La apertura al exterior de la economía española se activó en los años 60. El Plan de Estabilización (1959) supuso un paso clave para la progresiva integración del aparato productivo español en la economía occidental. Este plan de ajuste respondía a las demandas de las principales fuerzas económicas del país, que necesitaban conectarse a la […]
La apertura al exterior de la economía española se activó en los años 60. El Plan de Estabilización (1959) supuso un paso clave para la progresiva integración del aparato productivo español en la economía occidental. Este plan de ajuste respondía a las demandas de las principales fuerzas económicas del país, que necesitaban conectarse a la economía mundial para embarcarse en las dinámicas de la producción a gran escala, aunque fuera de forma subordinada, lo que les permitiría seguir creciendo y acumulando. Esta apertura posibilitó un crecimiento espectacular de la economía española entre los años 61 y 73, el llamado «milagro español». Sin embargo, a pesar de la fuerte inversión industriali y el boom de la construcción y el turismo, un millón de trabajadores tuvieron que emigrar a otros países en busca de un empleo, y unos tres millones fueron expulsados del campo y marcharon a la ciudad. Este fortísimo éxodo rural fue una de las consecuencias también de la entrada de la «revolución verde» en los campos españoles.
Estos cambios ocurridos en los sesenta provocaron una fuerte dependencia económica del exterior, fundamentalmente en materia de energía y bienes de equipo, lo que llevó a un fuerte déficit de la balanza comercial española a comienzos de los setenta. En 1970 el dictador fascista Franco firmó el Acuerdo Preferencial con la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), un acuerdo puramente comercial que permitió fuertes inversiones extranjeras -especialmente en la industria del automóvil- con vistas a la exportación hacia Europa. Finalizado el régimen franquista, los Pactos de la Moncloa fijaron como objetivo prioritario el ingreso en la CEE, para lo cual se hacía preciso dar respuesta a las exigencias europeas de adaptar la estructura productiva española. Estas exigencias consistían fundamentalmente en una fortísima reconversión industrial de la gran industria básica, reduciendo, o a veces eliminando, su capacidad de producción, con el objetivo tanto de adecuarse a la Nueva División Internacional del Trabajoii como de eliminar la competencia española a la industria comunitaria ya reestructurada. Además, la productividad de la industria básica europea era mucho mayor que la española, por lo que se necesitaron para su modernización fuertes inversiones económicas, que nuevamente suprimieron mano de obra.
La reconversión industrial iniciada por la UCD (quien solicitó la entrada a la CEE en 1979) alcanzó todas sus dimensiones durante la etapa PSOE. A pesar de la fortísima contestación de los/as trabajadores/as (recordemos las luchas de los astilleros, la minería, los altos hornos) de 1976 a 1985 se destruyeron 2.3 millones de puestos de trabajo, especialmente en la primera mitad de los ochenta, con lo que la tasa de paro ascendió al 22% (más de 3 millones de personas paradas), el doble de la tasa comunitaria, mostrando la debilidad del tejido productivo español y el carácter periférico de su economía respecto al Centroiii. Las mayores pérdidas de empleo se dieron en la industria (un millón) y el campo (otro millón, debido a la expansión de la «revolución verde»). La reconversión industrial y el saneamiento de la banca costaron más de 3 y 1.5 billones de las antiguas pesetas respectivamente al erario público. Además, se aprobaron una reforma laboral (hacia una mayor flexibilidadiv), una nueva ley de Extranjería (como guardianes del sur de Europa) y distintas medidas económicas de fuerte contenido neoliberal (decreto Boyer) justo antes del ingreso en la Comunidad Europea (CE).
El Estado español y Portugal ingresaron en la CE en 1986, el mismo año en que se firmó el Acta Única. El gobierno del PSOE negoció el ingreso en la CE con prisas y dispuesto a pagar cualquier precio, por lo que los términos del acuerdo resultaron muchísimo más favorables para los intereses comunitarios que para los de la sociedad española. Por ejemplo: la industria de la CE, de mayor escala, productividad y componente tecnológico, se vio favorecida por el desarme arancelario español; las fuertes restricciones (cuota lechera, sacrificio de reses…) a la agricultura española de tipo continental eliminaron toda posibilidad de competencia con los países centroeuropeos, mientras que nuestros productos mediterráneos, los únicos competitivos, veían demorado su acceso a los mercados europeos; y el Estado español suponía una puerta a un mercado de difícil acceso como era el latinoamericano.
Tras el ingreso en la CE la balanza comercial española siguió deteriorándose profundamentev (el déficit comercial español per cápita pasó a ser, en aquella época, el primero del mundo) a causa del enorme desequilibrio entre las importaciones y exportaciones con Europa, resultado de las condiciones de la integración.
La avalancha de capital externo que entró a especular en Bolsa y a adquirir patrimonio inmobiliario (1986-91) disparó los precios e impulsó una reactivación económica basada en la especulación. A ello también contribuyeron los capitalistas españoles con sus repentinas fortunas (resultado de la venta de sus empresas), invirtiendo en los sectores bursátil e inmobiliario, y adquiriendo caros bienes de consumo de importación (por ejemplo, coches de gran cilindrada) que agravaron aún más el déficit comercial español. Los años de la «euforia» fueron años en los que cierto sector de la sociedad se hizo muy rico muy rápidamente. En términos generales, la brecha entre ricos y pobres se ensanchó enormemente gracias a la especulación inmobiliaria (que procuró grandes fortunas a unos pocos y duras hipotecas a muchos), los altos niveles de paro (a pesar del fuerte crecimiento del periodo), la concentración de la actividad económica en las grandes ciudades, la disminución relativa de los salarios medios y bajos, y las modificaciones fiscales a favor de las grandes rentas. Un periodo muy ilustrativo de cómo funciona el sistema capitalista neoliberal.
Pero las cosas cambiaron a partir del 92. La «tormenta monetaria» que recorrió los mercados europeos tras el «No» danés a Maastricht y el agónico «Sí» francés, devaluó tres veces la peseta e hizo patente la debilidad de la economía española. La entrada de capital extranjero se redujo radicalmente, comenzaron las desinversiones, la peseta estuvo a punto de salirse del Sistema Monetario Europeo (SME) y el Estado español vio subir su tasa de paro hasta un 24% en 1993. Salieron a la luz entonces las altísimas deudas de las diferentes administraciones (EXPO-Sevilla y Olimpiadas del 92, las generosas subvenciones a grandes empresas, las inversiones que exige este modelo de crecimiento basado en la gran escala en cuanto a infraestructuras de transporte, energía, telecomunicaciones, etc.), por lo que volvieron a elevarse los tipos de interés para atraer capital externo hacia la deuda pública y, de camino, mejorar el equilibrio exterior. Este enorme déficit público se vio empeorado por la crisis de la producción y distribución a gran escala: pago de las regulaciones de empleo, grandes subvenciones para elevar la productividad, prestaciones por desempleo del INEM disparadas por el abuso de la contratación temporal, etc. La gran producción y distribución no sólo es costosa para el erario público -en tiempos de disminución del gasto social- sino que además goza de sabrosos privilegios frente a las pequeñas y medianas empresas. La desinversión de las grandes multinacionales tras el 92, las reducciones de plantillas y paralizaciones de proyectos fueron resultado también de la entrada al MU (concentración, en el ámbito europeo, de la actividad económica en los países del Centro) y de la deslocalización productiva hacia la Periferia mundial (donde los costes son menores). Este abandono agravó el déficit comercial exterior dado que estas empresas estaban orientadas a la exportación.
REPERCUSIONES DEL MERCADO ÚNICO EN EL ESTADO ESPAÑOL
No podemos extendernos todo lo que quisiéramos en la descripción de lo que ha supuesto y supone para el Estado español la pertenencia a la UE, por lo que nos limitaremos a hacer un breve recorrido por algunos de los aspectos fuertemente violentos.
Agricultura
A partir de los años 70, con el objetivo de entrar en la CE, desde la administración se potenció la intensificación de la actividad agraria en las zonas más productivas, de forma paralela al abandono del resto de áreas. Esto supuso que entre 1970 y 1990 aumentara el tamaño de las fincas un 35%, el uso de fertilizantes un 60% y que se triplicara el índice de mecanización y de las hectáreas dedicadas al regadío. Aún así, al producirse la entrada a la CE en 1986, aún existía un porcentaje de población rural vinculada a pequeñas explotaciones, principalmente en la producción de tipo continental (leche, patatas, etc.) que se da en la «España interior» y toda la cornisa cantábrica, la cual, vio amenazada su supervivencia. Los grandes excedentes de estos productos en la CE comenzaron a entrar en el Estado español -gracias al desarme arancelario- a menores precios que los productos españoles, lo que, junto a las duras condiciones de nuestro ingreso (congelación de precios, cuotas de producción…) causaron (y aún causan) un grave impacto. Muchos agricultores tuvieron que endeudarse fuertemente para ampliar y mecanizar sus explotaciones, aumentar la productividad y ser más competitivos frente a los productos comunitarios. Muchos otros agricultores vendieron sus explotaciones, que pasaron a manos de grandes propietarios.
En la actualidad la agricultura española se rige por las normas de la PACvi que se basa en los mismos principios del Acta Única. El Libro Blanco de la agricultura española reconoce que en la última década (1989-1999) han desaparecido las explotaciones económicamente más pequeñas y han aumentado las de mayor dimensión. La superficie cultivada ha crecido un 6,4%, pero el número de explotaciones ha descendido casi un 22%. En la ganadería ha aumentado el número de cabezas en todos los sectores (bovinos 32%; ovinos 19%; porcino 85%; aves 54%), sin embargo ha disminuido el número de explotaciones (bovinos -40%; ovinos -17%; porcino -42%; aves -37%). El trabajo, a pesar del aumento de productividad, ha disminuido un 12%.
La persecución de la rentabilidad económica ha tenido grandes costes sociales. Los pequeños agricultores han sido los grandes perdedores a favor de las grandes empresas, el sector denominado agrobusinessvii. Por otro lado, las subvenciones a la producción se han dado sin considerar el impacto sobre el empleo, y así, cultivos como el girasol o el cereal, que demandan muy poco trabajo, han sido fuertemente subvencionados, pero no han tenido impacto en el mantenimiento del empleo en el mundo rural (mercado laboral).
Paralelamente se ha producido un fenómeno de polarización entre zonas de alta producción y de riqueza (costa mediterránea, Sevilla, Madrid y Euskadi) y otras que han resultado claramente perdedoras en el juego de la competitividad (Soria, Zamora, Cáceres etc.) y donde el abandono es el mayor problema. Estas últimas han sufrido la despoblación y la emigración hacia las ciudades, aumentando la presión sobre éstas, que suelen estar ya saturadas. La propia UE ha tenido que destinar fondos de desarrollo rural, de los que mucho se ha vanagloriado, en nombre del desarrollo sostenible, pero no son más que una pequeña ayuda para corregir la propia dinámica de polarización que la PAC ha creado. Aún así, estos fondos de desarrollo rural no suponen más del 7% de la PAC, mientras que el 93% restante suponen ayudas directas a la producción.
Las consecuencias ambientales de la PAC han sido nefastas. El aumento de la productividad se ha dado gracias al creciente aporte energético y la excesiva utilización de recursos naturales (agua, petróleo), lo que ha hecho a la agricultura industrial más dependiente de aportes externos e insostenible. No sólo se ha concentrado la producción en las zonas más secas, sino que se ha aumentado la superficie dedicada al regadío, lo que ha provocado la sobreexplotación de humedales (se han perdido el 60% de los humedales en los últimos 50 años) y acuíferos (llegando a la salinización o al agotamiento) y la construcción de presas, pantanos y trasvases con altos impactos sobre el entorno. Pese al déficit hídrico cultivos típicamente de secano como el girasol o el olivar han pasado al regadío (el 34% del olivar andaluz es ahora de regadío). Esta situación surrealista ha sido apoyada por todos los gobiernos y, si bien se ha derogado el trasvase del Ebro, el gobierno de Zapatero (PSOE) ha prometido que el agua llegará al sureste a base de desaladoras, también altamente insostenibles, sin cuestionar el modelo de uso derrochador del agua en general (campos de Golf, agricultura intensiva, complejos turísticos).
Industria
A las fuertes pérdidas de tejido productivo y de empleo durante la reconversión llevada a cabo por el PSOE y la venta de las principales empresas españolas al capital extranjero a partir de 1986, añadir que la fuerte entrada de capital durante aquellos años se destinó fundamentalmente a adquirir empresas ya existentes (apenas se dieron inversiones de nueva planta) para integrarlas en sus estructuras productivas o simplemente cerrarlas para reducir la competencia interna y aprovechar sus redes de distribución para sus propios productos. Además, los procesos de concentración de la actividad económica en los países del Centro, ha llevado a ciertas instalaciones industriales como Avon, Grundig, Johnson&Johnson… a cerrar sus plantas en el Estado español y concentrar toda su actividad productiva en el centro de Europa. Esta tendencia se ha visto agravada por los procesos de deslocalización hacia espacios más competitivos (Asia, Este de Europa).
La industria básica continúa siendo desmantelada en muchas partes del país, como se puede ver en el caso de los Astilleros. De los 45.000 puestos de trabajo en los años 70 quedan unos 11.000 y pocos más de 6.000 trabajadores fijos quedarán después de la reconversión de 2004, jugando además con la existencia de unos 60.000 trabajadores auxiliares del sector. Igual ocurre con las poblaciones vinculadas a la minería. La generación que vivió las más duras etapas de la reconversión y que luchó contra ella, goza ahora de generosas jubilaciones anticipadas y pensiones. Pero la generación que les sigue está vendida. La juventud asturiana, por ejemplo, está abandonando su comunidad autónoma para buscarse la vida en las principales metrópolis o en el sector terciario en la costa mediterránea. La única industria que se ha mantenido y que continúa en alza es la construcción. Este sector tiene un peso en el PIB sustancialmente superior a la media comunitaria, (ocupa aproximadamente un 4,5% del PIB) y ha continuado (en liza) subiendo gracias al espectacular boom inmobiliario de los últimos años y a la creciente necesidad de infraestructuras para mantener activo un mercado altamente deslocalizado y un modelo territorial crecientemente metropolitanizado y disperso.
Otros aspectos económicos
Además del auge de la construcción, la economía española tiende a la especialización en el sector terciario (fundamentalmente el turismo y el comercio), que se concentra fundamentalmente en las grandes ciudades y generando grandes monopolios.viii El turismo actualmente supone alrededor del 12% del PIB y es fundamental para el equilibrio exterior, por eso también ha sido potenciado sin cortapisas desde la administración. Tampoco este sector se ha librado de la concentración y unas pocas regiones reciben la mayoría de las ganancias. Los grandes complejos turísticos y cadenas hoteleras han sido los beneficiados de este proceso. Curiosamente se ha desarrollado en las mismas regiones donde se ha concentrado la agricultura, por lo que los recursos de la zona (agua, energía, infraestructuras, superficie…) se ven sometidos a una doble presión. En la franja mediterránea las condiciones de saturación y la enorme presión sobre el territorio está poniendo en peligro incluso el propio mercado turístico.
Dentro del sector comercial, han sido las grandes superficies comerciales y de ocio las que han desbancado al pequeño comercio. Con esto se ha llegado al clímax de la paranoia consumista, con productos cada vez más perecederos, por lo que la producción de residuos se ha disparado (ha pasado de 0,25 kg. por persona y día en 1984 a 1,5 Kg por persona y día en 2000, en la conurbación de Madrid).
Por otra parte, se ha caminado hacia la desregulación y liberalización de los servicios públicos (agua, educación, energía, transporte, etc.)ix y a la privatización de empresas públicas en los últimos años (Endesa, Argentaria, Repsol, Telefónica, Iberia…) que ha supuesto un mecanismo de concentración de riquezax. La actividad financiera dentro del nuevo contexto de capitalismo fuertemente especulativo internacional también está teniendo gran relevancia en el Estado español. En concreto la inversión se está centrando en la especulación con inmuebles, lo que está suponiendo unas tasas de incremento del precio de la vivienda superiores al 17% interanual, con un brutal efecto acumulativo durante los últimos años (por ejemplo, de un 63% en Andalucía desde 2000). De hecho esta es en la actualidad la forma más rentable (o una de las formas más rentables) de invertir el dinero en el territorio español. El Estado español era uno de los países de la UE a 15 con menor PIB per cápita (sólo por encima de Grecia y Portugal). Para ayudar a recortar estas distancias se recibieron fondos europeos, éstos supusieron el 0,5% del PIB español hasta 1992, y cerca del 1,5% desde 1992 (al sumarse los fondos de cohesión). Pero, con la entrada de los países del este de Europa, ha disminuido la media del PIB per cápita en la UE, por lo que al Estado español no llegarán los fondos de cohesión y muchas regiones dejarán de ser objetivo I xi (las que reciben más ayudas).
Territorio y Medio ambiente.
El 80% del territorio español pierde población, que se concentra en el restante 20%, en las áreas más productivas y en las grandes ciudades, cuya presión sobre el medio ambiente es muy alta. La franja mediterránea, los Archipiélagos, Andalucía occidental y la metrópoli madrileña han sufrido y sufren un intensísimo deterioro de su paisaje y sus recursos naturales. Además se impone una forma de construcción difusa, lo que supone un consumo mucho mayor de recursos y de superficie (el suelo ocupado para usos no agrarios en la Comunidad de Madrid entre 1980 y 1999 ha pasado de 198 a 380 m2/habitante).
La política de transporte, marcada y apoyada económicamente desde Bruselas, planea superar los 15.000 Km. de viario de alta capacidad (autovías y autopistas) en 2010 en el Estado español (en 1998 existían 8.500 Km). Esta apuesta por el transporte motorizado supone un altísimo impacto ambiental (cambio climático, parcelación del territorio, pérdida de espacios naturales, contaminación atmosférica…). Esto se acompaña del proceso de privatización de RENFE, ligado al cierre de los servicios menos rentables (líneas de largo recorrido y servicios a pequeños y medianos municipios) y a la apuesta por lo más rentable económicamente: las cercanías de las grandes metrópolis y la impactante alta velocidad. Todo ello está suponiendo que progresivamente el ferrocarril deje de ser un servicio público de amplia cobertura.
Empleo
Ya han sido mencionadas las fuertes pérdidas de empleo experimentadas en el campo y la industria que acompañaron a la «modernización» de este país. A esto hay que añadir la pérdida de empleo que provocaron las privatizacionesxii -ya que la alta competitividad supone cada vez menos empleo y más precario- y los procesos de concentración de la actividad financiera, que han generado importantes recortes de personal. No hay más que recordar lo que ha supuesto para los trabajadores de Sintel y para los de Izar las privatizaciones y las leyes de libre competencia de la UE. Y no está de más señalar que la pérdida de empleo público que se espera (al calor de las negociaciones de la UE sobre el AGCSxiii en el seno de la OMC) afectará de forma especial al empleo femenino, puesto que en los campos de la sanidad, educación y servicios sociales es mayoritaria la presencia de mujeres.
Desde la entrada a la CE, la tasa de desempleo en el Estado español no sólo se ha mantenido por encima del 20% durante largo periodos de tiempo (1984-87 y 1993-98) sino que no bajó del 16% ni siquiera en los ciclos de expansión económica (1986-91), y hoy ronda el 11%. Y eso que la tasa de actividad de la población española (55%) es de las más bajas de la UE, especialmente la de las mujeres (42%). Por su carácter de periferia de los países centrales, el español ha sido el estado más vulnerable a las crisis de los países de la OCDE, pues ha tenido que competir doblemente con los países centrales (con mayor productividad y componente tecnológico) y con los periféricos (con salarios más bajos). En los (momentos de crecimiento económico) los últimos años el paro ha sido reducido a costa de crear empleo cada vez más precario.
En el año 2003 el 91,1% de los contratos fueron temporales, y de ellos, sólo el 0,34% era de más de 12 meses y el 2,74% de más de 6. El trabajo se desplaza hacia el sector terciario (hostelería, comercio…) y la construcción, donde se encuentran los mayores índices de precariedad, y los salarios reales tienen un aumento inferior al de la productividad. La juventud española y las mujeres se encuentran en la situación más difícil, así como los parados de larga duración. En el 2003 las mujeres tuvieron un saldo medio entre un 25% y un 35% inferior al de los hombres. Y las prestaciones por desempleo son cada vez menores en tasa de cobertura, cuantía y duración.
Pobreza y exclusión
Las dinámicas del mercado de trabajo hacen que haya cada vez más personas excluidas o que permanecen entrando y saliendo constantemente del paro, viviendo al día y en la incertidumbre. Si a esta situación de desempleo y precariedad le añadimos el desmontaje del Estado del Bienestar y la reducción del gasto social (impuesto desde Bruselas por el Pacto de Estabilidad), tenemos como resultado altas tasas de exclusión y gran vulnerabilidad de una parte importante de la población. De ésta, las/os más excluidos han sido las/os inmigrantes, que sufren las peores condiciones laborales, salariales y de incertidumbre. Los recortes sociales han afectado también de forma especial a las mujeres -que además de recibir salarios menores se ven desbordadas por las responsabilidades familiares que se les ha asignado históricamente- y a las/os ancianos -cuya situación se agrava por la reducción de las cuantías de las pensiones contributivas (Pacto de Toledo). Actualmente en el Estado español viven más de 8 millones de personas bajo el umbral de la pobrezaxiv.
Es evidente que la precariedad y el desempleo no afectan a la población de manera homogénea. Hay regiones, municipios y barrios que resultan más «desfavorecidos» que otros. Así, ha habido barrios con tasas de paro superiores al 31% (llegando al 50% a veces) en núcleos urbanos cuya tasa media era del 19%. En estos barrios «perdedores» se van acumulando progresivamente los procesos de exclusión. Otro factor que abre la brecha entre ricos y pobres es la política fiscal. Las últimas reformas fiscales han tendido a gravar más las rentas salariales y menos a las grandes empresas, mientras los impuestos directos han perdido peso frente a los indirectos (que no tienen en cuenta los ingresos de la población, por lo que son más injustos). Además, la situación del mercado inmobiliario ha hecho imposible el acceso a la vivienda para muchísimas personas, especialmente jóvenes. El fuerte endeudamiento que impone la adquisición de una vivienda (el endeudamiento de los hogares españoles alcanza el 95% de la renta bruta disponible anual), y la dificultad para acceder a los créditos, tensa la cuerda floja sobre la que camina la población con menos recursos.
____________________________________________________________________ Águeda Ferriz y Luis Rico son miembros de Ecologistas en Acción
i Principalmente en los sectores básicos tradicionales: siderurgia, astilleros, química de base, línea blanca, fertilizantes, cemento, automoción, textil…
ii Deslocalizaciones fundamentalmente de los sectores productivos e intensivos en recursos naturales a zonas del mundo con mano de obra barata y materia prima accesible y barata.
iii Se denomina Centro a aquellos privilegiados económicamente, que tienden a acumular actividad económica y riqueza, y Periferia, por el contrario, a aquellos cuya economía, mucho más débil, se subordina a la de los primeros. En cualquier caso, resaltar que en todo Centro hay Periferia y viceversa.
iv Esta fue la reforma de los famosos «contratos basura» y la que introdujo la contratación temporal.
v Es conveniente apuntar aquí que el fortísimo déficit comercial indica que se fomenta la producción y el empleo en otros países a costa de la producción y el empleo propios, y obliga a mantener altos tipos de interés (cuando existía la peseta) para atraer capital extranjero que equilibre la balanza.
vi Política Agraria Comunitaria.
vii La gran industria de la agroalimentación.
viii La transnacional francesa Carrefour es el segundo grupo mundial de la grand distribución de alimentos y en el Estado español controla la primera empresa comercializadora y la tercera exportadora de productos hortofrutícolas. Un 40% de la población del Estado español compra en Carrefour (incluido las marcas Champion, Día y Punto Cash). Esto es sólo un ejemplo de la formación de monopolios.
ix En este contexto se entiende la actual segregación de Renfe (a partir de una Directiva Europea que garantiza la entrada de empresas privadas del sector logístico en el transporte ferrovial de mercancias) en dos empresas, una de infraestructuras y otra de operaciones, en la última con la posibilidad de la entrada de capital privado, con el fin de preparar la privatización a medio plazo. También es de señalar que con cifras del 2003 el 36% de la población española se suministra el agua a través de sociedades privadas, siendo el 80% de negocio privado del agua controlado por AgBar y FCC (Aqualia). (OdSP, 2004)
x La privatización de los servicios públicos supone un trasvase de riqueza desde l@s usuari@s (prácticamente toda la población, que de repente tiene que pagar por ese servicio) hacia las élites económicas (que tienen la capacidad adquisitiva de comprar esas empresas y seguir acumulando capital).
xi Aquellas regiones cuyo PIB es inferior al 75 de la media comunitaria
xii Antes de la privatización Telefónica tenía una plantilla de unas 68.000 personas y a finales de 2002 esta se reducía a 40.659 empleados. Y la regulación de empleo de 2003 afectó a otros 15.000.
xiii Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).
xiv Es el umbral del 50% de la renta media disponible neta
Bibliografía
ETXEZARRETA, Miren: «El impacto de la integración europea en la población española» en Emergences nº 1, Área Observatori dels Movements Socials del MRG de Cataluña, Barcelona, noviembre 2001.
FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: «Contra la Europa del Capital», Talasa Ediciones S.A., Madrid, 1996.
FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: «Globalización, territorio y población» en Ágora (Centre d’Estudis Politics i Socials) nº 4, 2000.
LAMARCA, Chusa: «Cuando Europa entró en España», en El Nuevo Desorden nº 3 (monográfico sobre la Unión Europea), AEDENAT, Madrid, 1995.