Como si fuera una película sin fin, la tierra de Julio Ramón Ribeyro, vuelve a vivir un ambiente golpista, pero esta vez de la oscura alianza apro-fujimorista. Y no es para menos. En una semana, el Congreso de la República del Perú, controlado por el partido fujimorista Fuerza Popular y el APRA, acaban de presentar […]
Como si fuera una película sin fin, la tierra de Julio Ramón Ribeyro, vuelve a vivir un ambiente golpista, pero esta vez de la oscura alianza apro-fujimorista. Y no es para menos.
En una semana, el Congreso de la República del Perú, controlado por el partido fujimorista Fuerza Popular y el APRA, acaban de presentar una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez (por omisión funcional en la lucha contra la corrupción al no incluir al grupo inmobiliario Graña y Montero en el caso Odebrecht); otra contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (por haber retomado la denuncia contra los marinos de la masacre del penal del Frontón donde incluso está involucrado el ex presidente Alan García); y finalmente, la Comisión Lavajato ha citado al presidente elegido por voto popular: Pedro Pablo Kuchynsky, para que declare en el caso de corrupción Odebrecht lo que implicaría asumir su culpa y la sumisión del poder Ejecutivo al Legislativo.
Esta cuestión en un contexto donde las recientes declaraciones de Marcelo Odebrecht a la fiscalía peruana han confirmado los aportes financieros a las campañas de Keiko y Alan García, y también donde la fiscalía acaba de abrir una nueva denuncia por lavado de activos contra el ex Sec. Gral. del partido fujimorista, Joaquín Ramírez,
Por esta razón no es casualidad que varios intelectuales de izquierda hayan cerrado filas al unísono contra el intento de golpe de Estado parlamentario que se estaría planificando desde el poder político apro-fujimorista en el Congreso.
«…El fujiaprismo está desplegando una serie de acciones desesperadas para impedir la investigación de corrupción de sus líderes…son movidas estratégicas que se encaminan a un golpe del Congreso fujimorista…», redactó Sinesio López (Corrupción y golpe, La República, 09/11/17).
«…Aun así, el Parlamento ha desplegado una ofensiva sin precedentes que en 16 años ha llevado a decenas de interpelaciones, varios retiros de ministros al borde de la censura, la salida de dos gabinetes por votación parlamentaria (Jara y Zavala), y dos gabinetes con investidura agónica luego de votaciones en ámbar que bien podrían ser consideradas de negación de confianza (Jara y Cornejo)…Nuestro sistema, como el de la mayoría de presidencialismos de la región, no está diseñado para una confrontación extrema sino para la tensión y colaboración razonables, porque el exceso de confrontación erosiona finalmente a todos, incluidos los dos adversarios. Esta es la presidencia que tenemos y debe ser defendida. Su defensa lo es del sistema, incluso de quienes ahora la atacan…», escribió Juan De la Puente ( Defensa del presidencialismo , La República, 10/11/17).
Incluso, el catedrático de Harvard, Steven Levitsky, que es un referente para analizar al fujimorismo y que previamente a la campaña electoral del 2016 declaró que el fujimorismo estaba cambiando, ahora sentenció, «… Por razones que muchos desconocemos, el esfuerzo de Keiko para moderarse fue abandonado y ahora el comportamiento del fujimorismo en el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha sido más autoritario que nunca. Me hace recordar al fujimorismo de los noventa y es muy lamentable y peligroso…», (El fujimorismo es hoy más autoritario que nunca, La República, 10/11/17).
El diario conservador El Comercio, que en los 90s apoyó a la dictadura de Alberto Fujimori, ha sacado toda la semana notas periodísticas deslindando del grupo Graña y Montero y éste a sacado comunicados denunciando al fujimorismo y que de avanzar la cancelación de la empresa, pues, se perderían miles de puestos de trabajo así como grandes inversiones en distintas obras del país.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha respondido a la arremetida fujimorista diciendo que nos e va amilanar y que va a seguir adelante con las investigaciones.
De esta forma, hemos llegado a una situación suigeneris de impase político en la que, talvez, ninguno de los poderes facticos que aplaudieron el encarcelamiento de Ollanta Humala, esperaban verse. Y es que las leyes sociales tienen su propia dinámica. Por más que Keiko y Alan, y su estrategia de co-gobierno neoliberal (con sus contradicciones), con el gobierno, creían que tenían atrapado a PPK (por su rabo de paja cuando premier y ministro de Economía de Toledo), éste último se ha visto obligado (talvez por presión de los yanquis), a dejar (o negociar), que el escándalo Lavajato siga su curso involucrando a los líderes políticos antes mencionados para poder sostenerse en el gobierno o porque ya no puede hacer nada y es la consigna de Washington.
Esta cuestión ha conllevado a una mayor polarización política entre los propios poderes facticos. Por un lado, el bando del apro-fujimorismo, y por otro, el bando del grupo inmobiliario Graña y Montero (del grupo Miroquesada que controla el 75% de la prensa escrita en Perú), PPK y el progresismo.
¿Hasta dónde llegará este enfrentamiento? No lo sabemos. PPK y la embajada norteamericana tienen sus contradicciones con el fujimorismo, pero es difícil pensar que quieran poner en riesgo el sistema político que les beneficia. Lo que si podemos asegurar es que si el fujimorismo pensaba estratégicamente en «blanquearse» durante las elecciones pasadas para conquistar el voto moderado o escéptico, pues, con esta estrategia del «achoramiento» o de confrontación a despejado las dudas en algunos sectores de intelectuales progres o de clases medias. Por tanto, es probable que a éste movimiento político no le quede nada más que la confrontación hasta pedir la vacancia del inquilino de la Casa de Pizarro.
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