarios los estudios comprueban que se desestabilizaron e incluso se agravaron las condiciones de vida y trabajo de la población, mientras la riqueza se reconcentra en forma vertical y jerárquica. Sin embargo, el presidente argentino Javier Milei insiste en librar la batalla contra los “zurdos de mierda”, considerando que los empresarios son “héroes” y “benefactores sociales” (https://t.ly/urL_A), cuando la realidad histórica es al revés, ya que son los trabajadores quienes generan la riqueza, son auténticos “benefactores sociales” que incluso crean las ganancias empresariales y en la región son víctimas de explotación económica, dominación política, marginación, represión o violación a sus derechos laborales. En Ecuador, aunque el gobierno de Daniel Noboa no ha proclamado la ideología anarco-capitalista libertaria, se ha inspirado en sus “valores”. Argentina y Ecuador han roto con el latinoamericanismo y se han alineado con el neomonroismo norteamericano, que ha vuelto a penetrar en el área militar. En ambos países los resultados sociales han pasado a ser alarmantes y, además, en Ecuador al derrumbe económico (que en la coyuntura de crisis con paralización eléctrica paradójicamente afecta a los mismos empresarios víctimas de su propia ideología de “retiro” del Estado) se une la inédita explosión del crimen organizado y de la inseguridad ciudadana.
Los resultados sociales, humanos e institucionales de los gobiernos empresariales han terminado por demostrar que el modelo de “libertad económica”, tal como ha evolucionado históricamente en América Latina, es una idea perversa, que frena el desarrollo con bienestar social y ambiental. Se llega a pensar que el Estado no puede incursionar en área alguna, ya que todas solo deben pertenecer al sector privado. Una utopía que no existe en los Estados Unidos o Japón, con Estados fuertes y economías “libres” y mucho menos en Europa, con Estados poderosos que sostienen la economía social de mercado.
Para avalar el criterio de “libertad” se llega a sostener que incluso en China hay “libre empresa”, aunque condicionada por un “capitalismo de Estado”. Pero el desconocimiento del tema parece ser total. Según datos oficiales el 96,4% de las entidades de negocios chinas son del sector privado (https://t.ly/ngI7_), que cumple un papel fundamental en la promoción económica, a raíz de las reformas que desde los años 80 impulsó el gobierno de Deng Xiaoping (1978-1989). Se “olvida” que la Revolución China de 1949 cambió totalmente el poder y que la conducción del Estado se concentra en el Partido Comunista de China (PCCh). Las empresas privadas están sujetas al control estatal, deben alinearse al rumbo económico del país programado por los órganos políticos del Estado. Si bien hay multimillonarios que disfrutan de su enriquecimiento como cualquier otro millonario del mundo occidental, el Estado impide su incursión política, de modo que en China se ha realizado una separación muy clara entre el poder político y las actividades económicas privadas, al punto que los empresarios prácticamente no pueden ocupar ministerios y peor pasar a conducir al Partido. Los empresarios son consultados a través de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), junto a representantes de otros múltiples sectores como los académicos; y también podrían integrar el Congreso Nacional del Pueblo (CNP) o ser cooptados por el PCCh, de acuerdo con su trayectoria individual. Empresarios como el millonario Jack Ma, el fundador de Alibaba, fue inmediatamente separado cuando intentó convertirse en figura política capaz de desafiar al poder central. De modo que en China el empresariado es necesario, pero debe restringirse estrictamente a su esfera de acción y sujetarse a las políticas económicas del Estado. Un régimen de “socialismo con características chinas” que mantiene al mercado “libre” como instrumento para el desarrollo. Esta combinación explica el espectacular crecimiento de China en el contexto mundial.
La experiencia de China bien puede orientar en América Latina para retomar el camino del crecimiento y el desarrollo con bienestar social y equidad. Es imposible “copiar” o “reproducir” lo que hace ese gigante país; pero sí es posible revalorizar los procesos latinoamericanos que derivan de la Revolución Mexicana (1910), los clásicos “populismos” de la región durante la primera mitad del siglo XX, los logros del desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 y, sobre todo, el papel cumplido por los gobiernos progresistas y de nueva izquierda en lo que va del siglo XXI. Este tipo de gobiernos han demostrado que es posible avanzar en la solución de los grandes problemas estructurales del empleo, la pobreza, la desigualdad y la misma democracia, contando con la efectiva acción del Estado, el mantenimiento de empresas estatales (incluyendo el relativo monopolio sobre ciertos recursos estratégicos), la provisión de bienes y servicios públicos (educación, salud, medicina, seguridad social) y la inversión estatal.
La experiencia histórica con los gobiernos empresariales acentúa hoy la necesidad de incorporar controles estatales más estrictos sobre el empresariado privado, para que cumpla con sus obligaciones tributarias e institucionales, se concentre en la eficiencia exitosa de sus actividades productivas más que en la política y adquiera responsabilidades sobre la distribución de la riqueza y la preservación medioambiental, en beneficio de la más amplia población. Son desafíos de los tiempos contemporáneos en un marco internacional que va superando los viejos dogmas de la “libertad del mercado” y edifica un mundo multipolar de diversidades económicas.
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