Alfredo Cospito ha confirmado a los médicos que continuará la huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias. Su caso ha abierto un debate en una Italia que inventa nuevas formas de represión bajo el Gobierno de Giorgia Meloni
Han pasado ya 105 días desde que Alfredo Cospito empezara una huelga de hambre contra el régimen carcelario de aislamiento del 41-bis y la cadena perpetua no revisable. La médica encargada de visitar a Cospito en prisión declaraba hace unos días que el militante anarquista ha perdido ya más de cuarenta kilos. A pesar de haber recibido una advertencia oficial para no hacerlo, la médica ha seguido comunicando a la radio libre Onda d’Urto el resultado de sus visitas: “La situación clínica de Cospito es estable, pero podría precipitar en cualquier momento”.
Dadas sus condiciones de salud, a principios de semana fue trasladado a la cárcel de Opera, en Milán, que cuenta con una sección de aislamiento dotada de equipos médicos. El cuerpo de Alfredo resiste desde hace más de tres meses a la ausencia de alimentos —más allá de pocos integradores y alguna que otra cucharada de miel— y si hasta ahora no ha sucumbido ha sido, probablemente, por su fuerte complexión de partida. Para entender lo extraordinario del caso, basta pensar en otras históricas huelgas de hambre: Holger Meins murió tras 57 días sin comer, mientras que Bobby Sands se derrumbó a los 66 días.
Desde entonces, las muestras de solidaridad y apoyo a la protesta de Alfredo Cospito se han sucedido casi ininterrumpidamente. Por toda Italia y en numerosos puntos del globo se han organizado manifestaciones y concentraciones, y se han llevado a cabo acciones de sabotaje en lugares representativos del Estado italiano y de grandes empresas. Por otro lado, desde el pasado octubre, la cobertura mediática sobre el caso de Alfredo ha sufrido una increíble expansión, pasando de ser un tema exclusivo de webs de contrainformación anarquista a ocupar no poco espacio en grandes periódicos y televisiones.
Así, en las últimas semanas, los grandes medios italianos han
empezado a reaccionar a una situación que penetra cada vez en el debate
público y al que la justicia, por el momento, ha respondido con absoluta inflexibilidad.
Una respuesta en línea con la del ministro de Interior, Carlo Nordio,
principal cargo del Estado con potestad para devolver a Cospito a un
régimen carcelario estándar. “Frente a la violencia no se negocia, la
ola de actos vandálicos justifica el mantenimiento del 41-bis […] El
Estado no se dejará intimidar”, declaraba en estos días el ministro de
Hermanos de Italia. Un eslogan que recuerda de alguna forma a la
famosa “firmeza” del gobierno italiano en tiempos del secuestro de Aldo Moro.
En aquella ocasión, el ejecutivo presidido por el divo Giulio
Andreotti decidió mantenerse inflexible ante cualquier posibilidad de
negociación con las Brigadas Rojas, condenando a muerte así, de facto,
al líder de su propio partido y principal defensor del “compromiso
histórico”.
Como es lógico, los grandes medios están reduciendo la campaña de solidaridad con Cospito y sus motivaciones a un “violento ataque al Estado”. Si bien es cierto que parte del movimiento anarquista explicita ese tipo de reivindicaciones, la petición de devolver a Cospito a un régimen carcelario normal y de revisar la cadena perpetua a la que ha sido condenado es compartida por un espacio social mucho más amplio. Parlamentarios, juristas, organizaciones no gubernamentales, colectivos políticos no anarquistas y asociaciones de todo tipo se han unido en la denuncia de lo que se considera, como poco, un flagrante abuso por parte del Estado. Esta denuncia generalizada está yendo más allá del caso de Alfredo Cospito, poniendo en cuestión la misma legitimidad del régimen penitenciario del 41-bis y la cadena perpetua, dos mecanismos legales por los que Italia ha recibido diversas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Resulta fácil entender que para el gobierno de Giorgia Meloni es mucho más fácil agitar el espantapájaros de la “violencia anarquista” que entrar en la cuestión legal y humanitaria del caso Cospito, y los grandes medios se lo están poniendo en bandeja, concentrando toda su atención en los enfrentamientos con la policía que se han producido en diversas manifestaciones, así como en los pequeños actos de sabotaje realizados (que no han causado ninguna víctima). De esta forma, décadas después del caso Pinelli, “los anarquistas” se convierten de nuevo en el enemigo público número 1.
Otra reacción del gobierno italiano para contrarrestar el efecto de la protesta de Cospito está siendo intentar deslegitimar las motivaciones de su huelga de hambre. Así, Giovanni Donzelli, diputado de Hermanos de Italia, declamaba ayer en el parlamento que “Cospito es un influencer de la mafia”, explicando que, según fuentes (no especificadas) del ministerio de Justicia, el preso anarquista habría “mantenido una conversación con un capo de la ‘ndrangheta que lo ha animado a seguir adelante”. Más allá de la dudosa fiabilidad de estas informaciones (no se entiende cómo Cospito habría podido mantener dicha conversación en su rutina de aislamiento), la acusación evita, una vez más, responder a la cuestión en sí, esto es, cómo es posible que se haya utilizado un mecanismo ideado para evitar que capos mafiosos mantengan el contacto con sus organizaciones contra una persona cuyas comunicaciones con el exterior se reducían a artículos de análisis político.
Otra derivada de la reacción mediática a la movilización en solidaridad con Cospito ha sido el señalamiento contra los centros sociales. En estos días, diversos periódicos y programas de televisión están mapeando en directo todos los supuestos “círculos anarquistas” presentes en territorio italiano. Más allá de la ignorancia demostrada por estos medios (muchos de los espacios señalados no están asociados en absoluto con el área anarquista), esta acción mediática se suma a la estrategia de criminalización de los espacios —ocupados o no— en los que se practican la autogestión y el apoyo mutuo. Estrategia histórica del Estado italiano y el poder mediático, que en los últimos años ha llevado al desalojo de numerosos centros sociales activos desde hace décadas y a un ensañamiento general contra las prácticas colectivas y solidarias. Cabe recalcar aquí que, si bien el gobierno presidido por Giorgia Meloni se ha sacado del sombrero nuevas formas de represión legal, esa estrategia criminalizadora viene de lejos.
A su llegada a la cárcel milanesa, Alfredo Cospito ha confirmado a los médicos que continuará la huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias y ha dejado a su abogado una declaración escrita en la que se niega a ser nutrido forzosamente incluso si llega a perder el conocimiento. En este contexto, la “firmeza” del gobierno italiano respecto a la posibilidad de cualquier tipo de cesión está siendo interpretada por parte de la opinión pública como poco menos que una condena a muerte, en defensa de una ley puesta en entredicho incluso por parte del propio sistema de justicia. Existe además el temor —más que infundado, mirando a la historia italiana reciente— de que los “disturbios” sirvan, una vez más, como excusa para una escalada de la represión de ciertas políticas realizadas desde abajo.