Dos nuevos episodios han signado el agravamiento de la crisis política que afecta al país y que se iniciara realmente hace ya varios años cuando las fuerzas más reaccionarias resolvieran dar una batalla por tener en sus manos todos los resortes del Poder, ungiendo a Keikko Fujimori -en contra de la voluntad de los peruanos- como la Jefe del Estado.
El primero, tiene que ver con los procesos iniciados por la Fiscalía contra el Presidente, y se orientan a despojarlo de su mandato. El segundo, con la crisis del Gabinete Anibal Torres, habida cuenta de la carta que éste cursara al Jefe de Estado poniendo a su disposición el cargo de Primer Ministros,
Si bien estos dos elementos asoman consustanciales a la actividad del Primer Mandatario; una simple mirada al escenario nacional nos lleva a ver el polvo debajo de la alfombra y perfilar el rostro que asoma a contra luz, Keiko Fujimori brilla allí con luz propia.
Como se recuerda, luego de un repliegue forzado registrado entre el fin de la “década dantesca”, Keiko tentó fortuna electoral en el 2006 logrando ser elegida Congresista de la República. A partir de allí reactivó sus apetitos electorales, pero sufrió severos contrastes en el 2011 ante Ollanta Humala y en el 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski. Más recientemente, una nueva derrota ante Pedro Castillo.
El país entero sabe que ella nunca aceptó su derrota en ninguno de los eventos en los que participó en procura de la Jefatura del Estado. Su labor, siempre colisionó con sus ambiciones de Poder. Como Parlamentaria, por ejemplo, desempeñó una función muy discreta y hasta se acogió a un régimen de “licencia personal” que comprendió hasta 500 días. En esas condiciones, su función legislativa virtualmente, fue nula.
En los comicios del 2011 Keiko sufrió un contraste sin atenuantes, pero estuvo más cerca de alcanzar sus objetivos en la contienda del 2016. Por eso, en la circunstancia, no reconoció el hecho y peleó como gato panza arriba para acosar al Presidente Electo a quien le hizo, finalmente, la vida imposible forzando incluso su dimisión en mazo del 2018.
Todos recuerdan que en ese periodo, con una ostentosa “mayoría parlamentaria” -73 congresistas de un total de 130- minó la actividad presidencial pero no diseñó plan alguno de gobierno, ni aprobó leyes que encararan el drama nacional. Para ella, los problemas de los peruanos revestían un carácter subsidiario en relación a sus intereses de orden personal y electoral.
Todos estos hechos, forman parte del pasado, pero asoman vinculados a la realidad de nuestros días porque tienen que ver con al periodo presidencial iniciado en julio el 2021 y que acaba de cumplir un año.
Aún desde antes que asumiera su gestión Castillo, los peruanos fuimos conscientes que Fuerza Popular -el Partido del Keikismo- no le daría tregua y que, antes bien, sumaria fuerzas con otros destacamentos de la ultra derecha para desestabilizar al nuevo régimen, valiéndose para ese efecto de todas las herramientas de las que pudiera disponer. Hoy lo vemos.
Los proceso iniciados por la Fiscalía cuentan con todo el revestimiento legal que impone la circunstancia, pero se basan en acusaciones ciertamente tendenciosas. En dichos de personas de muy dudosa ejecutoria -Zamir Villaverde estuvo preso por asaltar una Pizzería revólver en mano en el distrito de Miraflores- y tienen por cierto mucho interés en “lavar su imagen” sin sufrir prisiones ni condenas.
Para eso, lo único que requieren es lanzar barro en cantidad contra Pedro Castillo denigrándolo con el mayor empeño posible. Es claro que si alguno de ellos dijera una sola frase en favor del Mandatario, no recibirían beneficio alguno.
Hay quienes dicen que eso no es tan simple, porque si finalmente no pudieran aportar ellos pruebas reales que confirmaran sus dichos, se les caería toda posibilidad de recompensa judicial o penal. Eso, es relativo.
La dinámica del proceso se orienta por ahora no a condenar a Castillo –para lo que sería indispensable ese requisito- sino simplemente despojarlo de su función gubernativa, cosa que se podría lograr por una decisión judicial “precautelatoria”; o una resolución congresal extraída por fórceps “rebajando” arbitrariamente el número de votos constitucionalmente requeridos para una vacancia, o una suspensión en el desempeño del cargo. Cuando eso se logre, el proceso judicial que se ventilará dentro de algunos años, pasará a segundo plano y carecerá de importancia.
El segundo episodio tiene que ver con la crisis de Gabinete que se desencadenara a partir de la carta remitida por el Presidente del Consejo de Ministros al Jefe del Estado. En ella, Aníbal Torres no renuncia a la función que asumiera meses atrás, sino “pone su cargo a disposición” del Mandatario para que este opte la decisión que considera necesaria.
La salida del Primer Ministro implica ciertamente, la caída del Gabinete, la designación de un nuevo equipo de gobierno y el pedido a Cámaras de otro Voto de Confianza que, dicho sea de paso, ya ha sido denegado expresamente por los voceros de la “mayoría” congresal. Ellos no saben quiénes serán ministros, ni lo que dirán o harán.
Lo que sí saben, es que o deben otorgarles confianza alguna. Por lo pronto, en una decisión que avergonzará al Perú ante el mundo, denegaron permiso al Jefe de Estado, para asistir al cambio de mando en Colombia
Como se ve, el Keikismo y sus aliados buscan poner al país ante un callejón sin salida. Tocaron vanamente la puerta de los cuarteles y fracasaron en toda la línea en la concreción de sus objetivos más soñados, por lo que alinearon sus baterías contra los uniformados.
Ahora apuntan directamente a la medula del Poder. ¿Podrán salir con la suya?. La voz final, la tendrá el pueblo.
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