La agudización de la protesta social ante las continuas medidas antipopulares que buscan profundizar el neoliberalismo por parte del actual gobierno títere del gran capital, ha hecho que éste muestre su careta más reaccionaria y fascistoide, endureciendo la represión y la criminalización de la protesta. En ese sentido el gobierno de Ollanta Humala no se […]
La agudización de la protesta social ante las continuas medidas antipopulares que buscan profundizar el neoliberalismo por parte del actual gobierno títere del gran capital, ha hecho que éste muestre su careta más reaccionaria y fascistoide, endureciendo la represión y la criminalización de la protesta.
En ese sentido el gobierno de Ollanta Humala no se diferencia de los anteriores gobiernos neoliberales de Fujimori, Toledo y García, que no dudaron en utilizar el terror y la intimidación como medios para desconocer la voluntad popular y sumir a las clases trabajadoras y populares bajo la opresión y dominio de la derecha más cavernaria al servicio de los intereses del imperialismo.
El actual régimen de Ollanta Humala en contubernio con el gran empresariado nacional y trasnacional -especialmente las mineras y las petroleras- ha desarrollado una política abiertamente agresiva contra aquellas organizaciones políticas y sociales que se atreven a cuestionar el modelo neoliberal extractivista primario exportador y el todopoderoso mercado autoregulado.
Así, el felón Ollanta Humala no dudó en incumplir su promesa de campaña cuando era candidato presidencial el 2011 y manifestó durante un mitin en Cajamarca: «He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua? (¡No!, respondió el pueblo) Porque, ¿qué es más importante: el agua o el oro? (¡El agua!, le responden). Por supuesto, ustedes no toman ni comen oro, nosotros tomamos agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza. La agricultura necesita el agua (…) Yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca y Hualgayoc con respecto a la minería. Se va a respetar la agricultura, la ganadería y el agua para los peruanos» (http://goo.gl/yMrrbA). Sin embargo, tras haber pasado poco más de tres meses como presidente, se despojó de su vestidura nacionalista y se alineó con los intereses del gran empresariado nacional y transnacional.
Y así, Ollanta Humala, fiel a los designios de los poderosos, ordenó a la Policía Nacional del Perú, reprimir violentamente a quienes se oponían al Proyecto Minero Conga, resultando cinco pobladores muertos, quienes ahora son recordados como los «mártires del agua» (Celendín, 03-07-2012). Otra de las víctimas de la criminalización de la protesta es Gregorio Santos Guerrero, hijo de campesinos, rondero, maestro, presidente del Movimiento de Afirmación Social (MAS) y reelecto Presidente de la Región Cajamarca, quien se encuentra encarcelado cumpliendo 14 meses de «prisión preventiva» en un penal de máxima seguridad desde agosto del año pasado, sin poder formularle acusación y sin sentencia, por el hecho de ser consecuente con sus promesas electorales, ponerse del lado de su pueblo y enfrentar a la poderosa empresa minera Newmont-Yanacocha.
Del mismo modo ante la justa protesta de los hermanos de la Selva Central contra los constantes abusos de la petrolera Pluspetrol -empresa con un extenso prontuario de saqueo y contaminación-, el gobierno optó por acallar la protesta social a sangre y fuego, masacrando a los manifestantes en el distrito de Pichanaki (Junín, 12-02-2014), dejando el saldo lamentable de un fallecido y más de treinta heridos de bala y cerca de cuarenta detenidos. Ante la indignación popular por la brutal represión el Ministro del Interior de ese momento, el genocida Daniel Urresti, mintió descaradamente al afirmar que la Policía Nacional no usó armas de fuego, sólo escudos, pero varios vídeos y fotografías lo desmintieron, por lo que tuvo que aceptar su responsabilidad política y finalmente fue cesado del cargo.
Y de modo similar en Lima, durante las marchas por la derogatoria de la Ley 30288 (o mal llamada «Ley Pulpín»), la Policía Nacional del Perú reprimió duramente a los manifestantes resultando varios contusos y detenidos a quienes se le ha abierto sendos procesos judiciales. Asimismo, en días previos a las marchas se registraron seguimientos y detenciones arbitrarias de activistas que realizaban acciones informativas o de convocatoria. También se pretendió acallar la justa protesta mediante una denuncia preventiva contra una veintena de dirigentes juveniles y populares, en la que se les advertía que si se movilizaban podían ser detenidos.
En la misma lógica de acallar la creciente protesta social, ahora se pretende intimidar y desacreditar a dirigentes juveniles y populares, a través de la denominada «prensa basura» que responde al gran empresariado. Así, el diario Perú 21 publica el 18 de febrero último una nota difamatoria titulada «DIRCOTE detectó a dirigentes afines al MRTA en plantón contra Pluspetrol» (http://goo.gl/hEX76a), tratando de vincular -sin presentar prueba alguna- al compañero Raúl Milla, uno de los voceros de la Zona 10 (Cercado de Lima, La Victoria, Rímac), y al compañero Guillermo Bermejo, integrante del Movimiento Todas Las Voces, con el extinto grupo subversivo MRTA. Lo más grave de la situación es que el día 23 de febrero Bermejo habría sido secuestrado y conducido a la DIRCOTE, acusado ahora de ser presunto militante de Sendero Luminoso (¡ya no del MRTA!) (http://goo.gl/1hxAfZ).
Cuando un gobierno persigue y acosa a quienes expresan el descontento popular, cuando endurece la represión y criminaliza la protesta social -no olvidemos que se encuentra vigente la «Ley de Licencia para matar» (Ley 30151) y otros Decretos Supremos que buscan garantizar la impunidad de policías y militares al hacer uso de la fuerza-, eso quiere decir que entró en una etapa de desesperación. La crisis del sistema capitalista y su modelo neoliberal superó la capacidad de respuesta del actual gobierno y las clases dominantes, y ante el creciente descontento popular y cuando algunos sectores empiezan a cuestionar el actual modelo de crecimiento que sólo beneficia a unos pocos privilegiados y no a las grandes mayorías, ya no le interesa quedar ante la opinión pública y ante el mundo como un gobierno represor y violador de los derechos humanos. En consecuencia, creemos que hay que prepararse para una mayor criminalización de la protesta. Estamos avisados.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.