La lucha de las mujeres q’eqchi contra la impunidad protagoniza un juicio contra dos militares acusados de crímenes de lesa humanidad y uso de violencia sexual como arma de guerra
El próximo lunes 1 de febrero comienza en Guatemala el juicio de Sepur Zarco, un proceso histórico porque, por primera vez en la historia, criminales de guerra acusados de usar la violencia sexual como arma de guerra se sientan en un banquillo en el mismo país donde se produjeron los hechos. Dos militares, Esteelmer Reyes Girón y Heriberto Valdez Asij crímenes se sientan en el banquillo acusados de crímenes contra la humanidad.
En 1982, en plena Guerra Civil, los militares del ejército del general y dictador Efraín Rios Montt acabaron con la vida de 15 líderes indígenas del municipio de El Estor en Izabal, donde se encuentra la comunidad de Sepur Zarco. Varias mujeres de la etnia q’eqchi fueron violadas delante de sus hijos e hijas, quemaron sus casas y robaron sus pertenencias. Durante un periodo que fue de seis meses a seis años, las hicieron esclavas de la base militar donde estaban destacados los soldados. 15 mujeres y cuatro varones iniciaron en 2012 un proceso para la justicia y la reparación que tendrá su próxima parada el lunes en el juzgado de Mayor Riesgo B de la ciudad de Guatemala.
Reyes Girón, acusado entre otros delitos del asesinato de 3 Mujeres (una mujer y sus dos hijas), y Valdez Asij -acusado de la desaparición forzada de seis hombres- formaron parte del destacamento militar que perpetraron los crímenes que asolaron a las comunidades de La Esperanza, Sepur Zarco, Pombaaq, San Marcos y Tres Arroyos y El Estor. Mujeres Transformando El Mundo explican cómo se produjeron los hechos:
Las mujeres fueron forzadas a presentarse al destacamento Sepur Zarco el cual funcionó como centro de recreación y descanso de la tropa; se les obligó a presentarse cada dos días, en el destacamento, donde fueron violadas en forma sistemática y múltiple. Además de ser víctimas de esclavitud sexual también sufrieron esclavitud doméstica porque se le obligó a preparar la comida y lavar los uniformes de los soldados. Asimismo fueron forzadas a proporcionar el maíz y el jabón, lo que implicó que las mujeres fueran sometidas a niveles extremos de pobreza y hambre.
Por más de 30 años las mujeres sobrevivientes, han tenido que vivir los graves efectos porque se les ha condenado a la estigmatización, marginación y pobreza, efectos que también han tenido que sufrir sus familias y sus comunidades.
El proceso forma parte de las causas para la justicia y reparación que están teniendo lugar en Guatemala por el genocidio cometido y la política de crímenes de Estado durante los años 80. En mayo de 2013, la condena al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad marcó un hito en la lucha contra la impunidad en América Latina, a pesar de que días después el Tribunal Constitucional anulase la sentencia por «defectos de forma» para exculpar a Montt.