El Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Honduras para la revisión del Convenio suscrito con el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en septiembre de 2023, con un alcance de tres (3) años y acceso potencial a más de 820 millones de dólares.
La oposición política y varios economistas de la ortodoxia neoliberal, consideran que las acciones y medidas tomadas por Honduras por cumplir con las condiciones y metas previstas en el convenio, caso del ajuste en la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 3.00% a 4.00%, la disponibilidad de Reservas Internacionales Netas (RIN) para cubrir 4.3 meses de importaciones, control de la inflación y un manejo más transparente de los recursos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), es una estrategia para aprobar la evaluación y disponer de 240 millones de lempiras de cara al proceso electoral que inició en septiembre de este año.[1]
En el Congreso de la República ya se presentó para discusión el anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria, pero los diputados de oposición, e incluso del partido Libertad y Refundación (LIBRE), que se fueron al Partido Liberal apoyando la precandidatura a la presidencia de la República de Jorge Cálix, se manifiestan en contra de dicha Ley, incluyendo al propio abogado Cálix. No se cuenta con los votos suficientes para aprobarla, pero el presidente del Congreso de la República, Luis Redondo, ha dicho que se pueden utilizar otros mecanismos como la consulta a la población o plebiscito en caso que siga el boicot y compra de diputados, especialmente del Partido Nacional.
Esta propuesta de reforma tributaria ha venido siendo consensuada con el FMI, la cual apoya, pero todavía no hay disposición del gremio empresarial para renunciar a parte de sus prebendas que han significado un creciente drenaje de recursos y sacrificio fiscal. Las autoridades de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y del Servicio de Administración de Rentas (SAR) han venido sosteniendo que la Ley busca, entre otras cosas, ordenar el régimen tributaria del país, sobre todo las exoneraciones y exenciones fiscales otorgadas a las empresas, volviéndolo equitativo y justo. La oposición política y parte de la cúpula empresarial habla de introducir un gradualismo en la propuesta y definir claramente el destino de los recursos liberados, que deben ser manejados con transparencia, a lo cual no se oponen las autoridades del Gobierno.
La Ley de Justicia Tributaria “se enfoca en la progresividad fiscal y adopta estándares internacionales que podrían ser un modelo a seguir para otros países en desarrollo. Entre sus principales medidas se incluye el cambio del principio de renta de territorial a mundial y la eliminación del secreto bancario para fines tributarios, lo que facilitará el intercambio de información con otras jurisdicciones. Introduce el concepto de Beneficiario Final, lo que busca derogar las acciones al portador y limitar las exenciones fiscales a un período máximo de 10 años. También propone restablecer las auditorías de precios de transferencia para evitar reclamos abusivos de incentivos fiscales y eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias”[2]
El FMI debe reconocer estos esfuerzos de concertación del Gobierno, ya que es una de las propuestas de ley más socializadas en el país. Igual, las acciones ejecutadas para mantener las disciplina fiscal y baja la inflación, aumentando el gasto de inversión productiva y social para beneficio de sectores menos favorecidos.
La política cambiaria es un tema de debate permanente. La oposición política cuestiona que el Gobierno deliberadamente no ajusta la tasa de cambio para mantener un valor artificial de la moneda y cubrir la demanda de importaciones, con impactos en el sector exportador, ya que la tasa de cambio es uno de los principales incentivos que tienen para aumentar la oferta exportable. Igual se cuestiona que el Banco Central no sea independiente y siga recibiendo órdenes del Ejecutivo, nombrándose Directores sin formación en economía, exigiendo créditos y liberalización de reservas internacionales para pagar deudas y cumplir con demandas de la población.
Desde 1990 a la fecha, los mayores grados de depreciación cambiaria corresponden a los Gobiernos del Partido Nacional, sobre todo al Gobierno del presidente Rafael Callejas (1990-1993), y Juan Orlando Hernández (2013-2021), que buscaron liberalizar el mercado cambiario para que el Banco Central tuviera poca o ninguna participación, donde el precio de la divisa, en teoría, se ajustaba por la oferta y demanda de dólares existentes, sin importar el acaparamiento por grupos oligopólicos y destino de los mismos.
La intervención del Banco Central con el mecanismo de Subasta de Divisas en el Gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-19997) permitió un mayor control y uso de las divisas, estando vigente hasta que el Gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), por presiones del FMI, decidió flexibilizarlo hasta alcanzar su máximo en el segundo Gobierno de JOH que prácticamente lo eliminó.
En la actualidad se cuestiona a autoridades de Banco Central por haber restituido dicho mecanismo, y no permitir la depreciación acelerada del lempira al observarse niveles mayores de inflación interna comparada con sus principales socios comerciales, identificándose como causa única de la pérdida de reservas internacionales, la caída de las exportaciones y falta de inversión externa. Ello sin analizar las medidas tomadas por el Gobierno en la reducción de la liquidez por intervenciones del Banco Central con impactos positivos en la inflación de 9.8% en 2022 (se esperaba entre un 13% y 15%) a menos de 5.5% estimado para 2024, y la reorientación de recursos públicos, no solo a pagar los compromisos pendientes, sino también a aumentar el gasto de inversión y cubrir la protección social (población en situación de pobreza extrema).
Hay un compromiso con el FMI por una política de depreciaciones programas, no abruptas del tipo de cambio, y de fortalecer las reservas internacionales. Es un compromiso asumido por las autoridades del Banco Central en las negociaciones sostenidas con personeros de dicho organismo, y frente a la colectividad nacional. La oposición política espera que la devaluación se acelere, presagiando un panorama no muy alentador para la economía en 2025, pero el Banco Central se mantiene firme en dicha decisión en tanto los costos son muy altos frente a los beneficios. El FMI debe, tal como está contemplado en el Convenio, asesorar al Gobierno en la adopción del mejor régimen cambiario sin que país renuncie a los grandes objetivos de desarrollo nacional.
Notas:
[1] Estos recursos son importantes para fortalecer las reservas internacionales, en una coyuntura de fuerte demanda de divisas y presión de agentes económicos por la devaluación acelerada. La caída de las RIN en 2024 fue de casi 900 millones de dólares.
[2] Ver Minota.hn.com, 26 de julio de 2024.
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