«El tratado comercial entre la Unión Europea y los países centroamericanos servirá únicamente para afianzar los intereses de las grandes multinacionales europeas y de algunas centroamericanas». Así se ha expresado Henry Morales, doctor en economía, activista social guatemalteco y miembro de la Coordinadora de Solidaridad con Gutemala, que ha presentado en España sus libros «Pueblos […]
«El tratado comercial entre la Unión Europea y los países centroamericanos servirá únicamente para afianzar los intereses de las grandes multinacionales europeas y de algunas centroamericanas». Así se ha expresado Henry Morales, doctor en economía, activista social guatemalteco y miembro de la Coordinadora de Solidaridad con Gutemala, que ha presentado en España sus libros «Pueblos indígenas, Cooperación internacional y desarrollo en Guatemala» y «El Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica». El segundo de los motivos de su visita a España es participar en la IV Cumbre de los Pueblos que se celebrará en Madrid, entre el 14 y el 18 de mayo, en paralelo a la cumbre oficial que en las mismas fechas pretende rubricar el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Centroamérica.
«Hablar de acuerdos comerciales o de asociación es un eufemismo», afirma el líder social guatemalteco. «Realmente son Tratados de Libre Comercio, como los que Estados Unidos suscribe con otros países de la región, y que resultan muy controvertidos», afirma Morales. La UE firmó los primeros acuerdos al inicio de la década, con México y Chile; después intentó ampliar las negociaciones al ámbito del MERCOSUR, en un proceso actualmente bloqueado; y el último paso se produce ahora en la Cumbre de Madrid, con los países centroamericanos.
Pese a lo que dirán, a buen seguro, las proclamas oficiales, el resultado de la reunión de Madrid no augura un futuro de esperanza para los pueblos. «Se afianzarán los intereses de las grandes multinacionales europeas y algunas centroamericanas». Por ejemplo, Telefónica controla el 35% del servicio de telefonía en la región; Unión Fenosa es propietaria de más del 80% de las empresas eléctricas (antes estatales) de Panamá, Nicaragua y Guatemala. También puede observarse un proceso acelerado de fusiones y compras en el sector financiero.
El activista guatemalteco subraya la clave del proceso de negociación. «El 85% del componente de los acuerdos es de carácter económico». Están en juego sectores estratégicos de los países centroamericanos como el financiero, las telecomunicaciones, el agua, los recursos naturales y la energía, donde la Unión Europea es altamente competitiva y aspira a ampliar sus mercados.
No se trata, por tanto, de potenciar intercambios mercantiles que para la UE no tienen un peso sustancial: el comercio con Centroamérica representa para Europa únicamente el 0,4% del total. En cambio, la UE supone el 14% del total del comercio regional de los países de América Central. Además, una relación de intercambio es difícilmente sustentable cuando el PIB de la UE es unas 300 veces superior al centroamericano (datos anteriores a la crisis).
Otra cuestión es cómo se presentan los acuerdos, que tratan de disfrazar su esencia económica al hablar de «Asociación» y al utilizar, aunque sea en muchos casos como mera declaración de principios, las ideas de diálogo político, cooperación y respeto por los derechos humanos. Según denuncian con insistencia los movimientos sociales, la actuación de las compañías multinacionales desmiente estas grandes palabras. A Unión Fenosa, por ejemplo, se le acusa de ser copartícipe de ocho asesinatos y mantener vínculos con el narcotráfico.
Si el tratado comercial satisface las ambiciones europeas, no ocurre lo mismo con la agricultura del área centroamericana, uno de sus sectores estratégicos. De hecho, productos como café, banano o azúcar continuarán topándose con los las barreras comerciales de la UE, «y en el tratado comercial no se producirá ningún avance», según Henry Morales.
Los agrocombustibles merecen un capítulo aparte. Uno de los casos bien conocidos es el de Guatemala, donde se está desarrollando una gran inversión en palma africana como alternativa al petróleo. El líder social guatemalteco explica las consecuencias: «en las nuevas áreas de cultivo se está produciendo deforestaciones a gran escala y una pérdida de la soberanía alimentaria; otro tanto ocurre con el maíz y el frijol, que, muchas veces en variedades transgénicas, llegan a Guatemala procedentes de Estados Unidos».
Efectos similares se producirán por la explotación minera a selva abierta o la privatización del agua, un recurso indispensable para el consumo humano y para el riego que en muchos casos coincide con las zonas de asentamiento indígena.
El reverso de los Acuerdos de Madrid lo constituye la IV Cumbre de los Pueblos, que se celebrará en paralelo a la reunión oficial para escenificar la oposición a la misma. Henry Morales afirma que lo importante es «encontrar una agenda común a los movimientos populares, aunque respetando la diversidad». El primer punto de unión es el rechazo a los «Acuerdos de Asociación».
También hay consenso entre las organizaciones populares en denunciar el golpe de estado en Honduras, y la presencia del nuevo presidente, Porfirio Lobo, en Madrid. «La asonada contra Manuel Zelaya es un precedente y un aviso de lo que puede ocurrir en Centroamérica cada vez que un gobierno se desmarque de la línea trazada por Washington y las oligarquías», señala Henry Morales.
Otro aspecto que suscita la oposición de las organizaciones es la Directiva de Retorno de la Unión Europea, que facilita la detención y expulsión de inmigrantes. En el caso de Guatemala, Morales recuerda además que una demanda general de la izquierda social es la refundación del estado y la creación de una asamblea constituyente.
En Madrid también se convocarán manifestaciones y actos de protesta para escenificar la repulsa hacia el Acuerdo de Asociación. Pero uno de las respuestas más llamativas es la reunión del Tribunal Permanente de los Pueblos, una instancia no gubernamental que desde 2006 ha expuesto las violaciones a los derechos humanos y ambientales cometidos por 25 empresas transnacionales con sede en la Unión Europea.
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