El Reino de Bélgica cerró el año 2015 con una deuda pública de 436.186 millones de euros (106% del PIB), que se elevaba en el primer trimestre de 2016 a 450.100 millones de euros (109,2% del PIB). Cuando ya se avizoraba la gran recesión en 2007, el endeudamiento público de este país se situaba en […]
El Reino de Bélgica cerró el año 2015 con una deuda pública de 436.186 millones de euros (106% del PIB), que se elevaba en el primer trimestre de 2016 a 450.100 millones de euros (109,2% del PIB). Cuando ya se avizoraba la gran recesión en 2007, el endeudamiento público de este país se situaba en el 87% de la riqueza nacional. La relevancia cualitativa de estos porcentajes es que, según la agencia Eurostat, Bélgica forma parte hoy del club de los seis países que superan el 100% de endeudamiento, junto a Grecia, Italia, España, Portugal y Chipre. La mayoría de los movimientos sociales en Bélgica consideran centrales las políticas de austeridad, sin embargo, «la deuda es casi ‘invisible’, no les parece importante abordarla», afirma el activista del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) en Bélgica, Jéremie Cravatte. «Nuestro papel es que se tome en cuenta». Observa que una de las razones por las que la deuda no se considera prioritaria es la situación de los tipos de interés, muy bajos en la actualidad. «Se tendrían que vincular las luchas ‘particulares’ a la cuestión de la deuda pública», afirma el activista en las jornadas #AuditFest organizadas en Barcelona por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).
El informe del CADTM «Las cifras de la deuda 2015» destaca que la ayuda pública directa a los bancos en Bélgica ascendió -según la Unión Europea- a 23.700 millones de euros entre 2008 y 2012 (sin contar fondos concedidos por el BCE ni garantías públicas). Este volumen de ayudas a la banca, el 6,2% del PIB belga, sitúa a este país en el cuarto lugar tras Irlanda, Grecia y Chipre. Pero estas cifras son las aportadas por la Unión Europea, el CADTM estima que las ayudas de las administraciones públicas a los bancos belgas fueron muy superiores: 32.600 millones de euros (el 8,5% del PIB). Este cálculo se basa en la suma de las ayudas acordadas para Dexia, Fortis, KBC y Ethias. La estadística de la Unión Europea permite asimismo constatar los efectos de la desregulación financiera en Bélgica. Si el valor de los activos de los bancos ascendía a 699.000 millones de euros en 2000 (277% del PIB), esta valoración se elevó hasta algo más de un billón de euros en 2012 (284% del PIB).
El economista Olivier Bonfond calculó además los sobrecostes para el estado belga que implicaba financiarse en unos mercados dominados por la banca privada. Si Bélgica hubiera podido obtener préstamos del BCE a un interés del 1%, la deuda pública habría pasado del 135% del PIB en 1992 al 34% en 2012; el estado belga se habría ahorrado 248.000 millones de euros en dos décadas, concluye Bonfond. Pero con los tipos a los que se tuvo que financiar, la tasa de endeudamiento público en 2012 se situó no en el 34% sino en el 100% de la riqueza nacional. Además, en caso de que Bélgica hubiera podido acceder a créditos del BCE al 0% de interés, la reducción de la deuda pública habría sido mucho mayor: hasta el 18% del PIB en 2012, lo que implicaría un ahorro de 306.000 millones de euros en 20 años. El informe del CADTM añade para la explicación del «agujero» otros factores como los «regalos» fiscales al 1% más rico de Bélgica y a las grandes empresas, así como el rescate bancario, y de todo ello extrae la siguiente conclusión: la mayor parte de la deuda pública belga es ilegítima.
Activista en Lieja de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda belga (ACiDe), Gilles Gregoire resalta el apoyo de los movimientos sociales a la ley contra los fondos «buitre» aprobada por el Parlamento de Bélgica. Dada la experiencia en el litigio contra estos fondos, la prensa argentina se hizo eco de la nueva legislación belga «contra el abuso de los buitres», según tituló el diario Página 12 el dos de julio de 2015. Aprobada por amplia mayoría, la ley establece que estos fondos llamados eufemísticamente de «capital-riesgo» podrán únicamente reclamar el valor pagado inicialmente por la compra del título. El diputado del Partido Socialista e impulsor del texto legal, Ahmed Laaouej, destacó la aprobación pese a las «fuertes presiones de las finanzas estadounidenses y bufetes de abogados que defienden a los fondos ‘buitre'». Con la nueva ley serán los jueces belgas quienes puedan determinar el carácter del fondo, discernir si los demandantes radican en un paraíso fiscal y la situación del país sobre el que se realiza el reclamo. «El principal negocio de los ‘buitres’ es comprar bonos depreciados y luego reclamar por la totalidad del papel», recuerda el artículo de Página 12. El periódico también subraya que al tiempo que comenzó el debate en la Comisión de Finanzas del Parlamento belga, el Fondo «buitre» NML capital del millonario Paul Singer consiguió embargar algunas cuentas de la embajada argentina en Bruselas. En cuanto a la presión de los movimientos sociales belgas, Gregoire destaca la importancia de la campaña para que otros estados puedan aprobar leyes similares.
En el punto de mira de los activistas por la auditoría de la deuda se sitúa Belfius, denominación de la filial belga del banco Bexia desde marzo de 2012. Por esas fechas la entidad financiera ya había sido rescatada por el Estado de Bélgica en dos ocasiones. En noviembre Belfius anunció 920 despidos en cuatro años para reducir costes y ahorrarse un mínimo de 210 millones de euros. «Muchos ciudadanos desconocen que Belfius es hoy un banco nacionalizado y tendría que ser propiedad de la ciudadanía, de ahí la campaña que iniciamos hace una semana», explica Jéremie Cravatte. Uno de los principales motivos de la movilización es que Belfius se endeuda a tipos de interés que rayan el 0% pero, subraya Cravatte, presta capital a los municipios a tipos entre el 2% y el 7%. En una entrevista realizada por la periodista Elodie Blogie en Le Soir, el portavoz del CADTM Eric Touissant avanzaba en mayo de 2013 algunos de los argumentos: «Se dice a menudo que Belfius está al 100% en manos del Estado, pero no se trata en absoluto de una empresa pública, ya que no se le ha asignado una misión de servicio público ni las normas que debería tener una empresa así». Además, «Belfius tiene la intención de volver al sector privado en cuanto le sea posible».
Jéremie Cravatte y Gilles Gregoire señalan las dificultades para encontrarse y trabajar juntos de los grupos locales que en Bélgica batallan por la auditoría de la deuda. Se reúnen sólo una vez al año, pero actualmente han abierto un nuevo frente en torno al CRAC. Éstas son las siglas del Centro Regional de Ayuda a los Municipios, organismo público constituido en la región de Valonia para responder a los déficits de tesorería de los municipios. Estos, según la definición oficial, pueden obtener un préstamo de «ayuda extraordinaria» a largo plazo cuyas cargas son compartidas entre la comuna y la región. La «ayuda» está condicionada a un «plan de gestión» que debe afrontar el municipio, sometido al control y seguimiento del CRAC. «Se trata de un FMI a pequeña escala», apunta Gilles Gregoire. El grupo de ACiDe en Verviers ha encontrado cartas del CRAC en las que se afirma que este municipio de la provincia de Lieja no ha recortado lo suficiente en el capítulo de servicios y rentas mínimas para desempleados, explican los activistas. «En el CRAC hay expertos y burócratas que imponen recortes y austeridad a las municipalidades». Critican también la falta de transparencia de este organismo público: «Incluso los municipios sometidos a un ‘plan de gestión’ sólo tienen acceso a las conclusiones de la auditoría, nosotros hemos pedido los estudios que ‘justifican’ estas medidas».
En agosto de 2016 la tasa de paro en Bélgica se situó en el 8,2%, pero al cierre de 2015 el indicador de los desempleados menores de 25 años alcanzó el 24%. ¿Cómo es el día a día de los recortes y la austeridad en el país? «Intentan que no duela demasiado», apunta Jéremie Cravatte, lo que significa «no cortar directamente un capítulo de gasto pero sí un poco de todas las partidas». Cuentan que la austeridad se percibe por ejemplo en las «casas de salud» (Maisons Médicales), y no tanto por la falta de financiación como por la alta demanda debido a la precariedad. «No hay suficientes médicos, tiempo ni energía para dar cobertura suficiente», lamentan Gregoire y Cravatte. Pero también resaltan victorias, como una sentencia reciente de la corte regional de apelaciones de Mons (Valonia) que dio la razón a la SWL (empresa valona de la vivienda pública) en su litigio con el banco francés Natixis. SWL contrató en 2006 con la entidad financiera un producto derivado (Swap) para cubrir un crédito firmado en 2004 por valor de 20 millones de euros. El cálculo del interés acumulado de este producto especulativo podría elevar la suma que debería pagar SWL, al final del contrato, en 2019, a 46 millones de euros. La empresa pública argumentó que fue víctima de un engaño y no recibió información clara. Finalmente, una sentencia del tribunal de apelaciones de Mons anuló el contrato y obligó a que Natixis restituyera el capital cobrado indebidamente. El pasado 14 de octubre se produjo otro avance, cuando el Parlamento de Valonia votó contra el CETA, o Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá.
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