El «sueño americano» y la ilusión de una vida mejor, lejos de la violencia y la miseria que sacuden sus lugares de origen, se ha convertido en una verdadera pesadilla para miles de menores centroamericanos indocumentados -en su mayoría provenientes de los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras)- que han entrado a […]
El «sueño americano» y la ilusión de una vida mejor, lejos de la violencia y la miseria que sacuden sus lugares de origen, se ha convertido en una verdadera pesadilla para miles de menores centroamericanos indocumentados -en su mayoría provenientes de los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras)- que han entrado a Estados Unidos o que, diariamente, siguen intentándolo, emprendiendo un viaje que los expone a todo tipo de abuso y vejación.
De acuerdo con datos de la Casa Blanca, en los últimos ocho meses, serían casi 50 mil los menores de 18 años que han sido detenidos, encerrados en centros de procesamiento migratorio y que van a ser deportados. Un aumento de casi el 90% respecto al año pasado, que está desatando una crisis humanitaria que las propias autoridades norteamericanas califican de «sin precedentes».
Para abordar este tema tan delicado y exhortar a enfrentar las razones que están provocando el éxodo masivo, el vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, se reunió recientemente con las autoridades de los tres países centroamericanos y de México. «Es una situación insostenible e inaceptable, y tenemos una responsabilidad compartida. Quiero hacer hincapié que Estados Unidos reconoce que hay que enfrentar las raíces que causan esta situación», dijo en aquella ocasión.
Biden anunció que Estados Unidos destinará 9.6 millones de dólares para la reinserción de los migrantes repatriados y otros 244 millones para programas de seguridad y desarrollo social en la región.
Para José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras, uno de los elementos clave que están a la base de la oleada migratoria de jóvenes hacia Estados Unidos es la violencia de la cual son víctimas.
Éxodo y violencia
«La violencia ancestral y su matriz colonial contra la niñez y la mujer ha ido profundizándose y diversificándose en las últimas décadas. La entrada con fuerza del crimen organizado, que va de la mano de la corrupción, y su ramificación en las instituciones del Estado, se ha convertido en un negocio muy fuerte y ha profundizado la agresión y el aniquilamiento de los niños y los jóvenes», dijo Ruelas a Opera Mundi.
Ante la falta de Estado y un entorno social caracterizado por grupos delincuenciales que los amenazan, extorsionan y abusan de ellos, el efecto inmediato ha sido el aumento sostenido de las muertes violentas de niños y jóvenes.
Durante los primeros cinco meses del año, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registró un promedio mensual de 90 jóvenes menores de 23 años asesinados, pero esta cantidad se elevó a 102 en el mes de mayo. Asimismo, en lo que va del año se registraron 40 masacres, cuyas víctimas son en mayoría jóvenes.
Si bien resulta difícil demostrarlo, para Ruelas existiría también un patrón muy evidente de que hay operaciones de «limpieza» contra jóvenes. «Hay personas organizadas con grandes recursos económicos matando a niños pobres y el Estado está totalmente ausente. La impunidad llega al 92% de los casos», dijo.
De acuerdo con datos de Casa Alianza, de los 3.7 millones de jóvenes menores de 18 años que existen en Honduras, un millón no está yendo a la escuela, 500 mil están siendo explotados laboralmente y unos ocho mil viven en las calles. En 2013, 2 mil niños de 12 años tuvieron que abandonar los estudios por amenazas de muerte y 17 mil familias tuvieron que abandonar sus domicilios por la misma razón.
Migrar hacia Estados Unidos se ha convertido, entonces, en la solución más viable. «El año pasado, ocho mil niños se fueron del país, cuatro mil fueron deportados y nadie sabe qué pasó con los demás», dijo Ruelas.
Durante los primeros cinco meses de 2014, la cantidad de niños y jóvenes migrantes se ha duplicado. De seguir así la tendencia, 24 mil niños podrían estar tratando de huir de la violencia del país este año.
El ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) estimó que el 47% de los menores hondureños que han llegado a Estados Unidos se quejan de haberse ido a causa de la violencia, mientras que Casa Alianza asegura que el 80% de los que fueron deportados antes de cruzar la frontera se fugaron por el mismo motivo. «Sin embargo, lo que más nos preocupa es que no hay un solo niño que venga ileso. Todos dicen haber sufrido algún tipo de abuso y violencia física y psicológica», explicó el director de Casa Alianza.
Lamentablemente, la respuesta del gobierno se ha centrado exclusivamente en la militarización de la sociedad.
«Frente a este problema, el gobierno, en lugar de optar por una estrategia de recuperación del territorio de forma pacífica, apostó por profundizar el militarismo y lanzar una campaña mediática para hacer creer que está obteniendo resultados. De esta manera, está tratando de superar sus dos principales debilidades: la falta de legitimidad y de representatividad ante la población», dijo Ruelas.
Esta estrategia, que llevó el gobierno de Juan Orlando Hernández a acercarse a los militares, a los sectores más conservadores de las iglesias y a los grandes medios de comunicación corporativos, parece no estarle dando los resultados esperados.
«La población no ve que la violencia y la pobreza estén disminuyendo. Está perdiendo la esperanza y está huyendo de forma masiva. Es un éxodo. Calculamos que son entre 200 y 300 las personas que diariamente se van de Honduras», ahondó el director de Casa Alianza Honduras en su análisis.
Crisis de modelo económico y fiscal
En su libro «Construcción del Estado y regímenes fiscales en Centroamérica», el investigador y catedrático Aaron Schneider evidencia como sean las élites centroamericanas que deciden «cuáles son los sectores de la sociedad que más deben pagar por concepto de impuestos y cómo los recursos recaudados habrán de invertirse o no, y en beneficio de quién o quiénes».
En este sentido, Schneider explica que «la política fiscal distorsionada de su papel redistribuidor, ha dado como resultado una Centroamérica cada vez más desigual, con una clara tendencia a la concentración».
Por ejemplo, en los últimos años el 60% de la población con menos recursos se ha quedado con el 25% de la riqueza generada, mientras el 10% más rico ha concentrado cerca del 40% del total. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2014, cerca del 59% de los centroamericanos (26.5 millones de personas) vive en condiciones de pobreza, mientras un 15% vive en la indigencia.
Aproximadamente el 70% no está afiliado a la seguridad social, mientras que un 25% no tiene acceso a ningún tipo de servicio básico de salud. Casi el 90% de la población mayor de 60 años no cuenta con una pensión. El 94% de los indigentes y el 87% de los pobres centroamericanos se concentran en los países del CA4 (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).
«A este gobierno le sobra poder y le falta talento. Ha fracasado en materia de seguridad, de protección de niñez y continúa con las mismas políticas de exclusión social. Además, ha profundizado el autoritarismo, la prepotencia y el hostigamiento contra aquellas organizaciones que denunciamos esta situación», recordó Ruelas.
En su caso específico, el pasado 9 de mayo, José Guadalupe Ruelas fue detenido por miembros de la Policía Militar en frente de Casa Presidencial, en Tegucigalpa, y salvajemente golpeado, sufriendo lesiones en la espalda, costados, tórax y rostro. Inmediatamente después, los principales medios de comunicación iniciaron una violenta campaña de desprestigio contra él y la organización que representa. El ataque ocurrió justamente unos días después de que Casa Alianza publicara el informe sobre el asesinato masivo de jóvenes.
De la misma forma, el Observatorio de la Violencia del IUDPAS (Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad) denunció en los días pasados que la Secretaría de Seguridad se negó a entregar la información que recaba sobre los homicidios en Honduras, obligándolo a suspender la publicación del «Informe nacional sobre el estado de la violencia en Honduras», una fuente que le hacía de contrapeso a los datos oficiales.
«Afortunadamente, este gobierno se movió tardíamente y el tema del sufrimiento de la niñez en Honduras ya está siendo monitoreado a nivel nacional e internacional, y ha salido de control de la propaganda gubernamental. Hubo llamados muy fuertes de Naciones Unidas, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el Movimiento Mundial por la Infancia y congresistas norteamericanos y la comunidad internacional va distanciándose de un gobierno que pretende recrudecer la represión», concluyó Ruelas.
Fuente original: http://nicaraguaymasespanol.