Activistas de Guatemala denuncian una contraofensiva de la derecha religiosa y autoritaria frente a los movimientos por la despenalización del aborto y las luchas por la diversidad sexual en toda la región.
En Guatemala, así como en Brasil o en Argentina, la ola antiderechos se agiganta a ritmo acelerado y su contraofensiva se expresa en las redes sociales, en las calles y en las instituciones de los Estados latinoamericanos. Los grupos de derecha fundamentalistas reaccionan de manera organizada en la urgencia de responder ante los avances efectivos de los movimientos por la despenalización del aborto y las organizaciones LGBTIQ en toda la región.
En el montañoso departamento de Huehuetenango, en la frontera con México, Quetzalí, una mujer indígena transexual de 22 años, obtuvo el galardón de «reina trans» en un certamen que se celebró por primera en todo el país el año pasado. Tras presentar en el escenario un baile ritual típico de su comunidad que le valió la coronación, enfatizó que usará el título de reina para perseguir la equidad. Quetzalí se convirtió así en la voz de Guatemala para luchar contra la triple discriminación que sufren quienes son indígenas, pobres y pertenecen a la comunidad LGBTIQ.
En este territorio, tatuado con una larga historia de masacres orquestadas por gobiernos títeres de los Estados Unidos que intentaron infructuosamente arrasar con los pueblos originarios, aún gobierna una élite de corte militar-empresarial. No obstante, las voces y cuerpos de las personas identificadas con la disidencia sexual son cada vez más visibles en las calles, en los parques, en los espacios públicos desafiando los prejuicios históricos.
En Guatemala el aborto es penalizado por el Código Penal, excepto cuando la mujer corre riesgo de muerte. En la contracara de la prohibición, las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos apuntan que el 56% de los embarazos no son planificados por las gestantes. Women on Waves, organización holandesa que colabora con la interrupción de los embarazos en países en donde el acceso es altamente restrictivo, señala que se realizan todos los años unos 65.000 abortos inducidos en este país. Cada año, alrededor de 21.600 mujeres son hospitalizadas y 660 mueren por complicaciones de aborto inseguro. Estas muertes son totalmente evitables a través de la legalización del aborto.
En este escenario, sumado a un contexto de inestabilidad política que enfrenta el actual presidente Jimmy Morales, se presentó el proyecto de ley 5272 que busca retroceder en el plano del derecho a la salud sexual de las mujeres y del reconocimiento a una vida sin violencias por parte de los colectivos LGBTIQ. Dicho proyecto que aterrizó en el Congreso en 2017, lleva el título de Protección para de la vida y la Familia y se opone principalmente al reconocimiento de las relaciones no heterosexuales, busca frenar los planes de educación sexual integral con perspectiva de géneros diversos en las escuelas, así como también propone considerar el origen de la vida desde la concepción y, desde ese punto central, criminalizar al aborto en todas sus formas y enviar a la cárcel a las mujeres que cursen abortos espontáneos.
En Guatemala viven alrededor de 15.000 personas transgénero, registradas como tales gracias a los esfuerzos de las propias organizaciones LGBTIQ. Al tiempo, las autoridades nacionales no reconocen las identidades de género diversas y, por tanto, no permiten ajustar los documentos oficiales. En este contexto, las organizaciones que representan al colectivo trans, acompañados por la diputada Sandra Morán (Convergencia) presentaron una iniciativa de ley de identidad de género, el proyecto 5395, para dar curso a debates urgentes como la transfobia y la violación de los Derechos Humanos básicos de las personas cuyas identidades de género difieren de las expectativas binarias de la sociedad.
Lola Vasquez, responsable del área de incidencia de la organización O-Trans, considera que la situación actual es preocupante: «Se trata de una agenda totalmente regresiva e inconstitucional, anti-derechos humanos. No se basa en la Constitución de la República de Guatemala sino en La Biblia, en la doble moral financiada por iglesias, financiada por grupos como la Asociación Familia Importa. Quieren criminalizar a las mujeres en caso de aborto espontáneo, perseguir a la población LGBTI, promover la persecución y el odio en toda la nación, esto es muy grave».
Para Aldo Dávila, representante de la organización Gente Positiva, el proyecto de ley 5272 vulnera aún más a las comunidades históricamente excluidas de los derechos básicos como el acceso a la justicia, la vivienda y el trabajo. También considera que el tema está siendo utilizado como una cortina de humo que utiliza el Gobierno en la actual coyuntura. «Cuando hablamos de estas situaciones en América latina, Centroamérica vive un rezago. El proyecto de ley 5272 está siendo lanzado por 17 diputados altamente cuestionados. Por ejemplo, el diputado Fernando Linares Beltrán, que ha llamado a las mujeres «accidente biológico» y es un personaje claramente misógino. Es una iniciativa de ley que vulnera a las mujeres en un país en el que no hay una ley de educación sexual integral así como tampoco acceso básico a la salud ginecológica», explica.
Ser migrante en la propia tierra: indígenas LGBTIQ
Guatemala -el segundo país de América Latina con mayor número de feminicidios después de El Salvador- sufrió durante los años 80 una de las dictaduras más conservadoras de América Latina, que dejó 200.000 personas muertas, 50.000 desaparecidas y un millón de refugiadas, y tuvo como botín de guerra a las comunidades indígenas que hasta el día de hoy definen la mayoría demográfica en el país.
«Para las personas transgénero desarrollarse en la comunidad de origen es casi imposible -explica Lola Vasquez-. Ellas sufren una triple discriminación estructurante. Muchas veces, como mujeres trans, quisieran portar el traje típico de sus comunidades. Y, en general, estos trajes tienen diferentes significados vinculados a cada etnia. Obviamente, las autoridades o los propios vecinos no les permiten vestirlos. En la mayor parte de los casos son expulsadas y las fuerzan a los desplazamientos, obligadas a partir y a desarrollarse en la capital».
Leyes asertivas como las de identidad de género permitirán, de ser debatidas y aprobadas, que las personas de identidades disidentes dejen de ser migrantes en su propio país. Estas políticas son necesarias para que las dependencias públicas garanticen el acceso en igualdad de condiciones al trabajo digno, la vivienda, la educación, entre otros derechos de los que hoy se excluye a la población trans por completo.
En Guatemala, un 61% de la población trans reporta ingresos por debajo del salario mínimo y un 53% no finalizó la escuela primaria debido a la exclusión del sistema educativo, según un estudio de 2015. Esta población también es vulnerable a discriminación y diferentes tipos de abuso sexual.
Por su parte, Pilar Salazar, comunicadora comunitaria trans, sostiene que discursos de odio y proyectos de ley como el 5272 redundan hoy en una mayor discriminación y exclusión: «Hay más violencia cotidiana. Hace unas tres semanas salía de una actividad, cuando arrancó una camioneta cerca mío y ¡me quisieron atropellar! Como no lo lograron, me comenzaron a insultar. Hay un daño colateral. Estas propuestas están intentando hacer legal que las personas no acepten a aquellas que nos salimos del marco de la heterosexualidad».
Fuente: http://www.elsaltodiario.com/guatemala/la-derecha-fundamentalista-contraataca-en-guatemala