Grecia finaliza 2011 con peores expectativas de las que lo inició, pues durante los últimos 12 meses aumentaron la deuda pública y el desempleo, disminuyeron los ingresos del Estado, y todo ello agravado por la aprobación de un severo plan de austeridad. Un año y medio después de la entrada en vigor del primer paquete […]
Grecia finaliza 2011 con peores expectativas de las que lo inició, pues durante los últimos 12 meses aumentaron la deuda pública y el desempleo, disminuyeron los ingresos del Estado, y todo ello agravado por la aprobación de un severo plan de austeridad.
Un año y medio después de la entrada en vigor del primer paquete de recortes, los ingresos y el nivel de vida de una gran parte de la sociedad griega cayeron drásticamente y no parece existir ninguna perspectiva de mejora en un futuro previsible.
Los más afectados fueron los jóvenes, que comenzaron a emigrar del país en alto número, los funcionarios, los pensionistas y los pequeños negocios familiares, los cuales constituyen la espina dorsal de la economía griega.
Las políticas neoliberales de ajuste económico, impuestas desde la Unión Europea (UE), únicamente contribuyeron a empeorar los efectos de la crisis y a incrementar el monto de la deuda, situando al Estado griego virtualmente en la bancarrota.
Si hace dos años el importe de esta deuda representaba el 115 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), durante la Cumbre Europea de julio este índice ya alcanzó el 150 por ciento y para 2012, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se calcula que equivalga al 189 por ciento.
El colapso de las finanzas estatales trató de ser contrarrestado por parte del gobierno mediante el aumento de impuestos, la reducción de servicios sociales, el recorte de pensiones y sueldos de funcionarios y la eliminación de 30.000 puestos de trabajo en el sector público, principalmente.
De este modo se llegó al final del año con una tasa de desempleo oficial de 18,4 puntos porcentuales, alcanzando entre los jóvenes de 18 a 24 años la cifra del 43,5 por ciento, y una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores griegos estimada en el 20 por ciento.
Este descenso de la población activa se tradujo, lógicamente, en una caída de los ingresos estatales debido al menor número de cotizaciones,tanto del sistema de cobertura social como de la hacienda pública, pese al endurecimiento de la presión fiscal que resultó contraproducente.
Las medidas, altamente impopulares, generaron un clima de protesta social contra el gobierno social-liberal de Yorgos Papandréu, concretado en seis huelgas generales, decenas de paros obreros sectoriales y la ocupación temporal de numerosos edificios públicos, para tratar de frenar los recortes.
Así las cosas, Papandréu recurrió a la banca internacional para tratar de evitar la quiebra del Estado griego, pero ante el deterioro financiero el rescate de 109.000 millones de euros aprobados por la UE el 21 de julio se convirtió en 130.000 millones en octubre, junto con una deuda soberana que pasó del 21 al 50 por ciento.
Las duras condiciones exigidas por Bruselas para la concesión de ese préstamo ocasionaron la caída de un gobierno que contaba con un limitado apoyo en el Parlamento y una total ausencia de legitimidad popular.
El 9 de noviembre, Papandréu presentó su dimisión como Primer Ministro habiéndose comprometido previamente a facilitar la formación de un gobierno interino de coalición que llevara a la práctica las medidas impuestas por la UE y convocara elecciones anticipadas.
Tras tensas y largas negociaciones entre los dos principales partidos políticos, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) de Papandréu y el conservador Nueva Democracia (ND) de Antonis Samaras, el candidato elegido fue Lucas Papademos, un disciplinado tecnócrata del gusto de la UE y los acreedores internacionales.
El nuevo gobierno incorporó ministros de ambas formaciones, aunque en mayor número del PASOK, e incluía un ministro de la ultraderechista Agrupación Popular Ortodoxa (LAOS), un partido minoritario que retornaba al poder después de haberlo hecho durante la dictadura de los coroneles en 1974.
Tras unos días de cierta tregua en los que las encuestas de opinión reflejaron una frágil confianza de los ciudadanos en el nuevo ejecutivo, la protesta social se reactivó tras el anuncio del presupuesto para 2012.
Según explicó a Prensa Latina el economista Leonidas Vatikiotis, impulsor de la Comisión por la Auditoría de la Deuda Griega, el proyecto gubernamental aumentará la presión fiscal únicamente sobre los ciudadanos y no sobre las empresas.
De modo que mientras los primeros sufrirán un incremento del 29 por ciento en sus cotizaciones a la hacienda pública con respecto a 2011, las sociedades mercantiles reducirán en un 22 por ciento su participación en los ingresos estatales.
El economista también llamó la atención sobre los recortes presupuestados en todo tipo de partidas sociales, mientras se incrementa en más de un 16 por ciento el presupuesto de participación en la OTAN y en un 67 por ciento los programas de adquisiciones de material bélico.
Su conclusión fue que la crisis de la deuda griega la generó la elite dominante de este país, pero quienes la sufren son las clases populares a las cuales, además, se somete a draconianos planes de austeridad.
El panorama es desolador tras la rebaja de sueldos y pensiones entre un 25 y un 40 por ciento, el aumento de los impuestos, la eliminación de 30.000 puestos de trabajo en la administración y el anuncio de nuevos y masivos despidos para el año entrante, así como la privatización de las empresas públicas.
Lo que se avecina para el año entrante es un endurecimiento de los recortes que, lejos de solucionar los problemas, no hará sino empeorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos e incrementar el deterioro, cuando no la desaparición, de los servicios públicos.
Antonio Cuesta es corresponsal de la agencia Prensa Latina en Grecia
Su blog personal: http://deatenas.tumblr.com/post/14257208368/grecia-del-hastio-a-la-desesperacion
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