La estrategia de la zanahoria

La campaña para la mal-llamada constitución europea, arranca como siempre ocurre cuando desde los poderes económicos y gubernamentales se quiere engañar a la gente con una ley o un tratado que afectará negativamente a los ciudadanos: lleno de mentiras y amenazas. Para defender el texto no se deja de hacer referencia a su supuesto alto contenido social y democrático y de la catástrofe en caso de rechazo. En el inicio de la campaña del PSOE, se pudieron escuchar estas palabras: «el voto de protesta, o la abstención (…) tiene un precio elevado», «si se vota no, la crisis no permitirá hacer una mejor», «habrá estancamiento y retroceso hacia una realidad pobre en ambición y valores democráticos», «se trata de una Constitución de ciudadanos ya que fueron sus representantes nacionales quienes la han escrito página a página», etc.

Mentiras y amenazas.

Mentiras, porque como veremos más tarde, no es ni social, ni protege los derechos sociales y económicos (al contrario), ni siquiera es una constitución. Mentiras, porque ningún representante nacional, elegido democráticamente, escribió una letra de este texto. Ni siquiera un parlamento nacional o europeo hizo el encargo de escribir una constitución europea. En la reunión del Consejo Europeo en Laeken (Bélgica) de diciembre 2001, en medio de protestas masivas contra ‘la Europa del capital’, se propuso elaborar unas propuestas para la simplificación y reorganización de la Unión Europea (entre ellos acercar las estructuras europeas a los ciudadanos). Se encargó la tarea a tres personas principalmente: Giscard D’Estaing, Giuliano Amato y Jean-Luc Dehaene. El ex presidente francés, Giscard d’Estaing, tiene una larga trayectoria de estar involucrado en diferentes casos de corrupción y de apoyo de a los más crueles dictadores en África[1]. Jean-Luc Dehaene, ex primer ministro belga y presidente del PPE, es el político belga que más puestos ocupa en consejos directivos de empresas.

Las amenazas de siempre, ‘que habrá una crisis’, ‘un retroceso’, ‘que mejor no es posible’, etc., son completamente infundadas. Además son intolerables en lo que se supone que es una democracia. Los ciudadanos tenemos el derecho a ser informados correctamente desde nuestros gobiernos. El hecho de que el mismo gobierno haga campaña a favor de la constitución europea, utilizando mentiras y amenazas, y no informe de las razones contrarias a la propuesta, confirma que nuestro sistema político es algo más parecido a una dictadura impuesta por los intereses económicos y militares de unas pocas empresas que una representación de la voluntad del pueblo.

En el pasado se utilizaron las mismas amenazas para aprobar el ingreso en la Unión Europea o en la OTAN o para introducir el euro. Amenazas, que después resultaron totalmente falsas. Noruega se quedó fuera de la Unión Europea, y no pasó nada, al contrario, (según el PNUD) es el estado con mayor desarrollo humano en el mundo. Gran Bretaña se quedó fuera del euro, y no pasó nada, su moneda goza de buena salud. Francia se quedó fuera de la estructura militar de la OTAN y no se vio invadido por ningún enemigo, ni siquiera por EEUU.

La estrategia de la zanahoria.

El texto de este tratado constitucional está lleno de declaraciones que nos hacen creer que vamos a vivir en la Unión de las Maravillas: «desarrollo sostenible», «fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño», «la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos», etc.

Llevamos 56 años desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, probablemente el instrumento más utilizado para el engaño. Años en los cuales los principales violadores de esta Declaración son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las NNUU: EEUU, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. Desde la represión de las aspiraciones de independencia en los anteriores colonias o de la propia población, hasta las intervenciones militares en defensa de los intereses propios pasando por el apoyo a las dictaduras más crueles. Pero justo esta misma Declaración ha sido utilizada por los estados para justificar sus intervenciones en ciertos países, mientras en otros eran los principales responsables de las violaciones más crueles. (Desde Argelia hasta Irak, desde Chechenia hasta Tibet, etc.)

El mismo engaño ahora se quiere utilizar para la aprobación de un texto que en el fondo significa todo lo contrario de cómo es presentado. Para ninguna de las palabras bonitas y declaraciones pomposas, existen criterios ni mecanismos que las garanticen. Pero para el aumento de la militarización de Europa y la imposición de un sistema de libre mercado capitalista sin normas ni control público, se prevé todo tipo de prohibiciones, instituciones, poderes dictatoriales y garantías. El resultado, en realidad, todos lo conocemos: más garantías para el beneficio de las multinacionales y el disfrute libre de los grandes capitales frente a más flexibilidad laboral, menos protección social, desmantelamiento de los servicios públicos, etc.

Giscard d’Estaing (entre otros), en una carta a Bush, sugiere que la política (exterior) de Bush es mucho palo, y la de la Unión Europea es más bien la de la zanahoria. Parece una descripción bastante acertada. La Unión Europea utiliza mucho la zanahoria, como ese texto de la constitución, aunque al final, sólo se muestra la zanahoria nunca se la termina de dar. Pero a la vez, también sabe manejar el palo para golpear. El palo en este caso es por ejemplo la Directiva de Bolkestein, un texto que tiene que ser analizado en conjunto con la Constitución porque en esta directiva se ve cómo se aplicará en la realidad este texto constitucional.

Derechos Civiles y Sociales.

Uno de los argumentos que se utilizan para vender esta Constitución, es el hecho de que incluye la ‘Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea’. Es un argumento falso por dos razones. Primero, para que sea válida esta Carta, no hace falta aprobar ese tratado constitucional, se podría aprobar sólo la Carta. Y segundo, la Carta no aporta ningún derecho nuevo. En realidad es un resumen de otros tratados y convenios ya vigentes. Básicamente se trata de un resumen del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de las Cartas Sociales ya vigentes. Además, como resumen incompleto de varios tratados, sólo aporta más confusión.

Unos ejemplos.

La Carta, en su articulo 2, estipula: «Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.» Pero, en la ‘letra pequeña’, en este caso otro documento de explicación de esta Carta, se enumeran varias excepciones. Por ejemplo, los estados miembros sí pueden aplicar la pena de muerte en tiempos de guerra o de peligro inminente de ella.[2]

En sus artículos 11 y 12 se asegura «el derecho a la libertad de expresión» y «el derecho a la libertad de reunión pacifica y a la libertad de asociación a todos niveles». Lo que no se menciona en la Carta, pero que sí figuran en otros documentos, son las limitaciones que son de interpretación libre de las autoridades: razones de la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden, etc.

Del otro lado, todos sabemos que estas declaraciones y tratados que suenan tan bonitos, en la realidad, sólo tienen valor simbólico. (El articulo I.9 del texto constitucional habla de que sólo son «principios generales».) De hecho, los poderes estatales funcionan muchas veces contrarios a los mismos principios constitucionales. Algunos ejemplos sacados de la constitución española:

El articulo 27.4 dice: «La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.» Para cualquier familia que se enfrente a los gastos elevados (por ejemplo para los libros y otros materiales didácticos) durante el año escolar, lo gratuito suena más a un chiste amargo.

Según el articulo 20.1d se reconocen y se protegen los derechos «A comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión». El año pasado, la televisión pública acompañó a los ciudadanos a las urnas con un director de informativos condenado por manipulación.

El articulo 47 dice que «los poderes públicos (…) establecerán las normas (…) regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.» Sólo tomando como ejemplo las tramas detrás del espectáculo electoral en Madrid en el 2003, nos da un ejemplo del rol de los políticos en la organización misma de la especulación urbanística.

Derechos laborales

El texto constitucional pone todo el énfasis en la no-discriminación de los ciudadanos europeos y que cada uno y una puede moverse libremente por Europa para ejercer un trabajo. No menciona (ni en la carta de los Derechos Fundamentales), mucho menos garantiza, lo que está estipulado como Derecho Humano, un salario digno. Pero sí establece claramente que en el ámbito del empleo, «La ley o ley marco europea no incluirá armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.» (Artículo III-207).

Para entender esta frase, podemos mirar su aplicación en la ‘directiva de Bolkestein sobre los servicios’, propuesta por el anterior Comisario para el mercado interior, Bolkestein. Primero, toca recordar que la Constitución otorga competencia exclusiva para «el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior» (Artículo I.13) a la Unión Europea y la encargada de vigilar su cumplimiento es la Comisión. Esta directiva, elaborada por la Comisión, establece el principio del «país de origen». Con ello, las empresas de servicios en la UE tendrán que obedecer solamente a los requisitos del país de origen donde radique su sede social. A los otros Estados Miembros, en los que actúen o suministren servicios, no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo. El estado encargado de controlar las empresas será el país de origen. Con ello, las empresas establecerán su sede social en el estado europeo con la peor protección social, y que además ejercerá sus controles de forma esporádica con multas leves. Con la garantía constitucional que no se armonizará las reglas laborales -Articulo III-207-, se ejercerá una presión fuerte para disminuir todavía más los derechos laborales.

Por ejemplo:

Una empresa polaca (real o virtual a través de una dirección postal, tal como funcionan en los paraísos fiscales) podrá construir una finca en el Estado español con obreros polacos, a sueldos polacos. Además será Polonia la encargada de controlar si se cumplen las leyes polacas.

Una empresa de trabajo temporal, cuya sede está en Letonia, podrá ofrecer sus trabajadores temporales, sin que los inspectores del Estado Español tengan derecho a verificar si la empresa de trabajo temporal cumple las leyes españolas porque ni siquiera estarán vigentes.

Los dos ejemplos muestran claramente cómo se quiere llegar a desmontar los logros sociales y los derechos laborales a través de la estrategia de un libre mercado sin intervención de los poderes públicos. La Directiva de Bolkestein tiene como objetivo rebajar los sueldos, las condiciones laborales y los impuestos sobre las empresas hasta igualar lo vigente en los estados europeos con peores condiciones laborales (y mejores condiciones para las empresas). No hay que olvidar que se quiere convertir Europa en la región más competitiva del mundo. (El plazo de este proyecto coincide ‘casualmente’ con los plazos del proyecto de Constitución y con los plazos previstos en la Directiva Bolkestein.). Más competitiva que los EEUU dónde 44 millones de personas (el 15% de la población) carecen de seguro médico, más competitivo que la China dónde las condiciones laborales son parecidas a la esclavitud, etc.

Medio ambiente

Entre los objetivos de la Unión Europa, según el texto de la Constitución, figura «La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un nivel elevado de (…) protección y mejora de la calidad del medio ambiente.» No se incluyen normas, ni medidas para garantizar esta calidad medioambiental. Del otro lado, sabemos que la Comisión, que tiene competencia exclusiva para «el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior». Por su comportamiento en el pasado, sabemos que la Comisión considera como competencia falsa la introducción de ecotasas para los productos más contaminantes.

En 1981, en Dinamarca, se prohibió el uso de botellas no-reutilizables para cervezas y refrescos. Varios estudios del gobierno danés demostraron que el uso de botellas reutilizables era mejor para el medio ambiente. La Comisión Europea inició un procedimiento jurídico contra Dinamarca por supuesta obstaculización del libre mercado. (Aunque la Corte Europea de Justicia, en 1989, decidió que la medida no era en contra del libre mercado, y que un gobierno podía tomar tales disposiciones por razones de protección del medio ambiente.)

Lo mismo hizo la Comisión Europea contra la decisión del gobierno alemán de imponer normas estrictas sobre el reciclaje de envases de diferentes tipos de bebidas y el uso de botellas reutilizables para la leche. Con diferentes Evaluaciones de Ciclo de Vida, el gobierno alemán demostró la superioridad, respecto al medio ambiente, de las normas.

El libre Mercado Capitalista

El verdadero propósito de esta constitución es imponer una doctrina fundamentalista del libre mercado capitalista: impedir la actuación de los poderes públicos para regular el mercado y proteger al consumidor y el medio ambiente. La libertad de comprar y vender productos, podría organizarse perfectamente en un mercado altamente regulado, en el cual los productos que son fruto de explotación laboral (incluido esclavitud infantil) o los productos que son altamente contaminantes, simplemente estarían prohibidos o sometidos a una tasa (ecotasa) en la cual se cobra los costos ambientales provocados por tales productos. Pero con muchas prohibiciones y obligaciones se asegura que los poderes públicos se vean impedidos para regular el mercado (tanto de productos como el mercado laboral), para iniciar un proceso hacia abajo en cuanto a protección y derechos laborales.

Según este texto constitucional quedan anulados los servicios públicos, no se mencionan ni una sola vez, y son convertidos en los ‘servicios de interés económico general‘. La formulación distinta implica un cambio drástico en la concepción. Los servios públicos tienen como objetivo el aumento del nivel de bienestar a través de la satisfacción de las ne­cesidades básicas, intentando ofrecer, con los recursos disponibles, la mayor calidad, a la mayor cantidad de personas. Los servicios de interés económico general tienen como objetivo el aumento del nivel de beneficios privados a través de la venta de productos y servicios de necesidad básica, intentando ofre­cer aquellos productos con mayor margen de beneficio, a la mayor cantidad de personas con capacidad financiera.

El cambio (privatización) tiene un objetivo doble: aumentar las posibilidades de beneficios para las empresas y disminuir la redistribución de la riqueza. Este último se traduce en mayores ingresos para la clase rica (menos impues­tos). Así la clase ‘rica’ tiene doble ventaja: más beneficios y menos impues­tos. La clase ‘pobre’ doble desventaja: mayores gastos (precio más alto para los servicios) y menos bienestar (menos calidad).

Según el texto, se «reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general» (Art. II.96), pero reconocer y respetar no es lo mismo que garantizar el acceso. Lo que sí se garantiza son los derechos del capital: «quedan prohibidas las restricciones tanto a los movimientos de capitales como a los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.» (Art. III.156). Además lo fija como objetivo del Parlamento, por encima de posibles mayorías parlamentarias contrarias a lo mismo: «El Parlamento Europeo y el Consejo tratarán de alcanzar el objetivo de la libre circulación de capitales entre Estados miembros y terceros países en el mayor grado.» (Art. III.157)

Un creciente Militarismo

Aunque en Europa se suele utilizar la zanahoria para engañar a los ciudadanos, también hace falta fortalecer las posibilidades de manejar el palo para aquellos que no les guste la zanahoria ofrecida. En el texto constitucional se obliga a los estados a aumentar sus inversiones bélicas: «Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares» (Art. I.41) Además, «se crea una Agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento (Agencia Europea de Defensa) para identificar las necesidades operativas, fomentar medidas para satisfacerlas, contribuir a identificar y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, para participar en la definición de una política europea de capacidades y de armamento, así como para asistir al Consejo en la evaluación de la mejora de las capacidades militares.» Ya se sabe que la supuesta Agencia estará dominada por el triunvirato formado por las más importantes empresas armamentísticas europeas: BAE Systems (Alemania), EADS (Francia) y Thales (Gran Bretaña). Las conclusiones también se conocen ya: Europa debe invertir más en armamento, y será el triunvirato que equipará el nuevo ejército europeo.

La Comisión también ha hecho público sus planes de dedicar fondos europeos a la investigación militar (hasta la actualidad sólo se financiaba proyectos civiles). Además, ante la creciente objeción de conciencia de los científicos de cooperar con proyectos dedicados al asesinato masivo, la Comisión quiere suprimir la diferenciación entre los fondos civiles y militares, una vieja exigencia de la industria armamentística. (Un texto más amplio sobre le militarización de Europa, encontrarán en ‘Una constitución anti-democrática para una Europa militarizada’.)

Democracia

El texto constitucional también confirma lo que a nivel internacional ya ocurre: las decisiones realmente importantes se toman en los órganos menos democráticos. Dentro de la Unión Europea, el Parlamento es un órgano meramente simbólico que sólo tiene que ser informado o consultado para las decisiones importantes. Por ejemplo en los asuntos de política exterior y en la política de defensa común, «Se consultará periódicamente al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y opciones fundamentales de la política común de seguridad y defensa, y se le mantendrá informado de la evolución de la misma.» (Artículo I.41 par.8)

Ni siquiera para ir a la guerra, el parlamento puede decidir: «Cuando una situación internacional requiera una acción operativa de la Unión, el Consejo de Ministros adoptará las decisiones europeas necesarias. Las citadas decisiones fijarán los objetivos, el alcance, los medios que haya que facilitar a la Unión, las condiciones de ejecución de la acción y, en caso necesario, su duración.» (Artículo III-297)

Europa regula el 70% de tu vida.

Los que creen que la Unión Europea y sus instituciones son cosas muy lejanas que no nos influyen tanto, están equivocados. El 70% de las leyes y normas que regulan nuestra vida son decisiones y directivas europeas. Los estados se convierten en meros gerentes de decisiones tomados a niveles superiores, como la Comisión, el Consejo, para no hablar del Banco Mundial, la OMC o el FMI. Los estados centrales están sometidos a los dictámenes de la Comisión Europea que ejecuta lo que le dicen los ejecutivos de las multinacionales, que a su vez bailan al ritmo determinado por el capital de los accionistas. Una creciente descentralización del Estado Español, en realidad es una tomadura de pelo. Un País Vasco o una Cataluña independiente, ejecutará las decisiones tomadas a otros niveles. Podrán tomar decisiones sobre su propia bandera, o sobre el color de las sillas en el parlamento, pero nada podrán decidir sobre la existencia o no de servicios públicos, ni sobre su economía, hasta su cultura estará sometida a ‘las fuerzas del mercado’.