En los últimos dos años, 42 activistas fueron asesinados por defender los derechos laborales en Guatemala
Entre 2008 y enero de 2010 han sido muertos con arma de fuego 42 sindicalistas entre dirigentes y defensores de los derechos sindicales en Guatemala. De ese total, ninguno de los casos ha sido individualizado, juzgado ni los autores de los hechos han sido sentenciados. Esos datos figuran en el informe «Guatemala: El costo de la libertad sindical » elaborado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) con el apoyo de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (www.csa-csi.org).
El documento señala un incremento de asesinatos de sindicalistas en el país centroamericano: fueron 16 casos reportados en el 2008 a comparación con un único crimen registrado en el 2006. Los sindicalistas se preparan para un 2010 aún más violento una vez que solo en el enero de este año, 2 sindicalistas ya han sido muertos por defender los derechos laborales.
Efrén Sandoval, del Consejo Político del MSICG, indica que casi en su totalidad los ataques mortales se han concentrado en contra de los sindicalistas que forman parte de esa organización. «Más del 95 por ciento de todos los muertos han sido vinculados a algún tipo de conflicto laboral o de la defensa del ambiente y recursos naturales. Hablamos que de 42 asesinatos, 38 han sido en contra de nuestros miembros», apunta.
Las organizaciones sindicales denuncian la complicidad del gobierno en el violento panorama laboral guatemalteco. «Existen indicios razonables y en algunos casos elementos de convicción de que al menos en un 23% de los asesinatos hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas directamente a ordenes del organismo ejecutivo o de las Municipalidades», indica el estudio.
La CSA reiteradas veces ha solicitado la acción del gobierno de Álvaro Colom en acabar con la investida en contra el movimiento sindical del país. «En los últimos años el panorama de Guatemala es de total impunidad en los casos de asesinatos y otros actos de violencia ocurridos en contra de las familias trabajadoras y defensores de derechos humanos secuestradas por el terror», señala el secretario general de la CSA, Víctor Báez Mosqueira.
La situación en el país también ha provocado reacciones desde la Organización Internacional del Trabajo . En junio de 2009, en la 98ª Conferencia Internacional del Trabajo, Guatemala recibió de la comisión de aplicación de normas las recomendaciones más fuertes que haya recibido el país en los últimos trece años. La comisión indicó una «ineficacia de los procedimientos penales en relación con estos actos de violencia que dan lugar a una situación grave de impunidad y de los retrasos excesivos en los juicios laborales».
Lea más: Bajar aquí el informe Guatemala, el costo de la libertad sindical (pdf)