Este 24 de marzo se sabrá si la OEA se apretó aún más la soga al cuello al no liberarse del control de los Estados Unidos o si más bien incorpora varios principios que la sitúen como un «espacio común» para el encuentro, en condiciones de plena igualdad política, de los estados latinoamericanos y caribeños […]
Este 24 de marzo se sabrá si la OEA se apretó aún más la soga al cuello al no liberarse del control de los Estados Unidos o si más bien incorpora varios principios que la sitúen como un «espacio común» para el encuentro, en condiciones de plena igualdad política, de los estados latinoamericanos y caribeños con los Estados Unidos y Canadá.
Prolongar su agonía o aproximarse a América Latina es la disyuntiva que enfrenta la Organización de Estados Americanos (OEA) a pocos días de celebrarse la Asamblea General que elegirá al Secretario General y su adjunto para los próximos cinco años. Si el 24 de marzo se mantiene su papel de instrumento no oficial de Estados Unidos, profundizará su inercia con mayor descrédito; si opta por la segunda alternativa, tendrá la posibilidad de rectificar los errores cometidos en 62 años de cuestionada vida.
Si bien el curso que vaya a tomar este organismo supranacional es incierto por los planes que Estados Unidos tiene para América Latina y sin que existan señales contundentes de que la OEA dejará de ser la prolongación de los intereses de Estados Unidos en la región, existe al mismo tiempo -por esas paradojas de la historia-, la condición de posibilidad para que los países miembros del ALBA y los estados caribeños, si actúan unitariamente- puedan tomar su dirección. Si eso sucede es probable que la OEA sea un organismo en el que se encuentren, en condiciones de igualdad política plena, los países latinoamericanos y caribeños -a través de su Comunidad Política en construcción-, con los Estados Unidos y Canadá.
Por eso, el contexto en el que se llevará adelante la asamblea es complejo, pero una cosa es cierta: La OEA, al que un canciller cubano, Raúl Roa, calificó como el «Ministerio de Colonias» de los Estados Unidos enfrenta, por su condición de tal, la misma crisis de hegemonía que afecta hoy al país más poderoso del mundo. Sus principios y práctica están en dudas.
América Latina es un escenario de disputa por la hegemonía entre dos visiones distintas de la libertad y la igualdad. Por un lado están, parafraseando a José Martí, los que la quieren solo para ellos y, del otro, los que la reclaman y luchan para que la libertad y la igualdad sea para todos.
Eso lleva a reconocer que la crisis de hegemonía de los Estados Unidos y uno de sus brazos operativos, la OEA, es el resultado de la desarticulación entre la sociedad política y la sociedad civil al que nos hace referencia la teoría política moderna o el equilibrio imperfecto entre estados en su condición de sujetos políticos del que habla una teoría de las relaciones internacionales.
América Latina y el Caribe no son los mismos. Al empuje de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) un vigoroso latinoamericanismo resurge por todas partes y nuevas entidades regionales y subregionales se construyen. La creación de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), Petrocaribe y la decisión de fundar la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, aprobada en Cancún, constituyen señales impensables hace no más de cinco años.
Los desafíos
La OEA tiene al frente un cúmulo de desafíos que dependiendo cómo los vaya enfrentando y resolviendo podrá determinar la naturaleza de su vida. A diferencia de los seres humanos -que nacen, crecen y fallecen-, las instituciones no tienen muerte física, aunque hay momentos en que su existencia no tiene justificación histórica.
Para evitar ese desenlace y para ponerse a tono con la ampliación de la democracia que los pueblos están conquistando dentro de sus estados-nación, el organismo supranacional deberá incorporar en términos reales y no formales el principio de la igualdad política. Ya ninguno de los estados, incluso los más dóciles, quieren seguir siendo vistos desde arriba por el sumo pontífice del Norte.
Eso implica que la Carta de la Organización de los Estados Americanos supere el alcance del artículo 10 que solo reconoce el principio de la igualdad jurídica de sus estados miembros. Abordar la igualdad desde la política implica, en los hechos, abandonar la visión reducida e instrumentalizada de un modelo de democracia representativa que en pleno siglo XXI ya no es la única manera de organizar la vida de los pueblos y las sociedades.
El desarrollo de otras formas de democracia en varios países de América Latina y el Caribe enseñan que la democracia no puede ni debe ser reducida a un mero procedimiento por el cual los pueblos elijen a sus gobiernos y representantes. Los pueblos, en su condición de sujetos colectivos y plurales, quieren votar, elegir, participar y decidir. Es decir quieren otra forma de articular a los estados y a las sociedades.
Y el principio de la igualdad política implica convertir a este organismo regional -fundado en 1948 en Bogotá-, en un espacio común en el que confluyan una diversidad de actores, cada uno portador de su historia particular y proyecto de país específico. Es el respeto efectivo y no retórico a la auto-determinación de los pueblos, por lo tanto la aceptación de las diversas formas de gobierno.
La Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros documentos de ese organismo expresan una visión del mundo unilateral y una búsqueda insaciable de homogeneidad solo explicable por el predominio de los Estados Unidos.
El reconocimiento del principio de la igualdad política -independientemente del tamaño del Estado-, lo cual conduce a una reconceptualización de la soberanía, la integración y la democracia, también implica clausurar el principio del alineamiento con el que se ha actuado desde la OEA y que ha conducido a decisiones aberrantes como las de excluir a Cuba en la asamblea de Punta del Este, en 1962, y a mantener un silencio cómplice ante el criminal bloqueo del que es víctima la mayor de las antillas y ante las invasiones militares estadounidenses de varios países de América Latina y el Caribe.
El alineamiento, cuya manifestación hacia Cuba ha sido la más nefasta en la historia de la OEA, es querer América Latina y el Caribe a imagen y semejanza de los Estados Unidos. Clausurar ese principio que desconoce el principio de igualdad política de las comunidades políticas (estados) es no solo reconocer la causa justa por la que Cuba ha resistido medio siglo a las múltiples formas de agresión imperialista, sino sentar las bases para seguir avanzando, en la hora presente, hacia la emancipación plena de Nuestra América.
Y eso conduce a otro principio, ahora inexistente en la OEA: la cultura de la paz y la declaratoria de que América Latina y el Caribe no serán base militar para ninguna potencia mundial. Es decir, lo que está en crisis es la idea de «lo políticamente aceptable» en el uso de la fuerza. Con ese argumento se ha tenido un silencio cómplice en las invasiones militares estadounidenses a Guatemala (1954), República Dominicana (1965), Granada (1983), Panamá (1989) y Haití (1994) por hacer referencia al siglo pasado.
Pero el ingreso al siglo XXI no ha significado un cambio en la instrumentalización que Estados Unidos hace de la OEA, como el 1 de marzo de 2008, cuando el organismo calló ante el uso de la base militar estadounidense en Manta (Ecuador) de parte de las tropas militares colombianas para violar espacio aéreo y territorio ecuatoriano con el objetivo de atacar un campamento guerrillero de las FARC -con el saldo de la muerte del comandante Raúl Reyes, el segundo después de Marulanda, también fallecido ese mismo mes-. También no reaccionó como debía ante los siguientes hechos: el golpe de Estado contra el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009; el acuerdo de instalar siete nuevas bases militares estadounidenses en Colombia; el preacuerdo para reinstalar cuatro similares en Panamá y la virtual ocupación de Haití con más de 10.000 soldados con la cobertura política de brindar asistencia por el terremoto. Todo eso representa un cúmulo de acciones en las que la OEA demostró para qué está hecha y por quién está conducida.
Pero si los pueblos demandan ser mirados y pensados como comunidades políticas plenas, lo cual implica alcanzar el «optimo social» del que hablaba el intelectual boliviano René Zabaleta para definir una articulación satisfactoria entre Estado y sociedad civil, no menos evidente es que hay un reclamo por incorporar el principio de igualdad en la vida económica inter-estatal e inter-societal, que es otra manera de pensar y practicar el principio de la igualdad.
La OEA ya no puede seguir siendo el instrumento por el cual Estados Unidos ha pretendido «camuflar» sus poderosos intereses (que en realidad son de las corporaciones) en la región. En la década de los 60 lo quiso hacer a través de la Alianza para el Progreso, en los 80 con el consenso de Washington y en los 90 con el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC). La «Doctrina Monroe» de América para los americanos ya no la tolera nadie.
El mecanismo creado para darle oxígeno a la deteriorada hegemonía de los Estados Unidos en la región ha sido «La Cumbre de las Américas». Impulsada por Clinton en 1994 en Miami, esta primera cita a la que Cuba no fue convocada aprobó e instaló la agenda de Estados Unidos: guerra internacional contra el narcotráfico, defensa de la democracia representativa y el acuerdo de libre comercio. Las dos posteriores cumbres ordinarias en Chile (1998) y Canadá (2001), además de la extraordinaria de México (2004), ratificaron esa línea de dirección. Si bien los planes estadounidenses no fructificaron por el certificado de defunción que una nueva configuración política latinoamericana le dio al ALCA en Mar del Plata, Argentina, en 2005, la presión y las maniobras de la Casa Blanca se han vuelto a expresar, sin lograr resultados, en la V cumbre de Trinidad y Tobago en 2009.
Incorporar el principio de la igualdad económica inter-estatal significa que deben de alentarse todas aquellas iniciativas conducentes a poner a fin al carácter primario-exportador de nuestras economías, por muy valor agregado que se le hagan a la explotación de los recursos naturales, para más bien construir una economía latinoamericana basada en la complementariedad y la reciprocidad. También implica la armonización de políticas económicas, monetarias y otras que hacen al comportamiento de economías por fuera de los clásicos papeles asignados por la colonia, primero, y el capitalismo después. Iniciativas como el ALBA son importantes, quizá más que por lo logrado hasta ahora más bien por la filosofía que la acompaña.
Y, finalmente, hablando de la incorporación de nuevos principios, está el desafío de encontrar espacios de acuerdo para que las formas de reproducción de la vida no sean incompatibles con la naturaleza, lo cual implica una redefinición de las formas de producir y distribuir la riqueza. América Latina y el Caribe son susceptibles de sufrir los más terribles desastres naturales producto de huracanes, ciclones, sismos, terremotos, sequías e inundaciones. Ningún organismo regional puede ignorar esa realidad y no tomar medidas.
Las amenazas
Ahí radica precisamente las nuevas amenazas. Impotente de parar la ola política que los pueblos y muchos estados impulsan para ampliar la democracia -lo que pasa por no quedarse en los meros procedimientos y buscar la igualdad sustantiva y no formal de los sujetos-, Estados Unidos, en la era Obama, no se resigna a restablecer su control de América Latina y el Caribe, ya sea a través de la dominación o la hegemonía.
Para lograr ese objetivo estratégico y caminando en dirección contraria al rumbo de las nuevas exigencias del siglo XXI, Estados Unidos está retomando la propuesta, ya esbozada en términos generales en 2005, de modificar la Carta Democrática Interamericana, aprobada a iniciativa de la administración Bush en septiembre de 2001.
La orientación del cambio que se propone es para «soldar» los principios de la democracia representativa y para darle a la OEA mecanismos para prevenir o sancionar a los que la violen. Y, desde esa lógica, en el contexto latinoamericano y caribeño actual eso significa abrir las puertas para la intervención política, primero, y militar, después, de aquellos países cuyos gobiernos y pueblos estén desarrollando otras formas de democracia. La industria mediática que crea y amplifica hechos será la gran aliada.
Entonces, el peligro es que la OEA siga en manos de los Estados Unidos, pues ante la pérdida de hegemonía -entendida ésta como dirección política y moral-, ese poder mundial no renunciará a implementar otras formas de dominación, incluyendo la invasión y la renovación de golpes de Estado. La IV flota está para eso y lo que sucedió recientemente en Honduras es una muestra. Los intento de golpes contra Hugo Chávez en abril de 2002 y contra Morales en septiembre-octubre de 2008 son otras pruebas.
Para eso, es altamente seguro que la estrategia de Estados Unidos para mantener el control de la OEA tenga dos tiempos. El primero, promoviendo, directa e indirectamente, la elección de un ex presidente centroamericano que les allanó el golpe de estado en Honduras como el nuevo secretario general y su adjunto a un afín del caribe o Sudamérica. Para eso cuenta con los casi seguros apoyos de Costa Rica, Perú, Colombia, Panamá, Canadá y Honduras. Suman 7 los votos.
La irresolución de la elección del secretario general y su adjunto el 24 de marzo se daría por el apoyo que tiene Miguel Insulza de El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Chile, pero sobre todo por el respaldo significativo que tenga el candidato del ALBA y varios países del Caribe, de donde saldría el dolor de cabeza para Washington.
Eso implicaría una segunda asamblea dentro máximo un mes. Empero, todo depende de la posición que tengan Uruguay, Argentina, México y Brasil. Lo que decida el presidente Lula, quien va concluyendo su mandato con posiciones más de izquierda y que ha sido propuesto por el presidente Hugo Chávez como el secretario de la emergente comunidad latinoamericana y caribeña, será decisivo.
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* Hugo Moldiz Mercado es periodista y escritor boliviano. Miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.
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