Corrupción endémica marca al sistema electoral
Pocas horas después de la renuncia y detención del ex presidente de Guatemala el jueves 3 de septiembre, el propio Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon publicó un comunicado sobre los sucesos del país centroamericano. Ampliaba así el impacto internacional de los recientes eventos «chapinos» que acapararon en esta primera semana de septiembre la atención de una parte de la opinión pública internacional.
La voz «institucional»
En su mensaje, Ban Ki-moon expresa su confianza «en que las autoridades acatarán la Constitución y garantizarán una transición ordenada y democrática» y llama «a todos los guatemaltecos y guatemaltecas a asegurar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un ambiente pacífico».
El Secretario General de la ONU reiteró que está al tanto del deseo profundo de la ciudadanía «de poner fin a la corrupción y la impunidad», y en pro de «reformas legales y políticas». También convoca a las autoridades y a todos los sectores de la sociedad «para que trabajen juntos con el fin de fortalecer las instituciones y el estado de derecho en el país».
El ex general Otto Pérez Molina se vio obligado a renunciar como presidente de la República el primer jueves de septiembre para enfrentar acusaciones sobre su participación en una red que cobraba sobornos millonarios a empresarios y que promovió hechos delictivos de contrabando en el sistema nacional de aduanas. Desprovisto de impunidad fue detenido y pasó su primera noche de arresto en la cárcel del cuartel de Matamoros.
El Congreso juramentó ese mismo día como nuevo presidente a Alejandro Maldonado, quien había asumido la vicepresidencia en mayo pasado tras la renuncia de Ingrid Roxana Baldetti, inculpada por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y detenida desde fines de agosto.
El mismo jueves 3 de septiembre, luego de la dimisión de Pérez Molina, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala se pronunció enfatizando que la actual » crisis política… debe ser vista como una oportunidad de cambios serios y profundos para que se avance en la agenda de las reformas políticas y legislativas que la ciudadanía demanda».
Dicho pronunciamiento onusiano propone que en «las decisiones que el país ha de tomar en los próximos días debiera tenerse muy en cuenta a la voz ciudadana, quien por un lado expresa su rechazo ante los hechos de corrupción denunciados y por el otro celebra que se haya escogido la vía constitucional para resolverlos».
Las democracias más estables del mundo, enfatiza, «son aquellas en donde le han conferido un papel vital a la sociedad civil, incluyendo la observación de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, así como el estricto cumplimiento de los derechos humanos».
Sistema corrupto
Pocas horas antes de la renuncia de Otto Pérez Molina, un lúcido editorial del periódico suizo Le Courrier en su edición del miércoles 2 de septiembre, anticipaba los hechos inminentes y realizaba un análisis histórico de las últimas décadas de gobiernos guatemaltecos.
El periodista Benito Pérez, bajo el título «Las autoridades pasan, la corrupción permanece» interpelaba sobre las causas profundas del deterioro del sistema político de ese país centroamericano. ¿El inicio de una nueva era en Guatemala?, se pregunta. «Quisiéramos creerlo. Pero la repetición de mandatos fraudulentos desde el fin de la guerra civil en 1996 no incita al optimismo», se responde el afilado analista de asuntos latinoamericanos.
Lucha contra la impunidad
Los sucesos institucionales de las últimas horas – que arrancaron ya varios meses atrás-, han sido sistemáticamente denunciados por diversas instituciones nacionales e internacionales presentes en ese país, en particular por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Dicha Comisión -constituida en 2007 como órgano independiente con el apoyo de las Naciones Unidas- había expresado su reconocimiento a fines de octubre del 2012 cuando el Congreso de ese país aprobó la Ley contra la Corrupción.
En un reciente informe «El Financiamiento de la Política en Guatemala», publicado en julio de este año, la CICIG llega a conclusiones muy críticas sobre la repercusión de la corrupción en el entramado del poder económico y el sistema electoral y partidario.
En Guatemala, subraya, «los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados. Los partidos con expectativa de éxito electoral son quienes exceden gastos de campaña sin explicar el origen de los fondos. La mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción. Este sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado el sistema de partidos».
Con el agravante, según la misma institución, «que los porcentajes de impunidad de delitos electorales son de 95 al 100%. Esto permite aseverar con contundencia que Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia», concluye.
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