El Parlamento italiano aprobó ayer otro decreto-ley más. Contiene una serie de medidas contra la crisis, entre las que destaca por su gravedad una que llaman el «escudo fiscal», una norma que permite la repatriación o la regularización de actividades financieras o patrimoniales -hasta mediados de diciembre- que se posean de forma ilegal en paraísos […]
El Parlamento italiano aprobó ayer otro decreto-ley más. Contiene una serie de medidas contra la crisis, entre las que destaca por su gravedad una que llaman el «escudo fiscal», una norma que permite la repatriación o la regularización de actividades financieras o patrimoniales -hasta mediados de diciembre- que se posean de forma ilegal en paraísos fiscales con fecha 31 de diciembre de 2008. Es decir, que si uno ha evadido dinero a paraísos fiscales podrá legalizarlos pagando un impuesto equivalente al 5% de su monto. Según la Guardia di Finanza y la Agencia delle Entrate, que citan datos de la asociación de los banqueros privados, se calcula que de ese modo aflorarán 300.000 millones de euros actualmente en el extranjero. Según Reuters, fuentes bancarias más prudentes cifran entre 50.000 y 100.000 millones de euros el capital total que emergerá, lo que supondrá ingresos de entre 2.500 y 5.000 millones de euros. . La norma garantiza el anonimato en la declaración del capital. Además dichas declaraciones no podrán utilizarse contra el contribuyente ni en sede administrativa ni judicial. Los intermediarios no tendrán la obligación de señalar las operaciones sospechosas de lavado de dinero. En definitiva: los evasores gozarán de inmunidad penal y fiscal. Por eso, hay quien califica esta norma no como escudo, sino como una pura y dura amnistía fiscal.
Por si fuera poco el «escudo fiscal», mediante una enmienda a la norma se han condonado otra serie de delitos como los siguientes:
-delitos tributarios como declaración fraudulenta mediante uso de facturas u otros documentos; declaración fraudulenta mediante otros artificios; declaración infiel; omisión de declaración; ocultamiento o destrucción de documentos contables;
-delitos penales en materia societaria: falsas comunicaciones sociales, falsas comunicaciones sociales con daño a las mismas a sus socios o acreedores;
-delitos penales como falsedad material cometida por un privado; falsedad ideológica cometida por un privado en acto público; falsedad en registros y notificaciones; falsedad en escritura privada; uso de actos falsos; supresión, destrucción y ocultamiento de actos verdaderos; falsedad relativa a documentos informáticos; falsas copias auténticas en lugar de originales;
No es la primera vez que se toman en Italia medidas similares. En 2001 y 2002 se hicieron dos similares que permitieron que afloraran 73.100 millones de euros y que comportaron unos ingresos de 2.100 millones de euros. Roberto Scarpinato, fiscal en la Dirección Antimafia de Palermo, autor del libro Il ritorno del Principe, recuerda que en 2001, sólo se investigaron 300 casos de operaciones sospechosas. 300 casos sospechosos en un volumen de 73.000 millones de euros. Ninguno en Sicilia. «Así -dice Scarpinato- un flujo enorme e imprevisto de dinero afluyó como un río cárstico invisible en la cuenca de la economía legal con efectos contaminantes y distorsionantes en el mercado libre». Nuevos ricos con liquidez irrenunciable se compraban todo tipo de negocios del ramo turístico en el centro y norte de Italia, lejos de las tierras con tufo a Mafia. Hoy, Italia -dice Scarpinato- teje y desteje la tela de Penélope: primero pide a sus ciudadanos que se expongan con agallas y denuncien a quienes les pretenden extorsionar; más tarde, en silencio, se da la vuelta y hace caja sin preguntar de dónde sale el dinero. «Porque, ya se sabe: ‘pecunia non olet'», concluye Scarpinato.
Francesco Greco, fiscal adjunto de Milán, participando en el Festival de Derecho en Piacenza, resume lacónico la situación actual: «Italia es un país offshore. Una nación que ha despenalizado la falsedad en documento oficial y privatizado la sección de delitos societarios. Y que ahora promulga con el escudo fiscal una suerte de amnistía total sin pedir nada a cambio a los evasores». Actualmente, para que la evasión fiscal constituya delito, hace falta evadir una cantidad superior a 103.000 euros por cada año fiscal. Greco afirma que «Italia es, a su manera, un paraíso fiscal. Garantizamos la impunidad mejor que Suiza y Liechtenstein. Allí se pagan los impuestos de verdad, y cuando se abre una cuenta en el banco hay que identificar al verdadero beneficiario económico. Aquí, no».
La rabia de los ciudadanos honrados, que pagan religiosamente sus impuestos, era ya mucha al conocer la existencia del decreto-ley que contenía el dichoso escudo, pero al conocer los detalles de la votación en el Parlamento, hubo quien cayó otra vez en la desesperación. No era para menos: si la oposición hubiera estado presente en el aula al completo el día 30, el decreto no habría pasado. Perdieron por 27 votos, pero faltaban ese día en el hemiciclo 51 miembros del Partido Democrático, dos de la Italia de los valores y seis de la UDC (democratacristianos). Faltaban los nombres más renombrados del PD, atareadísimos en la lucha por la hegemonía dentro del PD: D’Alema, Franceschini, Bersani, Rutelli… Dos días después, el viernes 2 de octubre el escudo se convirtió en ley por 20 votos de diferencia. Faltaban otra vez 29 votos de la oposición: un diputado de la Italia de los Valores, 22 del PD y seis del UDC.
Quedaba tan solo una esperanza para que la atrocidad de la amnistía fiscal no fuera ley definitivamente: que el Presidente de la República no la firmara, pero ya ha anunciado que lo hará porque «no se trata de una amnistía». El diputado Francesco Barbato, de la Italia de los Valores, acusó ayer a la mayoría y al presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, de ser «mafiosos». Una salida de tono «objetivamente grave» según el Presidente del Parlamento, Gianfranco Fini. Y es que ya se sabe, las mafias no existen…