En América Latina, la cuestión laboral ha adquirido una relevancia crítica, al punto de convertirse en un eje central de la polarización social. Mientras las élites económicas y empresariales tienden a reducir al trabajador a un mero «factor de producción», percibiendo sus derechos como obstáculos para la eficiencia y la competitividad, los sectores progresistas insisten en que estos derechos son fundamentales para evitar la explotación y garantizar condiciones de vida dignas. Esta visión empresarial, sustentada en la ideología neoliberal y el anarcocapitalismo, ha impulsado la flexibilización de las relaciones laborales en detrimento de los trabajadores, con promesas de crecimiento que no se han traducido en bienestar colectivo.
Históricamente, durante el siglo XX, América Latina instauró un marco institucional de protección laboral, influenciado por constituciones sociales como la pionera mexicana de 1917. Países como Ecuador establecieron derechos significativos: jornadas máximas de trabajo, salarios mínimos, recargos por horas extra, vacaciones pagadas, derecho a sindicalización, indemnizaciones por despidos, así como garantías para mujeres trabajadoras y menores de edad. Sin embargo, desde la década de 1980, estas conquistas han sido sistemáticamente erosionadas por las políticas neoliberales, que han debilitado las protecciones laborales con el argumento de mejorar la eficiencia del mercado.
Actualmente, existe una fuerte tensión entre dos modelos económicos. Por un lado, un modelo orientado por la perversa idea de “libertad económica” que aboga por la mínima intervención estatal; por otro, una propuesta de economía social que busca regular la actividad privada mediante el Estado, a fin de frenar abusos, asegurar bienes públicos y extender derechos sociales universales en áreas como salud, educación, vivienda y seguridad social. Esta tensión se refleja en la política regional: gobiernos progresistas tienden a restaurar y fortalecer los derechos laborales, mientras que gobiernos de derecha, especialmente los alineados con intereses empresariales, promueven su desmantelamiento.
El caso de Colombia ilustra esta disputa. El presidente Gustavo Petro impulsó una ambiciosa consulta popular con 12 preguntas para restituir derechos laborales históricos y proponer otros nuevos. Entre los derechos que buscaban recuperarse se incluían la jornada laboral de ocho horas, recargos del 100% por trabajo en domingos y festivos, estabilidad mediante contratos indefinidos y prohibición de la tercerización. Además, se proponían innovaciones como la contratación obligatoria de personas con discapacidad, inclusión de trabajadores de plataformas digitales en el sistema de seguridad social, reconocimiento de licencias relacionadas con la salud femenina, formalización del trabajo informal y creación de un fondo pensional campesino. A pesar de su enfoque integral y progresista, la propuesta fue rechazada por el Senado, que actuó en favor de los intereses empresariales. Petro ha recibido un amplio respaldo ciudadano, lo cual ha desembocado en una nueva propuesta de consulta sobre 16 preguntas, en las que se incluyen: transformación del sistema de salud, producción pública de medicamentos, convertir a las EPS en gestoras sin intermediación financiera, fortalecer la atención primaria extramural con enfoque territorial, y dignificar las condiciones laborales del talento humano en salud, garantizando estabilidad y contratación directa (https://t.ly/oPeVB).
En contraste, Panamá ha vivido una profunda crisis social. Las protestas y paros que estallaron desde abril fueron duramente reprimidos por el Estado, con encarcelamientos y persecuciones a líderes sociales y sindicales. Las movilizaciones se originaron en el rechazo al aumento de la edad de jubilación, la privatización del sistema previsional —similares a las AFP de Chile—, la precarización de los jubilados y la resistencia a políticas extractivistas como la minería, además de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos que generan temores sobre la soberanía del país. Argentina también ha atravesado momentos similares, marcados por la represión a las protestas sociales, particularmente las de jubilados, quienes han visto reducidos sus ingresos. Ecuador, por su parte, ha tenido una tradición destacada en la protección laboral que brinda el Código del Trabajo, lo cual es una característica teórica, aunque constantemente burlada en la vida cotidiana concreta. Desde 1979, la jornada laboral se limita a 40 horas semanales y desde 1928 existe un sistema de seguridad social. Los trabajadores tienen jubilación patronal, reparto de utilidades y licencias de maternidad. La Constitución de 2008 prohíbe expresamente la tercerización, el trabajo por horas y todo tipo de precarización. Pero las leyes no han impedido el avance de las flexibilizaciones desde los años 80, acentuadas desde 2017 con gobiernos empresariales que buscan reducir la edad de jubilación, modificar pensiones y debilitar la estabilidad laboral, todo bajo el argumento de mejorar la “competitividad” económica.
Fuera de la región, Italia ofrece un ejemplo relevante en los actuales días. El 8 y 9 de junio (2025) se realizará una consulta popular con cinco preguntas destinadas a revertir el “Jobs Act” de 2015, que impide la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa justa en empresas con más de 15 empleados, afectando a más de 3,5 millones de personas. También se busca eliminar los límites a las indemnizaciones por despido en pequeñas empresas, y regular los contratos temporales, actualmente válidos por 12 meses sin necesidad de justificación. El referéndum incluye la extensión de las responsabilidades legales en salud y seguridad laboral a empresas contratistas y subcontratistas, y propone además reducir el requisito de residencia legal para la ciudadanía de diez a cinco años, lo cual facilitaría la integración de migrantes.
En el contexto latinoamericano de retrocesos en materia de trabajo, la restauración y expansión de los derechos laborales se convierte en una exigencia. La precarización del trabajo no es una fatalidad sino el resultado histórico de decisiones políticas ajenas al interés de crear una sociedad con justicia. Las políticas neoliberales que persisten han fracasado en su promesa de generar desarrollo con bienestar humano. Frente a ello, se plantea como urgente la recuperación de principios fundamentales del derecho laboral. Esto implica no solo restaurar derechos históricamente conquistados, sino también innovar en la protección de nuevos grupos laborales vulnerables y adaptar las legislaciones al contexto contemporáneo sin perder de vista el bienestar colectivo. La dignificación del trabajo, en este sentido, es una condición esencial para enfrentar la desigualdad estructural que aqueja a América Latina.
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