Como ya ocurrió en el pasado y desde el siglo XIX en el Perú, cada gobierno de turno opaca al anterior o a los anteriores en los actos de corrupción descubiertos, aun cuando los no descubiertos o no divulgados, precisamente por la recurrente corrupción para ocultar delitos, los descubiertos hoy ponen en la penumbra de […]
Como ya ocurrió en el pasado y desde el siglo XIX en el Perú, cada gobierno de turno opaca al anterior o a los anteriores en los actos de corrupción descubiertos, aun cuando los no descubiertos o no divulgados, precisamente por la recurrente corrupción para ocultar delitos, los descubiertos hoy ponen en la penumbra de la memoria colectiva, si no todas, casi todas las tropelías gubernamentales de esta república que dentro de 10 años más cumplirá dos siglos de descalabrada existencia.
Resulta que el segundo gobierno aprista que fenece el 28 de julio del 2011 ha vuelto a reproducir las atrocidades de su primer fracaso de 1985-1990. Frente a lo que ocurre hoy, el de Toledo aparece como «poco corrupto», y hasta la charca fujimorista, con decenas de procesados y condenados del conjunto esa hidra de la corrupción gubernamental, parece esfumarse de esa memoria históricamente acostumbrada a no saber amar ni odiar.
La ideología de la corrupción
La corrupción en el Perú no tiene vallas ideológicas en un vasto sector de ciudadanos, votantes arrastrados por el clientelismo político o por la ideología militarista que se prosterna ante cualquier dictador con uniforme militar.
Esa ideología, históricamente construida por las clases dominantes y su historiografía laudatoria, se sintetiza en el «apotegma» del dictador Manuel A. Odría, ex gobernante del «ochenio» (1948-1956): «hechos y no palabras», reforzado con el eslogan «salud, educación y trabajo», muy similar al de «educación, tecnología y trabajo», de la dictadura fujimorista.
Pero la propia narración de nuestra historia republicana a través de textos y no pocos tratados de historia para la educación superior, ha contribuido con la ideología de la justificación del robo oficial, de la coima administrativa y te todo tipo de maniobras para apoderarse de no menos del 30% del presupuesto nacional en cada nivel gubernamental. En los textos aludidos figuran los gobernantes con «sus obras», una larga relación de caminos, parques, puentes, edificios, escuelas, calles, etc., cuya exuberancia define su éxito y, por tanto, su derecho a pasar a la historia patria como «el mejor gobernante» del Perú.
En las últimas décadas esta ideología, como percepción falseada de la realidad, se ha extendido y sofisticado en los procesos políticos electorales, desde las elecciones generales hasta las regionales y municipales. El gobierno municipal de Lima es un ejemplo concreto y el más significativo, por su dimensión y por ser el centro de la administración municipal del país. Difícil es calcular la cantidad de dinero estatal que el Alcalde gasta en su propia propaganda, sin mencionar la duplicación inexplicable del presupuesta de la vía «El Metropolitano» y, probablemente, de otras obras públicas ejecutadas o en ejecución. La propia duplicidad del servicio de la salud con los «hospitales de la solidaridad» forma parte de esa propaganda que refuerza la ideología de la corrupción. La reelección de Castañeda Lossio y su campaña actual por la presidencia de la república se basa en ese sedimento ideológico, sistemáticamente administrada en tiempos y propaganda.
Castañeda Lossio, a través de la publicidad política y de una prensa venal y coludida con la ideología de la corrupción, es presentado como un administrador eficaz, pues logró privatizar gran parte de la Seguridad Social por encargo de la dictadura fujimorista, proceso considerado como «modernización», pero cuyos resultados no han cambiado la pésima situación de esa institución denominada «EssSalud. Los cargamentos de cemento, arena y fierros depositados en Lima Metropolitana son considerados otro «éxito» de Castañeda, aunque el sistema de transporte no haya mejorado en lo más mínimo.
Si trasladamos el modelo Castañeda a todos los gobiernos regionales y municipales en el Perú, no encontramos sino la misma estrategia para sembrar esa ideología que justifica cualquier manejo irregular de los recursos a cambio de las obras que, supuestamente, significan progreso, desarrollo, eficacia, éxito y derechos adquiridos para seguir gobernando. Desde luego, no es Castañeda Lossio el creador de esta forma criolla de hacer política. La historia republicana es pródiga en comportamientos similares.
Ante tantas carencias que tiene la población peruana pobre y oprimida, cualquier camino, escalera, puente, parque de recreación o edificio público, puede significar un «buen gobierno», aunque los problemas básicos del país continúen irresueltos, o, lo que es más lamentable, la corrupción actuada por el gobernante y su administración se haya producido, reforzándose la permisibilidad moral, la doble conducta y la anomia ética.
La expresión mejor elaborada por la ideología de la corrupción hoy es: «ha robado, pero ha hecho obras», que en estos años vienen mencionado diversos estudiosos de lo que estamos llamando ideología de la corrupción. Esta ideología puede definirse como un pensamiento que falsea la percepción de la realidad objetiva en aras de un supuesto interés práctico, inmediato y efectivo, marcadamente individual y desligado de la percepción de conjunto de esa realidad. Quienes se benefician de esta ideología, y la promueven, son los gobernantes, la burocracia que los secunda en cada período y no pocos empresarios que se han acostumbrado a los métodos de la coima para lograr ganancias.
(Cuando el señor Luis Bedoya Reyes dijo que el robo cometido por su hijo al recibir dinero del Estado de manos de Montesinos era sólo «un pecadillo», estaba falsificando la realidad, confundiendo una categoría teológica con una categoría ético-jurídica (delito). Y no olvidemos que ese señor es asesor y jefe de la «decente» Lourdes Flores Nano, quien, dicho sea de paso, fue Rectora de la universidad del señor Raúl Diez Canseco, Vicepresidente defenestrado del Gobierno de Alejandro Toledo por actos de corrupción, ex gerente de un empresario que cambió de identidad para escapar a los juicios por narcotráfico. La misma Flores nano, en 1998, apoyó el Tratado de Itamaratí que Fujimori firmó con el Brasil. Como las trapacerías de Alex Kouri son más recientes y más repugnantes, tiene las de perder frente a Flores Nano, que posee la ventaja del olvido colectivo y sintomático de una enfermedad social muy arraigada en el Perú).
Crisis histórica y estructural y corrupción en el Perú
Se puede hacer una historia social de la corrupción, mejor dicho, una sociología de la corrupción en el mundo desde que se formaron los estados como expresiones de las sociedades clasistas; y se puede encontrar ciertas regularidades en el comportamiento de los gobernantes y de las clases sociales oprimidas, regularidades entre las crisis sociales y las manifestaciones de corrupción pública y privada en las clases gobernantes. El ejemplo más claro es el caso del Imperio Romano, cuando el sistema esclavista entró en crisis durante los primeros siglos de la era cristiana y los gobernantes y las clases privilegiadas relajaron su comportamiento público y privado. En medio de esta crisis social actuaron las rebeliones de los esclavos y la incursión de los llamados «bárbaros», luego los turcos, que finalmente destruyeron el Imperio. Un caso similar, pero no igual, ocurrió en la Francia de los Luises en los siglos XV, XVVI, XVII y XVIII, siglos de desintegración del feudalismo y el relajamiento de las costumbres cortesana, sobreviniendo las rebeliones campesinas y luego la lucha de la burguesía por el poder hasta el triunfo de la Revolución en 1789. Estas regularidades en el desarrollo de las sociedades antiguas y modernas debemos de tener en cuenta para evaluar la corrupción actual en el Perú.
En el Perú las regularidades del proceso histórico se producen en un contexto histórico diferente a los casos mencionados y a los de otras sociedades y etapas históricas.
En el caso peruano tenemos la mayor desventaja de que «nuestra» corrupción republicana es una de las peores herencias de la sociedad virreinal, no eliminadas por las clases dominantes de la República porque ellas mismas la necesitaban para seguir perpetuando su dominio. Desde la cúspide del aparato estatal han promovido ese comportamiento hasta convertirlo en un modo de pensar, de vivir y de lograr beneficios «para la familia y los hijos». Así, un político como el hermano de Alex Kouri realizaba sus negocios sucios con dinero del Estado para dotar a su familia de comodidades y aparecer como un «buen padre». ¿Cuántos aprovechadores de los recursos del Estado no actúan con los mismos procedimientos y propósitos, con la misma lógica y justificación de sus actos corruptos? ¡Véase el caso Croussillac, con padre e hijo juntos! Hay, pues, una corrupción de origen histórico, que ha ido conformado esa lacra ideológica a la que nos hemos referido. En los países europeos la corrupción no tiene las connotaciones ni las expresiones tan frondosas y generalizadas como ocurre en nuestro país, pues su historia moderna vivió un proceso de cambios revolucionarios que eliminaron, en gran parte, la ideología de la corrupción. Quienes, entre nosotros, denigran del papel que desempeñó el gobierno revolucionario de Maximiliano Robespierre, buscan esconder su miedo ante una salida radical para transformar el orden social que fundamenta la corrupción.
Pero la corrupción en el Perú no tiene solamente un origen histórico. Es la misma estructura económica y social imperante la que reproduce esa herencia histórica. El contenido patrimonialista del Estado, el carácter marcadamente privatizado de ese aparato de dominio de unas clases sobre otras, dirige y promueve la tendencia a apropiarse de todo lo que sea posible en cuanto se asume una posición de poder. Así, en una economía atrasada, las clases dominantes promovieron el gamonalismo entre ellas mismas, arrinconando cada vez más a las masas indígenas hasta convertirlas en aparceros, yanaconas y arrendires, cuando no en absolutos desposeídos de sus tierras. Llegó la oportunidad de extraer y vender el guano y el salitre, las mismas clases en el poder se enriquecieron, asociándose a los capitalistas extranjeros. ¡Qué no podemos decir, en lo que atañe a Loreto, con la explotación del caucho y la concentración de la propiedad de las «tierras de monataña».
Con el neoliberalismo esa mentalidad patrimonialista se ha profundizado con la tendencia privatizadora de la economía y de los servicios sociales. Lo que el presidente Alan García pretende hacer con las tierras de la Amazonía es venderlas y, como lo demuestra el caso Cofopri bajo su mando (¡Qué no estará bajo su mando!), serían ventas con apropiaciones de recursos bajo la manga, en caso de que el pueblo y los indígenas bajen la guardia.
Los cambios jurídicos no acabarán con la corrupción
En el Estado actual, con una derechización generalizada de la sociedad y el avance del neoliberalismo en las políticas gubernamentales y en la propia mentalidad de la gente de todos los estratos sociales, no es posible, acaso, ni erosionar la corrupción. Las instituciones llamadas a combatirla no cuentan con contingente suficiente de personas honestas como para imponer condiciones de honestidad en el juzgamiento de los delincuentes. Son los corruptos los que manejan esas instituciones, abierta o subrepticiamente. El revés sufrido por el Fiscal Avelino Guillén cuando postuló a un cargo en el aparato judicial, es la prueba más evidente de que hay una corrupción de tipo estructural, vale decir, institucional del Estado, de un Estado en crisis irreversible dentro de los moldes del capitalismo y, en particular, del modelo neoliberal.
Las propuestas de reforma jurídica constitucional y penal que está presentando el candidato a la presidencia Ollanta Humala, especialmente la no prescriptibilidad de los delitos de hurto en agravio del Estado y la no aplicación de los privilegios penitenciarios a estos delincuentes «de cuello y corbata», son importantes, pero insuficientes para terminar con el flagelo que corroe al viejo Estado peruano, que requiere una remoción total de su actual estructura económica y social. Hasta su aprobación en el propio Parlamento peruano es bastante improbable, pues esa institución también es la guardiana del orden social actual en descomposición.
Nuevamente volvemos a la regularidad histórica en el Perú de hoy: a la crisis profunda de la sociedad peruana, corresponde la profundización de la corrupción. ¿Cuándo nos convenceremos de la necesidad de transformar de raíz el Perú?
Es el pueblo el que, con su lucha consciente y organizada, la que decidirá no solamente la erradicación de la corrupción, sino, como condición sine qua non, la creación de un nuevo Estado en el Perú.
José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública
Blog del autor: http://joseramossutep.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.