El trance de violencia y estado de sitio que soporta el norteño estado guatemalteco de Petén, tras el asesinato y decapitación de 27 campesinos, llevaba años gestándose. Los sitios arqueológicos mayas del Petén se encuentran rodeados de tropas tras el hallazgo de los cuerpos de los asesinados el domingo 15, presuntamente por la banda de […]
El trance de violencia y estado de sitio que soporta el norteño estado guatemalteco de Petén, tras el asesinato y decapitación de 27 campesinos, llevaba años gestándose.
Los sitios arqueológicos mayas del Petén se encuentran rodeados de tropas tras el hallazgo de los cuerpos de los asesinados el domingo 15, presuntamente por la banda de narcotraficantes mexicanos Los Zetas.
«Esta situación se venía venir desde hace años…, pero no se ha atendido», dijo a IPS el representante de la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala ‒que entre 1994 y 2004 monitoreó el cese del fuego y el cumplimiento de los acuerdos de paz que en 1996 pusieron fin a 30 años de guerra civil‒ advirtió en sus informes que «había grupos que se estaban apoderando del país», recordó Brunori.
Hoy, 98 por ciento de los crímenes que se cometen en este país quedan impunes.
Presuntos miembros de Los Zetas llegaron el domingo a la finca Los Cocos en el municipio de La Libertad, fronterizo con México y a más de 500 kilómetros de la capital, en busca de su propietario, el guatemalteco Rudy Salguero, supuesto implicado en el tráfico de drogas
Como no lo encontraron, preguntaron por su paradero a 29 jornaleros que trabajaban en la hacienda, entre ellos varios menores de edad y, al no obtener la información que esperaban, los fueron matando de a uno y luego decapitaron los cuerpos. Sólo dos campesinos lograron sobrevivir.
El presidente Álvaro Colom impuso el lunes el estado de sitio por 30 días en Petén, limitando garantías constitucionales como la libre circulación y la prohibición de reuniones privadas y autorizando a las fuerzas de seguridad a efectuar detenciones sin orden judicial.
Brunori advirtió que el estado de sitio es una medida «excepcional», pero la atención del problema «debe ser parte de un debate profundo de las distintas fuerzas políticas del país».
El estado «debe dar una respuesta integral a esta situación. No puede ser que se recurra al estado de sitio y no se otorguen recursos a la policía, al Ministerio Público, coordinador de la persecución criminal, y al Organismo Judicial, máxima institución de justicia», agregó.
A unos 90 kilómetros del lugar del crimen, en la petenera ciudad de Santa Elena, el operador turístico Isauro García reclamó que «deberían reforzar la seguridad con más elementos para apoyar esta área», pese a la movilización de helicópteros, militares y policías en la zona que alberga el conjunto arqueológico de Tikal, el más grande conocido hasta ahora en el mundo maya, enclavado en una selva tropical única.
«Es lamentable lo que está pasando, que nos afecta a todos, y a nosotros en particular porque arriesgamos también la vida de los visitantes», dijo García a IPS.
La guerra militar al narcotráfico librada en México desborda hacia América Central. Y en Petén, un territorio selvático de 35.854 kilómetros cuadrados fronterizo con el estado mexicano de Chiapas, los «narcos» y otras bandas delictivas han encontrado tierra fértil.
Es que en el selvático y montañoso Petén, el departamento más grande de Guatemala, hay poca o nula presencia estatal y más de 100 pasos fronterizos ilegales.
Además de centro de atracción del turismo internacional, Petén es también la ruta obligada de miles de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, atravesando la selva y luego el extenso territorio mexicano de sur a norte.
Los hechos de Petén demuestran cómo Guatemala «se ha convertido en un ‘narcoestado’ donde los organismos gubernamentales no ejercen ningún control», dijo a IPS el dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual.
En ese ambiente, los campesinos se ven vulnerados por los desalojos forzados de las tierras que cultivan y el crimen organizado, dijo Pascual.
«Las comunidades se encuentran ante un despojo…, a partir de que hay desalojos promovidos por los terratenientes, quienes buscan empresas, incluso, para sobornar y obligar a la gente a que venda (la tierra), y después los dueños se convierten en productores de palma aceitera o empresarios ‘narcoganaderos'», describió Pascual.
«Después viene la cooptación de los grupos del narcotráfico, que obligan a las comunidades a darles seguridad, y las mantienen con proyectos de vivienda, salud, recreación, sin su complicidad, sino con el sometimiento», agregó.
Para Sandino Asturias, del no gubernamental Centro de Estudios de Guatemala, el crimen trae a la memoria las atrocidades cometidas en el enfrentamiento entre las fuerzas públicas y guerrillas campesinas, que entre 1960 y 1996 dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría indígenas.
«Esperamos que el Estado reaccione ante la indignación nacional y podamos tener una respuesta como sociedad para que hechos como éste no se repitan», dijo Asturias a IPS.
Pascual advirtió que la militarización «no es una respuesta». Este gobierno «ha instalado 14 bases militares pero, ¿dónde están ahora?», se preguntó.
Las mismas preguntas resuenan del otro lado de la frontera, en el militarizado México, que lleva 35.000 asesinados en los últimos cuatro años. En agosto del año pasado 72 inmigrantes fueron asesinados en el nororiental estado de Tamaulipas. Se cree que los autores también fueron Los Zetas, cuyas actividades colaterales son el secuestro extorsivo y la explotación de migrantes.