El 18 de abril estalló en Nicaragua un conflicto que nos ha sumido en una profunda crisis política, social y económica. Con el pasar de los días hemos visto como la seguridad ciudadana en el país se ha diluido, la delincuencia ha crecido de forma alarmante, y la calidad de vida se ha deteriorado gravemente, […]
El 18 de abril estalló en Nicaragua un conflicto que nos ha sumido en una profunda crisis política, social y económica. Con el pasar de los días hemos visto como la seguridad ciudadana en el país se ha diluido, la delincuencia ha crecido de forma alarmante, y la calidad de vida se ha deteriorado gravemente, sobre todo para las clases sociales más desfavorecidas. Mucha gente ha perdido su trabajo en el último mes. Las escuelas están vacías, las universidades cerradas y el fantasma de la emigración ha regresado. Conocemos el drama social que nos espera pues lo hemos sufrido ya en nuestra historia reciente.
Las causas son complejas. Más de 130 personas han muerto en el marco de este conflicto, muchas de ellas asesinadas. Trabajadores, estudiantes, policías… nicaragüenses de todas las edades. Muchas personas han sido secuestradas y torturadas. Las redes sociales están atestadas con imágenes y vídeos de las víctimas, las cuales se repiten una y otra vez causando miedo y desesperación en la población. Han sido incendiados vehículos, edificios públicos, residencias privadas, oficinas de medios de comunicación afines al Gobierno y del partido político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Desde mucho antes de las manifestaciones celebradas el 18 de abril, a raíz de las cuales se originó el conflicto, diversos medios de comunicación, miembros de la sociedad civil y actores políticos, han atacado insistentemente la institucionalidad del Estado, erosionando la confianza de la población en su Gobierno y en las fuerzas de seguridad del Estado. Desde diferentes medios de comunicación y plataformas de redes sociales se ha desarrollado una potente estrategia de manipulación de la opinión pública, la cual ha logrado crear una realidad paralela en la que a día de hoy vive una parte de la comunidad nicaragüense en el interior y exterior del país, y parte también de la comunidad internacional.
Así también, desde mucho antes del inicio del conflicto, se ha estado llevando a cabo en Nicaragua una campaña de odio destinada a dividir a la sociedad nicaragüense en dos bandos. A medida que la crisis se ha intensificado, creciendo los niveles de violencia y el número de personas asesinadas, el odio y la fractura social se han profundizado preocupantemente.
En el cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada entre el 4 y el 5 de junio, la Asamblea General de este organismo declaró su apoyo al pueblo de Nicaragua, llamando al Gobierno y a los demás actores sociales y políticos a la construcción de la paz a través del diálogo. En esta línea, la OEA ha creado un Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes para apoyar al país en la investigación de los crímenes y asegurar la calidad y neutralidad de las investigaciones que se están llevando a cabo. Previamente a este acuerdo, Nicaragua ya había recibido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de la crisis, concluyendo esta que se habían producido graves violaciones de derechos humanos en el país, tanto por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, como por parte de terceros armados.
Desde el mismo inicio del conflicto, el Gobierno de Nicaragua ha apostado por el diálogo y ha llamado a la paz a todos los actores, haciendo importantes esfuerzos para impedir enfrentamientos entre los dos bandos. La llamada del FSLN a su militancia para no responder a los ataques, torturas y asesinatos que están sufriendo los militantes sandinistas en este conflicto, está siendo clave para evitar una escalada mayor de violencia. Por su parte, el jefe de Estado ha dado orden públicamente a la Policía Nacional de no reprimir las protestas pacíficas y el Ejército Nacional se ha mantenido al margen del conflicto en todo momento.
Sin embargo la violencia no ha cesado. Miembros de la Iglesia Católica nicaragüense, medios de comunicación, grandes empresarios y actores políticos de la oposición y de la sociedad civil, siguen sosteniendo la campaña de odio a través de declaraciones y acciones a las que califican de protestas pacíficas, pero que nada tienen de pacíficas, como son el cierre de múltiples carreteras a nivel nacional a través de la instalación de tranques desde inicios de mayo, afectando gravemente al empleo, el comercio y el transporte nacional y regional. Al menos 10 personas han fallecido a raíz de la instalación de estos tranques y de los conflictos que están generando su mantenimiento.
Estos actores, por acción y por omisión, han atacado la institucionalidad del Estado nicaragüense y han alentado y tolerado acciones violentas realizadas por encapuchados armados que se dan a conocer como estudiantes. Por el contrario, cuando estos encapuchados han torturado, asesinado e incendiado vehículos y edificios públicos sin cesar, los actores referidos han culpado sin ningún tipo de pruebas a sandinistas y simpatizantes del presidente de la República.
Consideramos que a través de esta estrategia, se persigue crear un clima de violencia tal que resulte intolerable para el pueblo, forzando a la renuncia del Gobierno. En el peor de los casos, esta situación puede desencadenar en una guerra civil. Como es evidente, este extremo generaría graves repercusiones sobre las poblaciones a nivel nacional y regional en Centroamérica, en especial debido a la debilidad de las economías de la región, los conflictos sociales preexistentes, la existencia de un corredor de migración centroamericano y la presencia de redes de narcotráfico en los países vecinos.
¡¡URGE LA PAZ EN NICARAGUA!!
Es por ello que a través de la presente les estamos invitando a participar en la campaña por la paz en Nicaragua, manifestando públicamente su rechazo absoluto a todo tipo de violencia y su apoyo al pueblo nicaragüense, al proceso de diálogo nacional y a la solución pacífica y democrática del conflicto, ya sea de forma individual a través de las redes sociales, artículos de prensa o pronunciamientos ante la opinión pública internacional, o a nivel institucional a través de declaraciones públicas, resoluciones políticas u otros medios posibles.
Creemos firmemente que el posicionamiento de la comunidad internacional a favor de la paz en Nicaragua, podría contribuir a la solución pacífica de este conflicto coadyuvando al fracaso de la campaña de odio y favoreciendo una reflexión crítica en el seno de la sociedad nicaragüense que conduzca a la condena unánime de la violencia y al rechazo de quienes persisten en destruir la convivencia en el país.
Confiando en su compromiso con el bienestar y la paz social y en la claridad de su visión política, y esperando su respuesta positiva y su solidaridad con Nicaragua, firmamos en Managua,
Miembros de la ciudadanía nicaragüense.