Consultar a la ciudadanía de una ciudad sobre las prioridades del gasto municipal es una de las reivindicaciones que llevan en el programa varias candidaturas alternativas que se presentan a las elecciones del 24 de mayo. España no tiene mucha tradición en referéndum populares a diferencia de otros países de su entorno. En Alemania, se […]
Consultar a la ciudadanía de una ciudad sobre las prioridades del gasto municipal es una de las reivindicaciones que llevan en el programa varias candidaturas alternativas que se presentan a las elecciones del 24 de mayo. España no tiene mucha tradición en referéndum populares a diferencia de otros países de su entorno.
En Alemania, se han celebrado recientemente consultas populares sobre asuntos que afectan directamente la vida de los habitantes de su municipio, como la reprivatización de la gestión de las empresas de electricidad o de agua, o el llevar a cabo algún tipo de macro-evento. Y hace unos días, el Senado de Hamburgo, una ciudad con rango de Estado federal, aprobó la convocatoria de un referéndum sobre la candidatura de la ciudad hanseática para hospedar los Juegos Olímpico de verano de 2024.
Con los votos de los diputados del Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes y la Unión Democristiana (CDU) decidieron someter al criterio de la ciudadanía llevar a cabo el proyecto, con la fecha probable del 29 de noviembre. «El pueblo debe votar antes de presentar la candidatura al Comité Olímpico Internacional«, dijo el portavoz del grupo socialdemócrata, Andreas Dressel.
Ya en 2013, los votantes de Múnich rechazaron que la capital de Baviera organizara los Juegos Olímpicos de invierno. Y en Hamburgo no es la primera experiencia de democracia directa. También en 2013 la ciudadanía de la ciudad portuaria votó a favor de recomprar la red eléctrica que había sido vendida a la empresa sueca Vattenfall. Cientos de votaciones similares se han llevado a cabo en otras urbes alemanas.
La legislación española también permite la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre decisiones relevantes, pero requiere la aprobación del Gobierno central. Y desde la vuelta de la democracia se han autorizado solo 35 consultas de este tipo (incluyendo alguna decisión sobre la fecha de las fiestas patronales), según un recuento del diario El País del otoño pasado. Una de las más recientes tuvo lugar en marzo de 2014 en Galaroza (Huelva), donde los habitantes votaron para que la gestión del agua pasara de la empresa pública Giasha directamente al consistorio.