En tiempos de crisis el Príncipe echa mano de todo lo que pueda calmar su voracidad insaciable. Aún sin apagarse del todo la polémica por el decreto mediante el cual se aprobaba el escudo fiscal para que regresen capitales evadidos al fisco pagando tan sólo un 5% -garantizando el anonimato del evasor-, ya se han […]
En tiempos de crisis el Príncipe echa mano de todo lo que pueda calmar su voracidad insaciable. Aún sin apagarse del todo la polémica por el decreto mediante el cual se aprobaba el escudo fiscal para que regresen capitales evadidos al fisco pagando tan sólo un 5% -garantizando el anonimato del evasor-, ya se han adoptado nuevas medidas que perfilan la gravedad de la crisis que sacude Italia.
El pasado lunes el profesor Salvatore Settis, experto en patrimonio cultural, advertía que la avanzada del gobierno hacia la privatización del patrimonio inmobiliario estatal daba un paso más con la venta de una espléndida cómoda del S.XVII, obra de Antoine-Robert Gaudreaus, ebanista del rey de Francia Luis XV. El valor declarado del mueble es de 15 millones de euros. La razón aducida por el Ministerio a favor de la venta también es signo de los tiempos: la cómoda no es de producción italiana, por tanto hay que excluir que pueda formar parte del patrimonio italiano. Como se ve, la «italianidad», la limpieza de sangre, estos días hay que aplicarla hasta a los muebles (los futbolistas son otra cosa).
Más grave aún es la privatización del agua. Ayer se aprobó mediante voto de confianza (y van 28 en lo que llevamos de gobierno) el decreto Ronchi para la liberalización de los servicios hídricos nacionales. La experiencia internacional -en Francia se vuelve poco a poco a la gestión pública- demuestra que los ciudadanos pagarán más cara el agua, y que, para colmo, el servicio será peor. Las asociaciones de consumidores prevén aumentos del 30% del precio. El presidente del Contrato mundial del agua, Emilio Molinari, anuncia que se impulsarán movilizaciones en todas las ciudades de Italia para protestar contra la medida y que intentarán que Ayuntamientos y Regiones eleven mociones de anticonstitucionalidad de la nueva ley. En último caso, dice Molinari, convocarán un referéndum.
En tiempo de crisis la sed de dinero del Príncipe se traga el agua y la sangre y la savia. A menos que los ciudadanos se lo impidan…