El reciente anuncio del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sobre la salida de su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin dudas forma parte de una larga cadena de inconformidades con este apéndice de la Organización de Estados Americanos (OEA). La propuesta de Chávez, aprobada por la Asamblea Nacional con 91 votos […]
El reciente anuncio del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sobre la salida de su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin dudas forma parte de una larga cadena de inconformidades con este apéndice de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La propuesta de Chávez, aprobada por la Asamblea Nacional con 91 votos a favor y 21 en contra, generó una amplia sucesión de opiniones divergentes sobre el órgano regional, del que se asegura está en decadencia. El pasado 30 de abril, el gobernante se pronunció a favor de que el Consejo de Estado realice un «estudio acelerado» y formule una «recomendación al jefe de Estado para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
«¡Ya basta! ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esta espada de Damocles? La CIDH es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros. Hace ya rato que hemos debido retirarnos», remarcó Chávez. Al respecto, su ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, considera que la CIDH sólo obedece a los intereses de la «mafia internacional» que representa Estados Unidos en la región y que existen «demasiados elementos» que acreditan su «decadencia moral y jurídica».
Explicó que desde 1959, cuando se fundó, hasta el año 2000, la CIDH solamente admitió cinco casos por violaciones de derechos humanos en Venezuela, a pesar de las «abundantes» denuncias sobre desapariciones forzosas durante gobiernos anteriores.
Maduro aseguró que Venezuela «tiene suficientes principios morales para defender su soberanía e independencia, frente a un organismo convertido en un tribunal supranacional, que suplantando funciones, quiere decirles a los tribunales venezolanos lo que tienen que hacer. Eso no lo permitiremos».
Sin embargo, en los últimos 12 años, desde que Chávez asumió la dirección del país, el ente ha admitido 36 denuncias contra el gobierno de Venezuela por violaciones de derechos humanos, «sin ningún tipo de argumento, ni sustento jurídico», detalló el canciller.
También consideró que el órgano de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, tiene una «doble moral», porque Estados Unidos y Canadá no lo han reconocido al argumentar que supondría una violación de su soberanía.
Washington y Otawa, pese a que no están suscritos al acuerdo de San José, que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar los casos denunciados por la entidad, son dos de sus mayores financistas. Sólo en 2010, Estados Unidos donó 400 mil dólares a la CIDH y Canadá contribuyó con 748 mil 600, del total de los cerca de 4 millones que recibió provenientes de varios estados miembros o de observadores permanentes y también de la Unión Europea.
Lo cierto es que este órgano principal y autónomo de la OEA, integrado por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington, DC, ha estado en tela de juicio en numerosas ocasiones. Críticas a la CIDH
Además de Venezuela, Brasil, Perú, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, otros países han cuestionado el accionar de la CIDH en diversos casos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la acusó de ser una entidad politizada bajo la influencia de Estados Unidos, en el caso de una demanda de Managua por la falta de derechos humanos y derechos de los nicaragüenses que trabajan en Costa Rica, en 2006.
Ortega aseguró que la CIDH favoreció a la vecina nación, en su opinión bajo «la influencia del gobierno estadunidense». También, y más recientemente, el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso reformar la CIDH, a la que acusó de introducirse en asuntos internos de su país.
«Se acabó la fiesta, hemos dejado mucho tiempo que una burocracia domine, someta a estados soberanos, a gobiernos democráticos! ¡Basta, no lo seguiremos permitiendo!», dijo Correa.
El mandatario ratificó sus críticas contra el órgano, encargado de vigilar los derechos humanos en la región, por haber otorgado medidas cautelares para que fuera suspendida la sentencia contra tres directivos y un exeditor del diario El Universo, a los que demandó por injuria.
La CIDH «destrozó su propio reglamento» al conceder las medidas aun cuando el fallo no estaba en firme, al no haberse agotado los recursos procesales, señaló Correa, al tiempo que propuso que la CIDH «sea básicamente un sistema latinoamericano».
También, su ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA, que la CIDH se extralimitó en el caso de El Universo y le acusó de haber violado la Convención Americana. El jefe de la diplomacia ecuatoriana calificó a la CIDH de «ente inquisidor contra los estados» y pidió que en la reunión de cancilleres del organismo en junio próximo, en Bolivia, se discuta una reforma del estatuto de la CIDH.
Asimismo, el agente de Venezuela para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, advierte que la CIDH «no se ocupa verdaderamente de defender a los pueblos» y actúa en defensa de ciertos poderes económicos. En la recién concluida reunión de ministros de Defensa, Interior, Justicia y cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, Ecuador y Venezuela coincidieron en la urgencia de crear una nueva instancia de derechos humanos, independiente de la CIDH.
Al respecto, el ministro ecuatoriano de Defensa, Miguel Carvajal, subrayó que su país ha planteado la necesidad de que en los temas de la región se desarrollen instituciones específicas dentro de la Unasur. La propuesta de Quito, según explicó, se basa en la multiplicidad de ocasiones en las que los organismos internacionales de derechos humanos han abusado de la confrontación política interna. Por ello, dijo, lo que se pretende con una nueva instancia es proteger y profundizar los derechos sociales, humanos y políticos de una región que busca más democracia, equidad y desarrollo sustentable y se perfila con una proyección interesante.
Por su parte, el canciller venezolano se expresó en similares términos al llamar a los países de la región a crear una nueva institución de derechos humanos, independiente de la OEA.
Maduro invitó a que la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) construyan sus propias instancias «para garantizar, velar, vigilar los derechos humanos desde nuestra experiencia, no desde la de una burocracia internacional controlada desde Washington».
La Comisión Interamericana, aunque realiza su trabajo con base en tres pilares: el Sistema de Petición Individual; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias, en realidad sólo defiende los derechos del capital, en opinión del escritor venezolano Luis Britto García.
Para el intelectual, la CIDH «nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza, pero sí condenó a la Revolución sandinista. Cuando el presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga».
Añade que nada hizo cuando el expresidente de Honduras Manuel Zelaya fue secuestrado, ni tampoco movió un dedo cuando el presidente Correa fue secuestrado y tiroteado por golpistas. A pesar de esa tendencia, cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara, enfatizó Britto.
Si los derechos humanos son violados por «un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura, a todo lo que hace la vida digna y posible», subrayó Britto al referirse a la actuación de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.