“Creo que ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación”. La frase es del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, el hombre cuya misión es precisamente frenar la venenosa subida de precios que sufre su país. Lo dijo hace sólo unos días en Sintra (Portugal), donde el Banco Central Europeo (BCE) celebró su foro anual. Allí se conjuraron los guardianes de la inflación, además de Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, para actuar contra la escalada de precios con toda la contundencia de que son capaces. Tanto Powell como Bailey han comenzado ya a subir los tipos de interés tras una década de congelación, mientras que Lagarde lo hará este mismo mes y de nuevo en septiembre. Aun así, la batalla no ha hecho más que comenzar y el resultado no sólo es incierto: el presidente de la Fed advirtió también de que el enfriamiento de la economía derivado del encarecimiento del dinero no va a estar exento de “dolor”.
Pero Powell sabe, y lo dijo, que Estados Unidos puede resistir el envite mejor que Europa. En ambos lados del Atlántico la inflación se ha disparado a una velocidad que no se recordaba desde hace 40 años. Pero las causas no son exactamente las mismas, ni las economías a las que daña comparten el mismo estado de salud. EEUU no depende del gas y el petróleo rusos y, aunque sí ha subido la gasolina, sobre todo se han desatado la vivienda, los servicios… y los salarios. Además, su tasa de paro es sólo del 3,6% –¡del 2% en Minnesota y Utah! –, técnicamente se trata de pleno empleo. En la Unión Europea, por el contrario, el cierre del grifo ruso amenaza con poner al borde del colapso a un buen número de países completamente dependientes de la energía de Vladimir Putin. En otros, la recuperación económica de la pandemia, con un aumento de la demanda, por un lado, y los elevados déficit y deuda públicos, por otro, conspiran con unas tasas de paro que casi cuadriplican la estadounidense.
La inflación en la zona euro alcanzó en junio el 8,6%, al menos a tenor de los indicadores adelantados y armonizados que utiliza Eurostat, la oficina estadística de la UE. Estados Unidos aún no ha hecho público el dato de junio, pero en mayo ya se situaba también en ese mismo 8,6%. De los 20 países europeos que han revelado la cifra del último mes, nueve tienen un IPC superior al 10%. Uno de ellos es España, con un 10,2% –dos décimas menos el armonizado–. La superan los países bálticos, totalmente supeditados a la energía rusa y con IPC de pesadilla: Estonia alcanza el 22%, Lituania está en el 20,5% y Letonia en el 19%. Con dos dígitos aparecen también dos países del Este, Eslovaquia –12,5%– y Eslovenia –10,8%–, y Grecia –12%–. Al igual que Bélgica –10,5%– y Luxemburgo –10,3%–.
Tampoco van muy a la zaga Países Bajos –9,99%–, Irlanda –9,6%– y Portugal –9%–.
Alemania, que antes de la invasión de Ucrania importaba de Rusia el 55% del gas que consume, ha conseguido reducirlo a un 35%. También compraba en el gigante eslavo un 35% del petróleo, que ahora es sólo el 12%. Así, es casi el único país europeo que ha conseguido rebajar en algo su inflación en junio, hasta el 8,2% desde el 8,7% –IPC armonizado– de mayo. También Países Bajos, otro país con una fuerte dependencia energética de Rusia, ha recortado su IPC, del 10,2% de mayo al 9,9% de junio. En cualquier caso, son cifras estratosféricas. En Alemania el precio de la energía se ha disparado un 38% en el último año.
Italia ha llegado en junio al 8,5% armonizado, tras una subida de 1,2 puntos porcentuales en un mes. En el país de Mario Draghi la energía se ha encarecido aún más que en Alemania, un 48,7%. Sólo Francia parece escapar, hasta cierto punto, de la escalada. Aun así, en junio ha alcanzado el 5,8%, la cifra más alta desde 1985 –un 6,5% armonizado–. Los precios de la energía también están en niveles de escándalo, un 33,1% por encima de hace un año, pese a que hasta ahora el mayor recurso a sus centrales nucleares parecía haber librado a Francia de la carestía que atenaza al resto de los europeos. Finalmente, el Reino Unido, que aún no ha publicado el dato de junio, dejó la inflación en el 9,1% en mayo. Y el Banco de Inglaterra avisa de que, en octubre, cuando en teoría está previsto que se levante el tope de precios a las facturas domésticas de la luz, el IPC puede llegar al 11%. Únicamente Suiza vive a salvo de la ola de precios, con un IPC que en mayo sólo era del 2,7%. El motivo es su moneda. El franco suizo es considerado una divisa refugio en momentos de crisis y su fortaleza permite a la confederación importar barato.
Inflación subyacente, nueva protagonista
Hace sólo dos meses, España y el resto de Europa aún podían decir que la principal causa de su elevada inflación era la energía. Pero a las puertas del verano, y pese a las medidas de los gobiernos, la subida de los precios de la luz, el gas y los combustibles ha contagiado ya a toda la economía. Lo desvelan las cifras de la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos. Y ahí España lidera en Europa. En junio se ha encaramado en el 5,5%, lo que la convierte, de momento, en la más alta de la UE a excepción de Grecia, un 6%, y Malta, que alcanza el 5,9%, la misma que ya en mayo sufre el Reino Unido. Sólo se le acerca Bélgica, con un 5,07%. La de Estados Unidos también es superior, un 6% en mayo: sólo un tercio de su inflación se debe a los precios de la energía –la mitad en el caso europeo–, pero su economía se ha recalentado más la de la zona euro, que en junio tiene una inflación subyacente del 3,7% de media. En Italia, Francia y Alemania están entre el 3,2% y el 3,8%. Sólo Países Bajos toca el 4%.
Ese contagio indica ya a las claras que la inflación desatada no va a ser un fenómeno transitorio como se preveía en un principio y, al quedarse más tiempo, se corre el peligro de que parte de ella se convierta en estructural. No sólo por la guerra en Ucrania y el precio de la energía. “La desglobalización de la economía que ya se está produciendo va a aumentar el precio de los bienes y servicios, que serán más cercanos, pero también más caros”, explica José García Montalvo, profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, “No podemos depender de un solo suministrador, necesitaremos varios, y eso encarece el producto final; si aumenta el riesgo de que se rompa la cadena de suministro, como ya ha ocurrido, ese mayor riesgo también encarece el producto, y luego hay que tener en cuenta la volatilidad de los fletes”, enumera.
Desventaja española
En este nuevo escenario inflacionista, impensable hace un año, España cuenta además con una desventaja. Por culpa de su menor productividad y competitividad, el impacto de los precios desbocados es mayor, resalta García Montalvo. “España siempre ha sido más vulnerable a la inflación que otros países”, apunta igualmente el economista Javier Santacruz. También ha generado mayor conflictividad social, recuerda, porque el encarecimiento de los alimentos y otros bienes o servicios básicos perjudica más a las rentas más bajas. Y el daño económico de la pandemia, cuando los salarios aún no se habían recuperado de la anterior crisis, ha dejado en España un reguero de damnificados. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida el INE, el 7,3% de los ciudadanos sufre carencias materiales severas, tres décimas más que hace un año.
A juicio de Santacruz, el riesgo ahora es que esa contestación social se traduzca en un aumento de los salarios y las pensiones que retroalimente la subida de los precios. Los temidos efectos de segunda ronda. Sin embargo, ni en España ni en el resto de la UE han mejorado aún los salarios. Y sólo en el Reino Unido han empezado a bullir las protestas, con huelgas en los ferrocarriles y el metro y convocatorias en la educación y la sanidad públicas, así como en Correos.
Como ventaja española, el catedrático de la Universidad de Granada Santiago Carbó menciona el pico de actividad que este verano proporcionará el turismo, un tirón que puede ayudar a evitar la recesión si la subida de tipos de interés enfría demasiado la economía. Estar más lejos de Rusia, depender menos de sus exportaciones energéticas gracias al suministro alternativo de gas por barco y por el tubo argelino, también cuenta a favor de España, indica Carbó.
De subvenciones a rebaja de impuestos y recargos a las eléctricas
Cuestión distinta es la eficacia de las medidas que han adoptado los gobiernos para hacer frente a la espiral de precios. El abanico de ayudas y descuentos es muy parecido entre los países. Rebajas de impuestos, ayudas a las familias y empresas más vulnerables a la subida de precios, reformas de los mercados energéticos y medidas de ahorro.
Tanto España como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, además de algunos Estados americanos, han aprobado subvenciones a los carburantes: desde 15 céntimos el litro en Francia hasta 30 céntimos la gasolina en Alemania e Italia. El descuento de Boris Johnson son cinco peniques el litro reduciendo impuestos sobre los combustibles.
Reino Unido e Italia ya han puesto en marcha un impuesto del 25% a las compañías eléctricas, mientras que Bélgica y España lo están preparando. Al mismo tiempo, los gobiernos están rebajando impuestos a los consumidores de energía. Reduciendo el IVA de la electricidad –Reino Unido, España, Bélgica– y del gas –Italia– o eliminando ciertos recargos, como el gravamen especial con que alemanes y austriacos financiaban hasta ahora la transición hacia las renovables. En Francia, Emmanuel Macron ha limitado al 4% la subida del precio de la electricidad que pagan los consumidores.
Como se sabe, en España y Portugal lo que se ha topado ha sido el precio del gas para producir electricidad, un mecanismo complejo que hasta el momento ha rebajado la factura de la luz un 14%, por debajo de las previsiones del Gobierno.
También han sido generalizadas las compensaciones a empresas y familias. En Alemania el Gobierno paga cheques a los hogares con rentas más bajas de 300 euros, de 100 euros para los desempleados –200 euros para los de larga duración–, 135 euros para los estudiantes. En Francia se pagaba ya antes de la guerra un chèque energie de 100 euros y a partir de septiembre habrá otro chèque alimentaire para familias de bajos ingresos. Además, las pensiones subirán un 4% a partir de este mes de julio, un poco menos de lo que hasta ahora ha aumentado la inflación. En Italia el cheque para quienes ingresen menos de 35.000 euros al año, tanto trabajadores como pensionistas, asciende a los 200 euros. A las empresas con mayor consumo de electricidad el Gobierno de Mario Draghi les otorga créditos fiscales del 20% si su factura crece por encima del 30%.
Alemania también ha elevado hasta los 10.347 euros anuales el mínimo por encima del cual el contribuyente está obligado a pagar el IRPF. Y ha dejado en nueve euros el precio del abono mensual de transporte, en un intento por incentivar el uso de autobuses, trenes y metro para ahorrar combustible. Algo similar pondrá en marcha a partir de septiembre el Gobierno español, reduciendo en un 50% el abono mensual de Renfe y de las líneas de autobuses con concesiones del Estado, así como un 30% los abonos emitidos por las comunidades autónomas y ayuntamientos.
¿Cuánto cuestan estas armas contra la inflación? Unos 22.000 millones a los alemanes, 27.000 millones a los franceses, 26.500 millones más a los italianos y 25.000 millones a los españoles. Otra costosa factura-