Los trabajadores en negro, que en algunas zonas del sur de Italia llegan a ser uno de cada tres, quedan completamente desamparados ante esta crisis sanitaria y sus efectos colaterales, que están ya desembocando en una importante crisis social.
Son varios ya los casos que han salido a la luz de hombres y mujeres que acuden a hacer la compra esencial en los supermercados del sur de Italia, concretamente y por ahora en las zonas de Sicilia y Nápoles, y no tienen dinero con el que pagar la leche, el pan, la pasta y el tomate, en algunos casos para ellos mismos, en muchos otros para toda su familia.
Por ahora no son los autónomos, que actualmente siguen teniendo que hacer frente a varios de sus gastos fijos, pero a los que la prestación de 600 euros mensuales aún no les ha llegado; o los empleados que han sufrido un ERTE y están esperando a la larga y compleja gestión de la “cassa integrazione”, la retribución de parte del salario; ni siquiera son aquellos que directamente han perdido su empleo y esperan a, también los largos tiempos, del “sussidio di disoccupazione”, lo que viene siendo el paro. Son, por ahora, los trabajadores en negro, los más frágiles de un sistema precario, los invisibles.
Pues si bien el Gobierno italiano ha asegurado un importante paquete de medidas económicas y políticas para paliar los efectos colaterales de esta crisis sanitaria mundial, así, por ejemplo, realizó una primera inyección de 25 mil millones de euros para familias y empresas; ha prohibido los despidos por causa Covid-19; o ha hecho moratorias en el pago de la cuotas de autónomos; la gestión de las mismas es tremendamente lenta y compleja, propio de una de las burocracias más ineficientes de Europa. Pero, además, parecía haberse olvidado de las 3 millones 300 mil personas que, según los datos para el ejercicio del 2018 de “Alleanza cooperative italiane”, trabajan en la economía sumergida. Estos datos, en las provincias del “mezzogiorno” se incrementan hasta el punto de que uno de cada tres trabajadores lo hace en negro, según un estudio de la Cgil (Italian General Confederation of Labour).
Bien parece que a las manifiestas diferencias entre norte y sur no se escapa ni a nivel global, ni a nivel europeo, ni tampoco a nivel local, sobre todo en un país donde están tan marcadas y tanto llevan marcando como Italia. Allí, en el sur, están los hospitales con menor financiación, algo que se hace patente todos los días para médicos y enfermos, y que resulta vital en momentos como estos; allí están los mafiosos que hoy se hacen dar una comisión por gestionar las enrevesadas prácticas y módulos para pedir una prestación o subsidio; y allí es donde se genera la gran parte de los 191,9 mil millones de euros, fruto de la criminalidad y del trabajo no declarado, que, según l’Istat (Italian National Institute of Statistics), configuraron el 12’1% del PIB del año 2017.
Para paliar parte de esta situación, además de las distintas iniciativas vecinales, el Gobierno ha adoptado como medida exprés una asignación de 400 millones de euros a repartir entre los distintos municipios, que serán los directos encargados de gestionarlos y de establecer así el funcionamiento de los “bonos comida” para los más necesitados que, en la octava economía del mundo y según un informe del l’Istat del 2018, suman nueve millones de personas las que se encuentran en pobreza relativa y cinco millones las que están en una situación de pobreza absoluta.