Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. (Violeta Parra) Con la adopción del modelo neoliberal en el Perú se impuso la apertura económica y un conjunto de políticas en campo educativo […]
Que vivan los estudiantes,
jardín de las alegrías.
Son aves que no se asustan
de animal ni policía,
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.
(Violeta Parra)
Con la adopción del modelo neoliberal en el Perú se impuso la apertura económica y un conjunto de políticas en campo educativo para privatizar el sistema educativo y adecuarlo a las reglas del libre mercado. En ese sentido, con el propósito de mercantilizar la universidad pública y adecuarla a las exigencias del mundo «globalizado» (mercado).
La dictadura de corte neoliberal de Alberto Fujimori (1990-2000) promovió la intervención militar de los claustros universitarios, como una condición, para impulsar el proceso de «modernización» neoliberal al interior de los claustros universitarios. Entre las políticas de modernización implementadas por la dictadura se identifican: la adecuación de los perfiles profesionales a las exigencias y necesidades del capital humano que requería el empresariado y la inversión extrajera, la reducción del gasto público, la pérdida de la gratuidad de la enseñanza universitaria, la precarización y flexibilización laboral de los docentes y el impulso de procesos de competencia por los recursos y diversificación del financiamiento, desde una lógica de gestión empresarial, ofreciendo la venta de servicios de calidad, considerándose como tales la investigación y la enseñanza. Es decir que la «supuesta» modernización de las universidades públicas implicó el tránsito hacia un nuevo sistema de valores, donde el proceso educativo ha quedado sujeto a los principios y reglas del libre mercado.
A pesar de que el proceso de modernización neoliberal de las universidades se dio en un contexto de apoyo masivo y de una legalidad (Constitución Neoliberal de 1993) acorde a esos propósitos, dichas políticas no tuvieron los efectos inmediatos que necesitaban los grupos de poder y el capital trasnacional: creación de un mercado educativo y la formación del capital humano. Con el propósito de adecuar el sistema educativo a la apertura económica y de profundizar la privatización de la educación superior, la dictadura neoliberal aprobó el Decreto Legislativo N°822 (1996). Fue en ese contexto en la que se crea un mercado educativo, en donde la nueva burguesía educativa convirtió el derecho a la educación en una mercancía, y a los estudiantes en los nuevos clientes. Asimismo, con el proceso de diseño curricular de los nuevos perfiles profesionales, acorde a las exigencias del modelo de desarrollo primario exportador, las universidades privadas se convirtieron en la fuente de recursos humanos que las empresas de capital nacional y extranjera exigían.
Con la caída de la dictadura se abrió una etapa de «primavera democrática» que no significó la cancelación del programa neoliberal, peor aún de su reforma educativa. Uno de los hitos de esta etapa fue la aprobación del Acuerdo Nacional que dio inicio a la elaboración del Proyecto Educativo Nacional (PEN) a cargo del Consejo Nacional de Educación. Un aspecto positivo de dicho documento es el reconocimiento del fracaso de la reforma universitaria neoliberal expresada en: déficit recurrente de la excelencia académica (baja calidad), el crecimiento de la población y universidades privadas (más del 50 %) sin criterios de calidad y sin una entidad que acredite un buen servicio educativo, la poca valoración (inversión) que se da a la investigación científica desde el Estado, el desempleo y subempleo de miles de profesionales producto de la desconexión entre la universidad y el desarrollo, así como del aislamiento del gobierno y administración universitaria de los retos del desarrollo nacional (crecimiento económico).
En un contexto de continuismo neoliberal, la aprobación del PEN en el 2007, como política de Estado, significó la continuación de la reforma educativa neoliberal, porque en vez de cancelar el lucro en la educación universitaria prefirió regularlo a través de los mecanismos de aseguramiento de la «calidad educativa». Para garantizar dicho proceso de creó el 2006 el Sistema Nacional de Acreditación, Certificación de la Calidad de la educación Superior- SINEACE y luego de su fracaso en el 2014 se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, en el marco de la aprobación de la nueva Ley Universitaria N°30220. En la actualidad, el SINEACE continúa con su labor de acreditación, y la SUNEDU se encarga del proceso de licenciamiento. No obstante, los cambios epidérmicos y la participación de sectores sociales en el diseño de las políticas educativas para la educación superior universitaria y su normatividad (incluida la nueva Ley Universitaria N°30220) después de la caída de la dictadura neoliberal, por sus propósitos, expresan la continuación y la profundización de la reforma universitaria neoliberal.
En ese marco, la lucha de los estudiantes universitarios sanmarquinos, hoy, expresa el repudio a la política de reducción del presupuesto universitario por parte del Estado y su efecto en el claustro universitario de la política de diversificación de las fuentes de financiamiento. Dicha política ha institucionalizado los siguientes efectos: participación de los estudiantes en los gastos mediante el pago de matrícula y sus respectivos «gastos» administrativos (pérdida de la gratuidad de la enseñanza), obtención de fondos mediante asociaciones de ex alumnos y fuentes externas (empresas y fundaciones), promoción de actividades que generen ingresos como cursos breves de formación profesional y estudios de postgrado, el cobro por exámenes de ingreso/egreso, la creación de empresas universitarias (Centro de Idiomas), contratos de investigación para la industria y servicios de consultoría y la venta de productos por empresas auxiliares como hospitales, libreras, cafeterías y albergues para estudiantes; además del rechazo a la corrupción institucionalizada (autoridades universitarias) en la UNMSM como consecuencia de la política de diversificación de las fuentes de financiamiento.
A modo de conclusión, la lucha del movimiento estudiantil en la UNMSM expresa el rechazo al continuismo de la reforma universitaria neoliberal y la constitución que la avala. En tal sentido, esta situación no será resuelta si no se cambia la constitución neoliberal de 1993, que es la que legitima la privatización de la educación, la política de diversificación de las fuentes de financiamiento (perdida de la gratuidad de la enseñanza), la gestión empresarial de la universidad pública y la corrupción.
¡Viva la lucha de los estudiantes de la UNMSM!
¡En defensa de la universidad pública y el derecho a la gratuidad de la enseñanza!
¡Abajo el continuismo de la reforma universitaria neoliberal
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