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Perú: Volvamos a la historia reciente (I)

Ha vuelto la dictadura fujimorista al gobierno

Fuentes: Rebelión

“Muy pocos eran los gobiernos coloniales europeos que no debían rendir cuentas ante nadie; si no eran controlados por sus propias conciencias, o por la fuerza de la opinión pública, se veían refrenados ante la expectativa de ser ellos mismos quienes posiblemente continuaran gobernando la colonia en un futuro previsible. Tenían, por tanto, mucho interés en asegurar que esa colonia continuaría siendo razonablemente próspera y que no se la despojaría de todos sus recursos. Las compañías multinacionales no están sujetas a un control automático de este tipo en las operaciones que realizan. Al menos en algunas zonas, parece probado que el neocolonialismo se ha comportado peor que el colonialismo.” (M. E. Chamberlain La descolonización La caída de los imperios europeos, Ariel 1997, pp.141-142)

INTRODUCCIÓN

En el Perú -y en otros países también- las realidades y categorías de la política liberal clásica se han invertido: El estado nación es de un pequeño sector de criollos que reparten el país entre ellos y las grandes corporaciones, no es de las mayorías indígenas con sus 56 culturas y otros sectores populares. El estado de derecho se apoya en una Constitución írrita y ya no existen derechos humanos ni sociales. La división de poderes desapareció y ahora están concentrados en una derecha bruta y achorada (DBA), una lumpen oligarquía, y sus instrumentos: un partido (Fuerza Popular) y sus ramificaciones (Renovación Popular y Avanza País), el ejecutivo en manos de usurpadores (Dina y su gabinete); el Congreso, un producto mercantil que legisla solo para los poderosos; un sistema judicial con sus organismos envilecidos y en manos de los narcos Cuellos Blancos; unas Fuerzas Armadas y Policiales que han abdicado de la defensa de la soberanía, de la patria, de la seguridad pública para ponerse al servicio del poder mafioso teledirigido por Montesinos y Alberto Fujimori desde sus cárceles doradas, son la garantía del despojo territorial, el saqueo de los recursos naturales, enemigos de la soberanía y por tanto sin razón de existir. Cuando el poder factico, real, tiene el control del poder político total (ejecutivo, legislativo, judicial y mediático), utilizando los vínculos económicos previos entre ellos en las empresas mineras (Como Keiko y la Fiscal de la Nación) o el narcotráfico (FFAA y PP) y cuando estos no existen con millonarios sobornos a todos sus jefes utilizando recursos del Estado como los 1800 millones entregados al poder mediático o los millones de dólares a los corruptos centristas que definen votaciones en el congreso (los “Niños” de acción Popular y los del partido del mafioso Acuña) se tuvo los elementos para el golpe congresal y sus asociados. De acuerdo con Alberto Manzanares: “antes del 7 de diciembre del 2022 ya existía una estructura de poder paralela: CCFFAA-PNP-Congreso- Fiscalía-PPJJ y probablemente la Defensoría y el Tribunal Constitucional. Una estructura de poder en la sombra, un poder que complotaba, y que finalmente actuó de manera sincronizada, para derrocar a Castillo”.[1]

En este país la democracia es una palabra hueca y sin sentido, donde como todo se ha invertido, ante la lucha popular por la democracia y la soberanía imponen una brutal represión, un autoritarismo genocida contra los verdaderos patriotas y demócratas. Todas las categorías que usan las decenas de analistas librescos deben ser revisitadas y replanteadas para un mundo al revés.

El paro nacional intermitentemente se da en 17 regiones -de 25- y es indefinido e interminable, porque quienes gobiernan no ofrecen soluciones. Pasan los días y aumentan las regiones que se suman, sectores de la población que se incorporan como los licenciados del ejército, las barras bravas del futbol, barrios enteros de las grandes ciudades (como San Juan de Lurigancho o Villa el Salvador en Lima), estudiantes universitarios y escolares, gremios como los transportistas y sindicatos como la Federación Nacional de Mineros y Metalúrgicos, colegios profesionales como los abogados de Lima. Hasta gobernadores de regiones y alcalde de localidades. Paralelamente, también crecen los bloqueos, llegando a casi 200 a fines de enero. La mayoría de las acciones son pacíficas y la respuesta es la violencia policiaca. La población al mismo tiempo que identifica a infiltrados provocadores se ha visto obligada a pasar de sacar adoquines de las calles a usar escudos y con palos enfrentarse a la policía, rompiendo cercos y vallas levantadas por la policía. Garantizar el paro ha llevado a implementar no solo los bloqueos, siguen los intentos de tomar aeropuertos, piquetes carreteros, control de puentes y redes ferroviarias; incluso intentos por ocupar el cuartel. El Estado responde con la militarización estados de emergencia, con balas y perdigones, asesinatos y heridos, lo que enardeció a los rebeldes que pierden el miedo y contestan provocando 14 ataques contra sedes judiciales y siete incendios de sus edificios, así como, 34 protestas frente a comisarías, cuatro quemadas; e incendian símbolos materiales del poder: bancos, comisarías de policía, campamento de mineras (Antapaccay, en Cuzco), canales de televisión y residencias de congresistas y otros políticos. Y, la máxima decisión de tomar Lima.

Esta en debate entre la gente en rebeldía si se debe anular la constitución del 93 o continuar la lucha por una constituyente. Considerando los primeros que esa Constitución es irrita, nula de derecho y vigente de hecho y que el 7 de diciembre ha sido violentada una vez más quebrantando su orden para vacar al presidente Castillo. Por tanto, estaría vigente la Carta Magna de 1979 que necesitaría revisarse y renovarse. La segunda opción, dejaría que los contratos ley se renueven automáticamente y se complique más un proceso de anulación de estas leyes del despojo. No hay cambios porque están en juegos miles de millones de dólares (de contratos ley mineros ya firmados en espera de renovación y los 40 nuevos que preparan, además de exoneraciones de impuestos y muchas artimañas más para que el estado les devuelva los raquíticos impuestos que dejan) y otros millones invertidos en sobornos a todos los que toman decisiones: Fiscal, mesa Directiva del Congreso, Dina Boluarte, Generales y almirantes del Comando Conjunto (Maxoy TV Canal 12). Merece una reflexión el valor positivo que se ha hecho sentido común y, por tanto, parte de la cultura, de la corrupción, el pillaje y sus contracaras, los privilegios, el consumismo y la distinción por residencias, autos, marcas y modas. El despojo y la apropiación de vecinos, amigos o familiares.

Por su lado, el gobierno rechaza las observaciones a las masacres por la CIDHH y Naciones Unidas, y continua reprimiendo y asesinando a marchistas que pretenden protestar frente a las instalaciones del Congreso, del poder judicial o el Palacio Nacional; recurre al uso indiscriminado de las reservas monetarias estatales, deriva 1,800 millones a su operativo mediático, transfiere recursos destinados a la educación para comprar pertrechos policiales; compra municiones y más armas a sus proveedores, e incluso se atreven a montar una circense movilización de tropas y tanques -que se atascaban en pequeñas colinas- desplazándose a la frontera boliviana, con el objetivo de amedrentar a Puno y Bolivia, pueblo hermano quechua aimara que apoya la protesta, expresando un inédito comportamiento racista trasnacional. Por su lado el Ministerio Publico y un juzgado, sin importarle el derecho a opinar, en un proceso exprés condena a 8 años a un joven que dijo admirar a Abimael Guzmán. Lo que solo expresa el miedo a que esa ideología vuelva a crecer. El Congreso no se queda atrás y autoriza el ingreso de tropas norteamericanas para una patética “defensa” de los recursos naturales. Mostrando que en realidad son enemigos de la soberanía, a favor de las grandes corporaciones y la oligarquía que están tras el litio, las tierras raras, los minerales estratégicos, y por qué los nuevos ricos coinciden políticamente con personajes del poder político como por ej. Keiko Fujimori (Antamina, Yanacocha, Volcán), la fiscal de la nación que ofrece servicios mineros desde el 2007 a través de su empresa Chihuan sac (para Buenaventura, Shougan, Las Bambas, Volcán, Pierina, Toro Mocho), o el aprista Castillo asesor de la SPCC.

Como vemos la unidad de los poderes del Estado va más allá de coincidencias ideológicas y tiene solidas bases materiales en la minería, el narco tráfico, los sobornos, financiamiento de campañas, enriquecimiento ilícito, aprovechamiento y saqueo de los recursos públicos. La férrea defensa del despojo y sus instrumentos legales, tanto la Constitución como las instancias jurídicas -incluyendo al Congreso- es lo que ha impulsado a un régimen dictatorial antagonizado las contradicciones. El Perú está en llamas, solo faltaba un detonador -Castillo-, de los andes ha surgido una rebelión anticolonial y democrática contra todo lo que defienden a muerte los primeros. Los pueblos están cansados de la ocupación territorial, del despojo, del autoritarismo y la discriminación, rechazan la usurpación de la voluntad popular. Desde la colonia se exigía la castellanización y el bautizo para el mero hecho de ingresar a las ciudades, y así las culturas andinas quedaban en el mundo de los nadie. La ciudadanía y la democracia quedo en farsa.

Otro aspecto inédito de esta rebelión es su carácter político donde aún no aparece explícitamente la Re-identificación indígena, ni la radical oposición al despojo principalmente minero.

Todos los esfuerzos de las clases dominantes, de la oligarquía, en su historia ha pretendido eliminar las culturas andino-amazónica, la diversidad de sus estilos de vida, los diferentes ethos, prácticas cotidianas de las ciudades, incluso las clases y los individuos en relación con la cultura dominante. Para eso se impulsa el crecimiento de un sector privilegiado de empresarios, militares, curas, periodistas, políticos, sectores medios, etc., utilizando fondos públicos a través de apoyo a la inversión de las grandes corporaciones, manejo presupuestal, entrega de cotos de enriquecimiento ilícito en aduanas, puertos, creación de empresas militares, contratación de publicidad estatal, coimas y pagos no fiscalizados. Paralelamente, frente a los insumisos que no llegan a los estilos de vida dominantes, ante su potencialidad de rebeldía, se militarizan regiones enteras, se producen genocidios y exterminios de poblaciones, igual como desde hace cinco siglos. Los rebeldes ofrecen una lucha que se produce en múltiples frentes: en la defensa del territorio, en la afirmación de la cultura propia, en el empeño por no dejarse arrastrar a modos de vida que nos quieren imponer para desfigurarnos como pueblos y como personas.[2]

Con el respaldo del terror, se sienten seguros, pero saben que arriesgan una caída de la inversión y el crecimiento económico. El bienestar de Lima puede desaparecer. Está en juego la impunidad para el fujimorismo (Keiko, Fiscalía, cuellos blancos, Odebrecht) y Dina se hace la idiota y firma acuerdos para continuar con el terror de Estado. La renovación de los contratos ley y las concesiones que se vencen este año y garantizar los nuevos contratos con las grandes corporaciones que juntas ponen en juego 80 mil millones de dólares los aferran al poder institucional, por los beneficios que les puede ofrecer estas negociaciones. Al mismo tiempo está en juego el temor de EE. UU. de perder la competencia con China, con sus millonarios contratos mineros y de infraestructura portuaria, que debe actualizar su TLC con Perú y su conversión en socio privilegiado ha hecho reaccionar a Biden y Blinken.

A una semana de cumplirse dos meses de resistencia activa con las demandas ya conocidas, la usurpadora no renuncia, el Congreso no quiere irse y la derecha defiende la Constitución como si fuese un texto sagrado. El día 29 Dina Boluarte, cede pidiendo al Congreso que apruebe el adelanto de elecciones para octubre de 2023, propone que el Congreso discuta reformas a la Constitución y nuevamente se niega a renunciar. En el Congreso, la derecha se divide y un sector acepta el adelanto, otro se niega a hacer cualquier cambio, y la izquierda no acepta el adelanto sino va acompañado de referéndum para asamblea constituyente.

Notas:

1. Alberto Manzanares, VT. Lima Sabado, 28 de Enero del 2023

2. Raúl Zibechi, Ser diferentes, para cambiar el mundo, La Jornada, 18 de nov. 2022

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.