El Tratado de la Constitución Europea (CE) que será sometido a Referéndum consultivo a los pueblos del Estado español el 20 de febrero de 2005, debe ser analizado en el marco del desarrollo de la lucha de clases y del desarrollo del imperialismo. De ninguna otra forma es posible percibir su dimensión real como proyecto […]
La primera afirmación, casi de Perogrullo, pero de enorme trascendencia, es que el modelo ideológico, político, militar, económico, social y cultural que configura la Constitución Europea, no supone ningún cambio cualitativo con respecto al desarrollo histórico de la Unión Europea (UE). Representa un paso decisivo en la institucionalización del mismo y en la construcción de su coherencia interna. Esta constatación que prácticamente nadie niega desde la izquierda, obliga a preguntarse cómo ha sido posible que el largo proceso político de construcción de la UE no haya recibido por parte de las mayores organizaciones políticas y sindicales estales, más que síes críticos o abstenciones en el caso de IU – previa ruptura del Grupo Parlamentario por parte de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya – como en la ratificación parlamentaria del Tratado de Maastricht.
Cuando el PSOE en el gobierno en 1986 centró la argumentación por el SI en el Referéndum de la OTAN – traicionando explícitamente su programa electoral – en su carácter de requisito para la entrada en la CEE, la legítima acusación de chantaje, dado que había y hay miembros de la UE que no integran el Tratado Atlántico, dejaba sin abordar las relaciones de dependencia que objetivamente existieron y existen entre ambas alianzas internacionales. Al profundo sentimiento popular contra el imperialismo estadounidense, que se expresó en un 40% de voto en contra de la OTAN, en medio de una brutal campaña gubernamental que no ahorró amenazas de golpe de estado y de intervención militar norteamericana, no se le aportó análisis crítico alguno acerca del modelo capitalista europeo, ni de su dependencia genética – militar y económica – del imperialismo estadounidense.
Mucho tuvo que ver una transición intervenida, en la que el análisis de clase se diluyó – con la complicidad directa de la izquierda política y sindical – en un pacto social que supuso la renuncia a cualquier proyecto de transformación social y la entrega, atado y bien atado, del potente movimiento obrero y popular construido duramente durante la dictadura. El papanatismo institucional y el cretinismo parlamentario conformaron la enorme losa que configuró, entre otras cosas, la enorme debilidad de la conciencia popular ante el proyecto capitalista europeo que ahora sentimos profundamente instalada.
Liquidado el proyecto revolucionario, la aspiración de la izquierda institucional se centraba en integrar al Estado español en el Pacto Social del «Bienestar». Curiosamente se formulaba justo en el momento en el que hacía tiempo que las políticas neoliberales, tras la operación Cóndor en América Latina y de la mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, marcaban su depredadora hegemonía en Europa y en el mundo. Era una cortina de humo destinada a desactivar la resistencia obrera. La brutal «reconversión industrial» realizada por el gobierno PSOE en 1984 representó la concreción de esas políticas en la masiva destrucción de tejido industrial y de empleo de calidad que, para mayor escarnio, se justificó como el peaje de modernización necesaria para ser admitidos en el paraíso de la CEE.
Los hechos, sin embargo, eran y son, bien evidentes. Fueron los propios EE.UU. quienes, tras la concentración sin precedentes de poderío económico y militar tras la II Guerra Mundial, promovieron la formación de la Comunidad Europea. El Plan Marshall y la OTAN fueron los instrumentos básicos para la creación de un mercado lo bastante grande como para rentabilizar la inversión de las empresas estadounidenses y para asegurar su subordinación militar. La vinculación estrecha entre hegemonía económica y militar en el imperialismo, que Europa vivió y vive, se refleja en datos bien recientes. La USAID, agencia norteamericana creada para administrar el Plan Marshall en Europa, es la misma que ha planificado en Iraq la privatización de sectores económicos y de servicios públicos y su adjudicación a multinacionales norteamericanas, quienes después subcontratan con empresas de otros países – en función de su participación militar en la ocupación – el reparto de Iraq. La misma función en diferentes zonas del mundo, más de 50 años después.
La gestación del proyecto capitalista europeo, subordinado a la hegemonía imperialista de EE.UU., hubiera sido imposible – en un marco de auge de la organización política y militar de las clases populares producto de su decisiva resistencia armada frente al fascismo – sin la colaboración activa de la socialdemocracia – convertida en poderoso baluarte del atlantismo – y de la mayor parte de los partidos comunistas europeos que aceptaron el reparto de Yalta y asumieron la renuncia a alterar la dominación capitalista en sus respectivos países.
La lucha de clases vivió momentos álgidos a finales de los 60 y en los 70 en todo el mundo y también en Europa, sobre todo en Francia, Italia, Grecia, Portugal y España, al calor de la derrota de EE.UU. en Vietnam, del potente movimiento de liberación nacional en países del tercer mundo y de la reconstrucción de la autonomía del movimiento obrero, aliado con el movimiento estudiantil. La derrota de estos movimientos populares se zanjó con brutales dictaduras militares en América Latina y con la enésima reedición de pactos de colaboración de clase en Europa que supusieron, como siempre, integración de las cúpulas dirigentes de los partidos de izquierda y de los sindicatos en los aparatos del estado, con el consiguiente desmoronamiento de sus organizaciones.
El saldo ha sido devastador. En los países de la UE, la construcción mediante los correspondientes Tratados del marco legal e institucional europeo ha sido el gran instrumento para imponer a la competitividad como auténtica ley de hierro para asegurar la concentración de capital y la realización de beneficios, para destruir
derechos sociales y laborales, progresividad fiscal y servicios públicos, y para imponer, en aras de la lucha contra el «terrorismo» , brutales mecanismos de control social que han liquidado décadas de vigencia de derechos civiles y políticos.
Este saldo de barbarie, que se retroalimenta así misma, es el que se debe apuntar a la cuenta de quienes, desde posiciones de derrota preventiva, han justificado la traición de los intereses de clase en aras del mal menor.
En este marco, ¿alguien se puede sorprender de que la Confederación Europea de Sindicatos (CES), aquí CC.OO. y UGT, junto al PP y al PSOE pidan el SI a esta CE? ¿se puede pensar que cuando IU dice «Europa SI, pero no ASÍ» es porque sus asesores de marketing no están bien informados? ¿podemos esperar que algún medio de comunicación – propiedad del gobierno o de las multinacionales – debata y explique a la ciudadanía por qué Giscad D´Estaing y otros cuantos – en lugar de unas Cortes Constituyentes elegidas por el pueblo soberano – han redactado eso que llaman Constitución Europea? ¿por qué son los Estados y no los pueblos, los detentadores de la soberanía? ¿cómo es posible que se niegue cualquier derecho a los trabajadores inmigrantes que viven con nosotros y que crean cada día la riqueza y los servicios que usamos ¿se van a abrir espacios públicos de debate sobre artículos como los siguientes:
Art. 26: La Comisión Europea ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Los Comisarios europeos no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo.
Los actos legislativos de la Unión Europea sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión.
.Art. 40: Se «consultará» al Parlamento Europeo sobre política exterior y de seguridad común, y se le mantendrá informado.
Art. 3: La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un mercado único en el que la competencia sea libre, en una economía social de mercado altamente competitiva.
Art. 30: El Banco Central Europeo será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.
Art. 41: La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión… Respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que seguirá siendo el fundamento de su defensa colectiva… Se creará una Agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa.
En definitiva, el proyecto imperialista europeo, mantiene diferencias con EE.UU en el terreno comercial. Al mismo tiempo de forma contradictoria y como producto de su herencia histórica, sostiene con ellos, hoy por hoy, una subordinación militar estratégica. Además de forma paralela y muchas veces coordinada con ellos actúa, con toda la brutalidad que le exigen sus intereses de apropiación de materias primas, contra los pueblos de África, Asia o América Latina. Pero sobre todo comparte, como siempre ha hecho el capital a lo largo de la historia, el objetivo estratégico de imponer a la clase obrera interna o foránea, las condiciones salariales, de negación de derechos y de liquidación de sus organizaciones, necesarias para asegurar sus beneficios.
Si el gobierno del PSOE va a negar, como ha afirmado, ante el silencio Izquierda Verde y ERC – que dicen apostar por el No – espacios de debate público, corriendo el riesgo que el «talante» de Zapatero y la dignidad de sus socios acabe por los suelos, es porque entre las estructuras de poder cunde un pánico terrible a que la mayoría de la gente intuya el gran fraude de la Constitución Europea. Temen que se identifique con ella la privatización de IZAR, de RENFE, de Correos, de la sanidad y la educación públicas, la precariedad y el paro, la falta de viviendas públicas y el escándalo de la especulación urbanística, los beneficios insultantes de la banca y las grandes empresas, la corrupción elevada a la categoría de norma, los injustificables gastos militares, los impuestos indirectos que pagamos todos y el inconmensurable fraude fiscal de la propiedad privada y, en definitiva, la estafa estructural de una supuesta democracia que hurta al pueblo la toma de decisiones y que tiene a la Monarquía en la Jefatura del Estado como cabeza y símbolo de todo ello.
El tiempo pasa y han sucedido muchas cosas en los últimos años. La realidad social crítica y hasta insurrecta, derrotó al PP. Existe una conciencia social rebelde que no se corresponde ni se reconoce en las burocracias sindicales y políticas cooptadas por el poder y eso es muy peligroso para quiénes, desde las estructuras económicas y políticas, son conscientes y temen la enorme violencia social que genera la pobreza y la desigualdad. Nuestra tarea es transformarla en conciencia. El reto inmediato es construir organizativamente el voto NO a la CE y derrotar su proyecto de dominación que la experiencia de todos los días, vivida por la inmensa mayoría, deslegitima. Construir Plataformas por el No en cada pueblo, en cada barrio, en universidades y centros de trabajo, es la tarea ineludible y prioritaria de cada uno de nosotros.
Es menos difícil si asumimos que la realidad juega a favor nuestro y que como afirmaba Gabriel Celaya: «Soy humilde, soy digno. Las dos cosas a la vez. Soy, como el pueblo, invencible»