Honduras debe aprender de las malas lecciones de sus gobernantes. No solo se trata de lo relacionado con la elección de gobernantes narcotraficantes y corruptos, sino con una estructura político-institucional que se resiste a cambiar. Es una estructura que se ha venido consolidando después del golpe de Estado, pero que existía desde antes.
Hay varios factores que explican lo anterior. Uno de ellos, y quizá el más publicitado en el exterior, es la falta de una institucionalidad pública creíble de lucha contra el narcotráfico y corrupción, que supere la creación de nuevos ministerios y organismos del Estado para combatir estos flagelos. Las competencias asignadas no se ejercen, ya que se contratan personas poco competentes y “expertas” en todo, menos en aplicar la ley, respondiendo a decisiones de autoridades de gobierno de alto nivel violatorias de la legislación creada.
Un ejemplo, a manera de recordatorio, es una práctica corrupta que permite la autorización para asignar y reasignar recursos del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos por el presidente de la Republica, sin consulta a la Secretaria de Finanzas (SEFIN).
Lo anterior sucedió no solo en el gobierno de “facto” de Roberto Michelleti Bain (Junio-diciembre de 2009), sino también en los gobiernos de Pepe Lobo (2010-2013) y Juan Orlando Hernández, JOH, (2014-2021). Igual, se autoriza la ejecución de programas y proyectos sin seguir el proceso definido por la SEFIN en el marco del Sistema de Administración Financiera (SIAFI). A ello se debió, entre otras cosas, que personas ligadas a organizaciones del crimen organizado pudieran beneficiarse de la puesta en marcha de programas y proyectos autorizados por el gobierno, pero que no se ejecutaron, asignándose los recursos a ONG fantasmas.
Hay también denuncias de organismos internacionales y consultores independientes que los costos de la obras de infraestructura en Honduras son los más altos de la región, lo cual es una mala práctica de gestión pública que se presta a la corrupción. Se habla de 2 millones de dólares como costo de construcción de un kilómetro de carreteras, que muestra un inflamiento de las obras.
Se agrega el problema de la “piñata” en el Congreso de la República, que permite asignar fondos públicos a los diputados para que ejecuten obras, sin que exista un mecanismo transparente de seguimiento y evaluación de estas, igual de sus resultados e impactos. Se sabe que los narcotraficantes financiaron la candidatura de varios diputados, y no es de extrañar que parte de estos fondos sean utilizados por el narcotráfico para diversos propósitos.
Se pensó que con el fortalecimiento de la policía nacional se iban a eliminar vicios del pasado, como el uso de fondos públicos por los militares, sin embargo, la evidencia demuestra que más bien esta práctica se fortaleció y muchos de los miembros de la cúpula policial han sido mencionados como involucrados en actos de corrupción, pero también en actividades de narcotráfico.
La clase política en Honduras no aprende de las lecciones anteriores, y sigue pensando que las instituciones electoreras y de control de la corrupción deben ser copadas por el partido en el poder, como una protección previa en caso de perder la elección futura. En el caso de JOH fue evidente el control del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Tribunal de Cuentas, entre otras, lo cual le valió que sus triunfos electoreros denunciados como fraudes no fueran investigados y prácticas diarias pasaran desapercibidas, ya que no hay evidencia de un requerimiento fiscal por denuncias de involucramiento en actos de corrupción y narcotráfico de él y allegados.
El viernes 8 de marzo de 2024, JOH fue encontrado culpable por la justicia norteamericana, cansada, según ciertos analistas políticos del partido Libertad y Refundación (LIBRE), de tanta “vulgaridad” e impunidad contra crímenes que afectan al país del norte y sus recursos financieros y ayuda bilateral. Los delitos incluyen importación de cocaína y conspiración para traficar con armas.
“Juan Orlando Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para gestionar el país como un Estado narcotraficante donde se permitía a narcotraficantes violentos operar prácticamente con impunidad, y la población de Honduras y Estados Unidos se veía obligada a sufrir las consecuencias”, expresó el fiscal general Merrick B. Garland. “Como lo demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia está desmantelando el ecosistema entero de redes de narcotráfico que perjudican al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto tengamos que llegar”.[1]
En Honduras, varios de los mencionados en el juicio contra el presidente Hernández, se han presentado a la Fiscalía de Gobierno para conocer de sus casos y si existen requerimientos en marcha en su contra; sin embargo, faltan muchos más. Otros, acusados de actos de corrupción están prófugos de la justicia y presos. Los Fiscales en propiedad, nombrados por el Congreso Nacional, manifiestan que no habrá tregua contra los implicados ¡0jalá!
Hay información -no comprobada- de ciertos diputados dispuestos a no seguir con la vigencia del acuerdo de extradición con EEUU firmado en el gobierno de JOH; pero han sido desmentidos por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y otros miembros de la Junta Directiva pertenecientes al Partido Libre.
Hay una carrera contra reloj por parte del gobierno, referida al cumplimiento de la promesa de campaña por la presidenta Xiomara Castro, de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e impunidad en Honduras (CICIH) con apoyo de las Naciones Unidas, parecida a la de Guatemala con independencia y amplias competencias y funciones. Se trabaja en ello, y el Canciller de la Republica, Enrique Reina, se muestra optimista, contrario a miembros de la oposición política que desde ya lo están utilizando como parte de la campaña política contra la candidata oficial de LIBRE, abogada Ricci Moncada, incorporada a la Comisión de Gobierno para instalar la CICIH.
Mientras tanto, la defensa de JOH en Nueva York ha presentado una solicitud para repetir el juicio del exmandatario, aduciendo que se aceptaron falsos testimonios por un perito de la DEA, caso de Jennifer Taul, diciendo que en Honduras aumentaron los envíos de drogas en el gobierno de JOH, cuando sucedió todo lo contario, según documentos en poder de la esposa del presidente, Ana de Hernández, entre otros argumentos. Se espera que antes de 16 de abril se conozca la respuesta, en tanto la sentencia está prevista para el 26 de junio de 2024.
A lo interno hay que ir corrigendo fallas de origen. Una, la funcionalidad de las organizaciones de lucha contra la corrupción, buscando hacerlas independientes de las decisiones e intereses político-partidarios. Hay que fortalecer la Fiscalía, en especial la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Publico que dirige el Fiscal Luis Santos. Pero, también, conviene abrir más espacios para que la sociedad civil y población se involucre y participe en acciones de lucha contra la corrupción y decisiones mal orientadas contra el crimen organizado.
Al parecer, ya no hay tiempo para la segunda vuelta electoral, la elección de diputados por distrito electoral, voto en el exterior, y la garantía de una política limpia, pero puede legislarse de cara a los nuevos procesos electorales.
Nota:
[1]Ver Comunicado de Prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, viernes, 8 de marzo de 2024.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.