Una veintena de organizaciones ecologistas y de derechos humanos demandan justicia tras cinco años de perpetrado el asesinato de la lideresa social hondureña.
En la madrugada del 2 de marzo de 2016, unos hombres armados entraron en la casa de la activista ecologista Berta Cáceres. Sabía que cualquier día podía pasar. Todas las semanas, las personas que se oponían al proyecto hidroeléctrico Agua Zarza recibían amenazas y cuatro de ellas ya habían sido asesinadas. En otra habitación de la vivienda de la dirigente indígena, en La Esperanza (Honduras), dormía el activista ecologista Gustavo Castro.
—¿Quién está ahí?, alcanzó a decir antes de que le dispararan.
Lo dieron por muerto, pero solo le habían herido en una oreja. No fallaron a la hora de acabar con su verdadero objetivo: Berta Cáceres se había convertido, con una gran proyección internacional, en un serio obstáculo para la represa planeada en un río sagrado para el pueblo lenca, un proyecto que contaba con el apoyo de la élite empresarial del país y la financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés y la empresa pública finlandesa Finnfund.
La policía hondureña intentó endosar el crimen a los compañeros de lucha de Berta Cáceres, pero la ola de indignación y la repercusión mundial que tuvo el caso consiguió poner las cosas en su lugar y apuntar directamente a los directivos de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la compañía responsable de la represa.
Cinco años después, el caso está lejos de ser resuelto. El 2 de diciembre de 2019, siete personas -dos de ellos vinculados a la compañía y cuatro al ejército- fueron declaradas culpables y condenadas por el asesinato de la cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Sin embargo, hasta ahora, solo el presidente de DESA, David Castillo Mejía, está acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato, a pesar de que el informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) señala a otros altos cargos de la compañía.
Y las autoridades hondureñas no están haciendo lo necesario para garantizar que haya justicia en el caso, denuncia una carta enviada este 1 de marzo a la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, por una veintena de organizaciones ecologistas y de derechos humanos. Entre las organizaciones firmantes de la carta, figuran CEAR, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Calala, Front Line Defender, Mundubat, Entrepobles y Global Witness.
Frente a los intentos de los abogados de Castilla Mejía de enfangar y retrasar el proceso judicial, los firmantes piden a la diplomacia española que intervenga para que el Estado hondureño garantice “los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres”. También piden a González Haya que presione al gobierno de Honduras para que el proceso contra Castillo Mejía sea “rápido”, “exhaustivo” y “transparente”, con presencia de periodistas y observadores.
La indefensión de los activistas de derechos humanos, ecologistas e indígenas en Honduras, el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, según Global Witness, es otro de los motivos de preocupación para estas ONG. Según señalan, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental, el primer instrumento internacional vinculante que permite la protección de los activistas ecologistas y defensores del territorio. “La firma del Acuerdo sería un primer paso hacia un camino en el que Honduras respete y resguarde el rol de quienes están en el centro de la lucha en contra de la inminente crisis ambiental”, señalan en la carta.
El reconocimiento del trabajo que realiza el COPINH, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, así como la protección de sus integrantes y la defensa del pueblo lenca, es otra de las peticiones de esta veintena de organizaciones para la ministra española de Exteriores. Mientras avanzaba la investigación del asesinato de Cáceres, el COPINH presentó hasta 35 denuncias ante la Fiscalía sobre agresiones a la comunidad indígena lenca y ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de consecuencia para los supuestos agresores.
La implicación del ejército en el asesinato de Cáceres, al que pertenecían cuatro de los condenados, está lejos de ser esclarecida. Según Global Witness, el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista negra de las fuerzas armadas poco antes de su asesinato. Un ex miembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos, entrevistado en The Guardian, declaraba que se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales “con órdenes de eliminar a todos esos objetivos”. En septiembre, continúa esta ONG internacional, el COPINH descubrió a un espía militar que estaba informando sobre las actividades de la dirigencia de la organización.
El propio presidente ejecutivo de DESA, David Castillo Mejía, según Global Witness, fue agente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal. Este ex militar, implicado en diversos casos de corrupción, seguía recibiendo un sueldo del ejército tras haber abandonado la institución.
Según un informe de esta organización de derechos humanos, la empresa DESA tiene también importantes conexiones con la élite económica hondureña. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de Gobernación y Justicia. El segundo de la compañía, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es presidente del Banco de América Central (BAC Honduras) e integrante de “una de las familias empresariales más adineradas de Honduras”.
La impunidad en el caso Berta Cáceres es una invitación a que las multinacionales recurran a las amenazas, a las agresiones y a los asesinatos como herramientas para deshacer la oposición a los megaproyectos. “La falta de identificación y acusación de todas las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y defensoras, y deja impune a quienes son responsables del crimen”, indican en la carta a la ministra.