En mayo de 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo concedieron a Portugal un préstamo de 103.000 millones de dólares al cambio actual con el euro, para su rescate financiero. A cambio, impusieron condiciones draconianas a las capas medias y más pobres de la población y pasaron […]
En mayo de 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo concedieron a Portugal un préstamo de 103.000 millones de dólares al cambio actual con el euro, para su rescate financiero.
A cambio, impusieron condiciones draconianas a las capas medias y más pobres de la población y pasaron a supervisar la economía de este país del sur europeo, en una «troika» encabezada por el FMI.
En actos casi de supervivencia, los más afectados fortalecen aún más el auge de la economía paralela, que según datos oficiales recientes, en 2010 representaba 24,8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Y la tendencia es al aumento, debido a la fuerte crisis económica que no encuentra salida, concluye un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oporto.
Aún no existen datos oficiales de 2011, pero todos los economistas que han analizado el tema en declaraciones y debates coinciden en una subida ese año y otra durante el actual 2012.
La razón es el creciente deterioro de la economía y trascendidos sobre un probable nuevo incremento de los impuestos, todavía no desmentidos por el gobierno conservador del primer ministro Pedro Passos Coelho.
Aumento de precios, impuestos, aportes a la seguridad social y desempleo, además de recortes en los apoyos sociales y la atención médica, son los motivos principales para que se dispare la llamada «economía sumergida».
Como consecuencia, queda fuera de las estadísticas de la riqueza producida en el país un cuarto del PIB nominal de Portugal, de 223.700 millones de dólares, señala el estudio de la Universidad de Oporto, divulgado este mes.
Eso significa que uno de cada cuatro euros en Portugal se intercambia fuera de las cuentas de la riqueza nacional producida.
Como resultado, la economía sumergida genera más de 52.600 millones de dólares, la mitad del préstamo de la «troika» para el rescate financiero del país.
El estudio señala que el mercado negro es superior a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que oscila entre 16 y 18 por ciento.
En términos de economía sumergida dentro de la UE, Portugal ocupa el tercer lugar, tras Italia y Grecia.
La explicación de esa situación en los tres países se encuentra en especial en la coincidente elevación de los impuestos indirectos y al consumo y del desempleo, señala el estudio.
La consecuencia es una competencia de negocios «distorsionada y una mayor incertidumbre en la estabilización de la economía», afirma.
En 1970, cuando se realizaron los primeros estudios sobre la economía sumergida, el mercado negro asumía un valor de 9,3 por ciento del PIB, así que hubo un crecimiento del 15,5 por ciento en cuatro décadas.
Un análisis pormenorizado de las cifras conduce a la conclusión de que si la economía paralela tributase al fisco, el déficit del PIB portugués de 2010 se hubiese limitado a 2,9 por ciento, en lugar de 9,1 por ciento.
Se trató del cuarto mayor déficit de la zona euro, tras Irlanda, Grecia y España.
Inclusive sin considerar el pago de impuestos, la simple suma de la economía sumergida al PIB nacional, hubiese situado el déficit en 6,9 por ciento, 2,2 puntos porcentuales menos que lo registrado.
Entre otros impactos negativos de esta distorsión de las cifras, está la evaluación negativa de las agencias de calificación financiera Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s , que ponen nota a la solvencia de los emisores de títulos al mercado y que se basan en los datos económicos oficiales.
Las tres agencias han calificado a Portugal con las notas mínimas y explican que se basan en el porcentaje sobre el PIB de la deuda soberana, que es de 83 por ciento.
Un porcentaje que califican de excesivo y por el que pronostican que el país no podrá pagar, lo que dificulta a Lisboa colocar nuevas ofertas de títulos de deuda y cuando lo logra es a intereses desproporcionados.
Sin embargo, el pequeño y medio empresario parece inmune ante estos argumentos y arriesga la fuga al fisco, evitando el pago del impuesto al valor agregado (IVA), que en los tres últimos años pasó de 18 a 23 por ciento.
La pregunta recurrente actual de este sector de la economía es: ¿qué negocio ofrece un margen de ganancia de 23 por ciento?
Pocos o ninguno, afirman, así que consideran que su supervivencia está en evadir el IVA completamente o facturar legalmente solo la mitad del valor real. Lo mismo sucede en trabajos independientes, la pequeña construcción o el área de reparaciones.
Por su parte, los profesionales autónomos de la salud peguntan a la hora del pago: «¿con o sin factura?, y la mayoría de las veces la factura es cancelada en dinero efectivo, para no dejar huellas.
Otro de los efectos visibles en la prestación de servicios, es la elevada cantidad de personas que prescinden de ellos, así sean de salud.
Un odontólogo muy afamado de la zona de Estoril, ciudad aledaña a Lisboa, dijo a IPS que «las únicas personas que me piden facturas son las que tienen un seguro privado de salud, que ya pagan bastante caro».
Hace dos o tres años para una consulta con este profesional había que pedir la cita con un mes de anticipación. «Actualmente, la espera es de dos o tres días porque la gente solo viene al dentista cuando no aguanta el dolor», expresó.
Una apreciación similar a la del mecánico automotor Reginaldo Godoy, al lamentar en declaraciones a IPS «lo mal que anda el negocio».
«Antes, los clientes se preocupaban de mantener sus automóviles en buenas condiciones, haciendo revisiones periódicas o del estado de los frenos o la dirección. Hoy en día solo vienen cuando no tienen más remedio, si tienen un accidente o cuando el motor dejó de trabajar», precisó.
La crisis ha significado también un serio esfuerzo del gobierno para obtener fondos, recurriendo a soluciones innovadoras, como vastas operaciones policiales de control de vehículos.
Al hacer un pequeño recorrido hasta un supermercado, el automovilista frecuentemente encuentra en las rotondas un gran despliegue policial, revisando toda la documentación y los maleteros en busca de alguna infracción fiscal.
Entretanto, en barrios apartados de las principales ciudades y en aldeas del interior del país, la ciudadanía se queja a los medios de comunicación de la falta de agentes del orden ante la proliferación de robos y asaltos.
Mientras, el Ministerio del Interior informó este mes con satisfacción que en 2011 la policía logró recaudar 105 millones de dólares en multas a automovilistas.(FIN/2012)