176 víctimas ingresadas en morgues, de las que 75 han sido identificadas, y más de 3.600 personas atendidas en albergues. Es el balance oficial de la tragedia ocasionada el pasado tres de junio por la segunda erupción en 2018 del volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura y situado 45 kilómetros al oeste de […]
176 víctimas ingresadas en morgues, de las que 75 han sido identificadas, y más de 3.600 personas atendidas en albergues. Es el balance oficial de la tragedia ocasionada el pasado tres de junio por la segunda erupción en 2018 del volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura y situado 45 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala. La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) informó que el número de personas damnificadas se elevaba a 1,7 millones, y que la caída de materiales y flujos piroclásticos (fragmentos del magma y nubes ardientes que descienden del volcán) hizo necesaria la evacuación de aldeas en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, departamentos en los que se declaró el Estado de Calamidad Pública. Comunidades como Sangre de Cristo, Finca Palo Verde, Panimaché I y II fueron desalojadas en las primeras horas por el cuerpo de bomberos. A los pocos días, el descenso de materiales por las barrancas forzó las evacuaciones en La Reyna, El Rodeo, Cañaveral I y IV, Hunnapu y Magnolia. Un factor añadido al de la actividad volcánica fue el de las intensas precipitaciones y el consiguiente descenso de lahares (agua y sedimentos) -en algunos casos de 40 metros de anchura y tres de altura- por las barrancas de ríos como el Pantaleón, el Achiguate y el Guacalate.
Pasados doce días de la primera erupción, el Instituto Nacional de Sismología (INSIVUMEH) constató que el fuerte descenso de lahares dejó incomunicadas diez aldeas en los municipios de San Pedro de Yepocapa (Chimaltenango) y Siquinalá (Escuintla); y el 26 de junio, mientras continuaban los arrastres de materia volcánica fina, piedras, árboles y los olores intensos a azufre, se declararon «zona de alto riesgo» la comunidad de San Miguel Los Lotes, en el municipio de Escuintla; Escuintla y Finca La Reunión, en el municipio de San Juan Alotenango (Sacatepéquez). Además de los lahares y la caída de cenizas, la CONRED declaró 69 comunidades área de «amenaza alta» por inundaciones. En el volcán de Fuego, el más activo de los 34 que existen en Guatemala, los investigadores han constatado erupciones desde la época de la conquista española (al menos 60 entre 1581 y 2012); durante el mes de junio también se registró un incremento de la actividad en los volcanes Pacaya (Escuintla) y Santiaguito (Quetzaltenango).
«El suelo aún se siente caliente, y la milpa que era nuestro sustento y que alimentaba a mis hijos quedó sepultada bajo la arena del volcán», relató a los técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una mujer de 37 años que pudo refugiarse con su marido y tres hijos en el albergue del Instituto Simón Bergaño y Villegas, en Escuintla. Su esposo perdió a 28 familiares en el siniestro. «Se están improvisando albergues en escuelas e iglesias; hay niños, embarazadas y personas con enfermedades como hipertensión y diabetes que requieren apoyo», explicó Óscar Barreneche, representante de la Organización Panamericana de la Salud-OMS en Guatemala. Las agencias internacionales difundieron el caso de Lilián Hernández, una mujer que el seis de junio lloraba la desaparición de 36 familiares en el pueblo de San Miguel Los Lotes, destrozado por el volcán; en otra aldea sepultada por la lava y las cenizas, El Rodeo, veinte días después de la catástrofe los vecinos buscaban alimento, agua y ropa; además, informó el diario Prensa Libre, intentaban que se les atendiera de los problemas de asma por las cenizas del volcán, afecciones dermatológicas, quemaduras y estrés postraumático.
¿Qué causas de fondo explican el desastre? Las aldeas arrasadas en las faldas del volcán «corresponden en gran medida a la dinámica de desarraigo y despojo establecidas por el sistema oligarca finquero y el capitalismo mundial en Guatemala», reflexiona el historiador Mauricio Chaulón en el periódico Prensa Comunitaria. A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, «muchas familias de mozos colonos, dado que se amplió el latifundio en los cultivos intensivos como la caña y el algodón, fueron empujadas a los márgenes de las fincas, en zonas de alto riesgo como laderas, orillas de ríos, quebradas y faldas de volcanes», añade el miembro del colectivo crítico Grupo Intergeneracional.
Asimismo durante la guerra interna entre 1960 y 1996, que se saldó con más de 200.000 muertos-desaparecidos y el exterminio de 440 comunidades mayas, la represión del ejército y los finqueros «despojó a muchas comunidades de lo poco que tenían en propiedad, y se les conminó a buscar tierras en lugares de riesgo», explica Mauricio Chaulón. En los años del neoliberalismo, «los turicentros y proyectos inmobiliarios cambiaron las condiciones de numerosas familias campesinas, obligándolas al abandono de la finca (…)». Además de «migrar para los trabajos temporales y subempleos, tuvieron que buscar otros espacios para sobrevivir, muchos de ellos en áreas de riesgo permanente como las faldas del volcán de Fuego». El abogado e integrante del Grupo Intergeneracional, Fernando Espina, se preguntaba en Prensa Comunitaria: «¿Cómo es posible que después de los huracanes Mitch y Stan, de la depresión tropical E12, el alud en Panabaj, el deslizamiento de tierra en El Cambray y otras tragedias parecidas, éstas sigan sucediendo?» «Salvo muy contadas excepciones, siempre las víctimas son pobres», concluye.
En San Juan Alotenango (Sacatepéquez) se ubica una zona deportiva y vacacional de lujo: La Reunión Golf Resort & Residences, que incluye un complejo hotelero y club de campo. El volcán de Fuego devastó el tres de junio las instalaciones, que en marzo acogieron el PGA Tour Latinoamérica de Golf. En un comunicado la empresa propietaria informó de que, ante la erupción volcánica, activó los protocolos de seguridad y actuó «de inmediato» para evacuar a colaboradores, huéspedes y visitantes que se hallaban en el complejo, «lo que nos permitió resguardar sus vidas». Pero los mecanismos de alerta y desalojo no operaron con la misma eficacia en las aldeas. Los responsables del INSIVUMEH, que emite la información vulcanológica, y la CONRED, encargada de la prevención y gestión de los desastres, acudieron al Congreso de Guatemala a instancias de la oposición. Los directores de las dos instituciones públicas se intercambiaron en sede parlamentaria denuncias por negligencia, mientras la Fiscalía General de la República anunció una investigación de oficio sobre el caso. Por otra parte, un grupo de afectados denunció en Escuintla al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que las autoridades no dieron los avisos oportunos de evacuación.
El mismo día de la explosión volcánica, el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, declaró en conferencia de prensa que la Ley de Presupuestos «no contempla que el Estado pueda gastar un centavo en emergencias». Unas horas después de estas palabras, la CONRED facilitaba en un boletín informativo las cifras de 25 muertos, 20 heridos y trasladados a centros asistenciales y 1,7 millones de afectados por el siniestro. Además, frente a las declaraciones presidenciales, los medios informativos recordaron que la Ley del Presupuesto establece en el Artículo 101 la previsión de recursos a un «Fondo Emergente» para mitigar los daños de los fenómenos naturales, vinculada a la declaración del Estado de Calamidad Pública. Así, la realidad oficial avanzaba por una senda ajena al sufrimiento popular.
El 7 de junio, día en que se suspendieron las acciones de rescate por el descenso de lahares y las condiciones meteorológicas adversas, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso aprobó un dictamen para que la Cámara someta a consideración la reforma de la Ley de Reconciliación Nacional, de 1996. La iniciativa fue presentada, entre otros, por el notario y diputado del derechista Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena; por Jaime José Regalado Oliva, político de familia ganadera en Petén y excongresista del Movimiento Reformador (MR); y por Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, excapitán y diputado electo por el Partido Patriota (PP). En cuanto al contenido de la propuesta, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Plataforma Internacional contra la Impunidad e Impunity Watch señalaron que el fin era «detener los juicios por desaparición forzada, genocidio, tortura, violación y esclavitud sexual». Asociaciones de Guatemala como Verdad y Vida; de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FAMDEGUA), Kemb’al No’j y la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia denunciaron que la iniciativa del Congreso pretendía «generar impunidad».
En la agenda parlamentaria también figuraba, durante los días de la tragedia, la Ley de Aceptación de Cargos, que otorga beneficios a una persona procesada si acepta su responsabilidad penal por un delito. Medios informativos de Guatemala interpretaron que esta reforma del Código Procesal representa una salvaguarda en las causas por corrupción. Otro de los puntos planteados el 5 de junio en el orden del día del Congreso era la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para allanar el camino al transfuguismo. A estas dos iniciativas se agrega la modificación del Código Penal respecto al delito de financiación electoral ilícita.
Mientras, en las calles, el 9 de junio tuvo lugar una marcha en la capital -desde el Paraninfo Universitario en dirección al Palacio Presidencial- para exigir la dimisión del presidente Jimmy Morales. «Seamos luz» fue el lema de la convocatoria, en la que se mostraron antorchas y banderas del país. Los manifestantes, entre los que tuvieron presencia destacada los estudiantes, cuestionaron la veracidad de los cómputos oficiales y criticaron que la ayuda humanitaria no estuviera alcanzando a los damnificados. Los asistentes pidieron asimismo la renuncia del secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, y de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, entre otras razones por su «incapacidad» para gestionar la ayuda internacional.
En un acto organizado por el comité de solidaridad CEDSALA-País Valenciano, el activista y coordinador del movimiento Tzuk Kim-pop, Henry Morales, situó en contexto los efectos de la explosión volcánica sobre las poblaciones más humildes. En el apartado de la corrupción política, el presidente Jimmy Morales se enfrenta a la posibilidad de antejuicio por supuesto financiamiento irregular del partido FCN-Nación, actualmente en el gobierno y del que era secretario general durante la campaña electoral de 2015. Asimismo, el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Valdetti se hallan en prisión por la presunta implicación en el caso «La Línea», relacionado con una red de fraude aduanero. El antecesor en la presidencia, Álvaro Colom (2008-2012), fue detenido el 13 de febrero por presuntas concesiones irregulares en el transporte público de la capital. Tras ingresar en prisión preventiva, Colom fue puesto en libertad bajo fianza junto a varios de sus exministros.
Según publicó la revista Forbes en abril de 2017, las cinco mayores fortunas de Centroamérica correspondían a Guatemala, país que, de acuerdo con el Banco Mundial, es el segundo más pobre de América Latina y el Caribe tras Haití, y donde casi la mitad de la infancia sufre retrasos en el crecimiento. El organismo internacional apunta que la pobreza en el país aumentó del 55% de la población en 2006 al 60% en 2014 y la pobreza extrema del 33% al 37% durante el mismo periodo. Otro factor significativo es que el 52% de los pobres son indígenas y también el 67% de los pobres extremos. En Guatemala, donde la agricultura representa el 13,5% del PIB, la FAO apunta que el 92% de los pequeños productores ocupan el 22% de la tierra, mientras que el 2% de los productores comerciales hacen uso del 57% de las eras. Las mujeres son propietarias del 8% de la tierra.
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