Las ocho centrales sindicales del país confían en cerrar hoy el paso al recorte de las pensiones promovidas por el Gobierno
Los franceses decidirán hoy con su participación en manifestaciones y huelgas, convocadas por las ocho centrales sindicales del país, si aceptan el proyecto de recortar el sistema de pensiones públicas planeado por Nicolas Sarkozy . Los líderes de las centrales dejaron claro que apuestan por una movilización masiva de unos dos millones de ciudadanos, y avisaron al Gobierno de que renovarán las acciones hasta obtener cambios «fundamentales» en el plan gubernamental.
«Si no hubiera manifestaciones por la pensiones, eso querría decir que ya no estamos en Francia». La frase sarcástica la pronunció la semana pasada el todavía ministro de Trabajo, Éric Woerth, ante la patronal francesa. Woerth, pese a estar implicado en el caso Bettencourt de tráfico de influencias , ocultación de fraude fiscal y financiación irregular de partidos, sigue en su cargo, ejerciendo de cara visible de la reforma, por decisión personal de Sarkozy. Quizá porque el presidente espera así concentrar la ira de la opinión pública no en el contenido de la reforma, sino en la figura de ese peón político.
Mientras las calles francesas probablemente rugirán hoy al son de vuvuzelas, bocinas de ferroviarios y eslóganes sindicales, Woerth en persona empezará a defender el proyecto de ley en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. El plan inicial de Sarkozy es que, pese a las casi 700 enmiendas presentadas 360 de la oposición, el proyecto de ley sea aprobado por el procedimiento exprés de la Cámara Baja el 15 de septiembre.
De ser así, el Gobierno evitará todo debate de fondo. Sarkozy quiere elevar de 60 a 62 años la edad legal de jubilación, de 65 a 67 la edad a la que se puede acceder a la obtención automática del 100% de la pensión de base, y seguir aumentando los periodos de cotización obligatorios, hasta los 41,4 años de trabajo. Asegura que esa es la única respuesta posible al incremento del déficit, números rojos que él imputa, sin matices, a la mayor esperanza de vida y al envejecimiento de la población.
Ese argumento del presidente es puesto en duda, con datos, tanto por los expertos de los sindicatos como por la oposición. Por ejemplo, la moderadísima Confederación General de Ejecutivos (CGC, principal sindicato de directivos en sus siglas en francés) descubrió que, incluso si se aprobase la reforma promovida por el Gobierno, en 2018 volvería a haber un déficit de 4.000 millones de euros.
Por su parte, Gérard Filoche, miembro de la directiva del Partido Socialista, ha señalado que un dato objetivo de la economía francesa es que la carrera laboral media de los franceses alcanza sólo 36,5 años trabajados. Por lo que, con la reforma Sarkozy en mano, «el único resultado será que los veteranos estén en paro más años antes de cobrar su jubilación y que, como no habrán cotizado lo suficiente, su pensión será aún menor».
El principal sindicato francés, la Confederación General del Trabajo (CGT), ha demostrado que con esta reforma la tasa de sustitución (porcentaje que representa la pensión respecto al último salario cobrado), bajaría del 73% actual al 54%. Y Martine Billard, diputada ecologista del Frente de Izquierdas, acaba de depositar una denuncia ante la Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones porque, con la reforma de Sarkozy, las mujeres trabajadoras saldrían más perjudicadas que los hombres, dados los vaivenes que sufren en su carrera.
El debate llega a la calle
Allí donde antes no había debate, ahora empieza a haberlo en las calles. El último sondeo Ifop, a principios de septiembre, indicó que un 70% de los franceses justificaba o apoyaba la jornada de huelgas. Un sondeo de Obea-Infraforces para la radio France Info elevaba ese apoyo al 73% de los franceses.
La mano derecha del presidente habla ya de «negociación»
El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, cargó: «Estamos en el momento del vuelco. Los sondeos demuestran que progresa el número de ciudadanos que aprueba los argumentos de los sindicatos y desaprueba los del Gobierno», y «si el jefe de Estado no acepta retocar los aspectos principales de su proyecto, habrá más acciones».
El equipo de Sarkozy ha dado señales de vacilación este fin de semana. La mano derecha del presidente, su secretario general Claude Guéant, pronunció la palabra «negociación» por primera vez. El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, dijo al presidente que las manifestaciones «tendrán un significado, y ese mensaje habrá que escucharlo».
A Sarkozy, que aspira a ser reelegido en 2012, le conviene l a dramatización máxima del combate con los sindicatos y una victoria simbólica al final para seguir pasando por un reformador. Como ya hizo con la reforma de los regímenes especiales de pensiones en 2007, recién elegido, está dispuesto a ceder en el fondo, sin luz ni taquígrafos, a cambio de poder salvar las apariencias en los telediarios.
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