“Los que van a recibir a JOH son idiotas o corruptos” (Mike Vigil, exdirector de la DEA)
“Si se salva de esta justicia, Dios lo enviará al séptimo anillo del infierno” (Porfirio Lobo Sosa, expresidente de la República)
“Será un buen consejero del Partido Nacional” (Tomas Zambrano, presidente del Congreso Nacional)
El domingo 26 de julio de 2026 quedará escrito en las páginas de la historia de la política hondureña como el día del regreso al país del expresidente de la República Juan Orlando Hernández (JOH), que gobernó entre 2014 y 2021, con clara violación de la Constitución de la República al estar prohibida la reelección presidencial donde diputados y magistrados del partido liberal fueron cómplices de dicha violación, tal como se registra en las páginas de la historia y prensa independiente.
El expresidente Hernández fue acusado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y tráfico de armas y condenado a 45 años de cárcel. La población hondureña, oposición política y varios funcionarios y políticos del Partido Nacional que se beneficiaron de sus mandatos, estaban convenidos que éste, como el de su hermano, Tony Hernández, acusado por narcotráfico y sentenciado a cadena perpetua, era caso juzgado y poco se sabría de su situación en la cárcel.
No obstante el 1 de diciembre de 2025, y después de haber cumplido cerca de cuatro años en prisión, el presidente Donald Trump decidió hacer uso del indulto presidencial para condonar la prisión de JOH y otorgarle su libertad, lo cual, como dicen los juristas que conocen del caso, no le exime de los delitos cometidos y por los cuales fue juzgado y sentenciado. Curiosamente, ello ocurrió a pocos días de celebrarse las elecciones generales en el país (27 de noviembre de 2025) y donde resultó electo presidente Nasry Asfura, con claras evidencias, según los asesores legales de los candidatos de oposición y prensa no tarifada, de fraude electoral.
Tanto los dirigentes del partido Libertad y Refundación (LIBRE), como del Partido Liberal, manifiestan que en ese proceso electoral estuvo presente la mano del presidente Trump al llamar a no votar por Rixi Moncada y Salvador Nasralla, una juzgada por dirigentes nacionalistas como “comunista” y otro por su amistad con Manuel Zelaya Rosales. Aunque no se ha comprobado, estas declaraciones de Donald Trump incidieron también para que la dirigencia y dueños del Partido Liberal marcaran la cancha de la abogada Ana Paola Hall, presidenta Consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), con decisiones en contra de Salvador Nasralla y Rixi Moncada.
El expresidente Hernández regresa después que un juez suspendiera la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol, con manifiesta intención que enfrentará la justicia hondureña y se presentará voluntariamente a los juzgadospara demostrar su inocencia por cargos de corrupción, lavado de activos y desvío de fondos, pero además que no está interesado en involucrarse en política, mucho menos aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Viene al país a atender asuntos de familia, el enlace matrimonial de una de sus hijas.
En el llamado caso Pandora II, “según el requerimiento fiscal al que tuvo acceso Contracorriente —presentado el 11 de octubre de 2023—, de los más de 288 millones de lempiras sustraídos del Estado a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, al menos 62 millones (unos 3 millones de dólares al cambio de la época) se usaron, de forma directa e indirecta, para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013”[1] Estos fondos salieron, según la investigación realizada, de los presupuestos de instituciones públicas, violando las normas presupuestarias vigentes.
Hay posiciones encontradas con su retorno. Por un lado, simpatizantes y dirigentes del Partido Nacional que se beneficiaron de sus mandatos, se muestran a favor y alegres, argumentando que se ha hecho justicia, ya que no fue probada su culpabilidad. Dirigentes de base, como Mercedes Saravia, hablan que no ha existido un líder como JOH, y sus obras están a la vista. Para Marvin Ponce, uno de los principales amigos de JOH, y asesor presidencial, su regreso tiene de correr a dirigentes del Partido Nacional y Liberal que conspiraron para que fuera extraditado, en clara alusión a Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya. Se cree que Marvin Ponce fue nombrado asesor del Gobierno de Nasry Asfura por orden expresa de JOH.
Tomás Zambrano, virtual candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional en noviembre de 2029, está convencido que JOH viene de asesor a la dirigencia y rencontrarse con su familia, no aspirar de nuevo a la “guayaba”, o designar un candidato o candidata de su familia. Con JOH, diría Porfirio Lobo Sosa, nada se sabe y nada está escrito. El abogado Zambrano ha sido fiel a JOH y uno de sus principales colaboradores desde el Congreso de la República, como ejemplo las acciones ejecutadas para no dar continuidad al convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de Naciones Unidas.
Los que están en contra son más. Un pueblo que votó en las elecciones de noviembre de 2021 a que siguiera el Partido Nacional en el poder, donde era claro el control de JOH sobre Nasry Asfura, el candidato, al enfrentar un proceso con la justicia hondureña por malversación de fondos públicos. También los dirigentes y diputados del partido liberal, no pertenecientes al lado “oscuro”, encabezados por Salvador Nasralla, quien siempre denunció a JOH por estar involucrado en actividades de narcotráfico. En el caso de LIBRE hay un fuerte grupo de dirigentes y diputados que se oponen al regreso, pero otros se mantienen callados, al ser beneficiados con proyectos y subsidios en los gobiernos nacionalistas, involucrados -incluso- con el narcotráfico.
La prensa mediática se muestra callada, pero muchos periodistas están alegres del regreso ya que, como se demostró por el Ministerio Público, unos 77 de ellos y otros miembros de la cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) recibieron 100 millones de lempiras de Casa Presidencial por emitir opiniones favorables al gobierno. Esperan que esta práctica se repita con el regreso de JOH, ya que no fueron juzgados ni condenados. Lo mismo sucede con los dueños de los principales medios de comunicación que recibieron contratos de publicidad, proyectos en sectores de salud, energía y servicios manejando recursos del Estado con pocos controles. Se dice que JOH tiene agarrados del “pelo”, y de otros órganos, a periodistas de los principales medios de comunicación del país, sus directivos y dueños.
Hay también un rechazo de organizaciones sociales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, que enfrentaron las decisiones, acciones, programas y proyectos de su Gobierno, destinados a favorecer grupos económicos con exoneraciones fiscales, leyes y decretos a favor de la venta del territorio nacional y el cercenamiento del hábitat natural de pueblos ancestrales como los lencas y garífunas; así también, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y asesinatos de dirigentes.
La preocupación, desde el llamado pensamiento independiente, es la continuidad de la degradación de la clase política y sociedad hondureña, con pérdida de valores morales y éticos, con una institucionalidad debilitada y carcomida por la corrupción y penetrada por el narcotráfico. Una historia que se repite, donde el discurso apunta cada cuatro años al fortalecimiento de la institucionalidad con reformas electorales que permitan elecciones libres y transparentes, una segunda vuelta y la participación ciudadana en forma efectiva en órganos electorales. Ello acompañado de mejores órganos judiciales, con acompañamiento de la comunidad internacional, ya que la confianza en militantes y funcionarios de los partidos políticos e instituciones se perdió hace tiempo.
No hay duda que JOH asumirá, entre bastidores, las riendas del partido y del Gobierno, ya que la “racha” no arranca y luce débil y poco efectivo. Es más, en estos seis meses de gestión, muchos de los ministros, directores, asesores y diputados nombrados y afines a JOH, como también una parte de la prensa mediática, han dado la impresión de conspirar contra Nasry Asfura para grabar en el imaginario colectivo que el único salvador es JOH. Se espera la llegada al país de los exfuncionarios, muchos de ellos refugiados en Nicaragua, para poder ir conformado el gabinete en la sombra del llamado líder máximo del Partido Nacional. JOH trae una agenda nueva para Honduras, avalada por Donald Trump y empresarios gringos.
De su discurso una vez en el país, destaca su disposición para enfrentar la justicia en Honduras, recuperar los bienes de sus padres que fueron confiscados y apoyar la gestión del Gobierno, manteniéndose vigilante. El problema es hasta qué punto la justicia hondureña penetrada por la corrupción y el narcotráfico actuará con independencia, más aun si se sabe que las piezas fueron acomodadas por el Congreso de la República a favor de JOH, destituyendo al Fiscal General y relevando de su cargo a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para colar un magistrado afín a sus intereses. Lo cual quiere decir, contrario a lo que piensa la Directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, que la suerte está echada, al no existir tal independencia.
Nota:
[1] Ver contracorriente.red, 27 de julio de 2026.
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