Hace un par de semanas, Libération publicaba una carta firmada por más de un centenar de personalidades del mundo de la cultura. Se preguntaban cómo Francia, que acababa de movilizarse para defender la libertad de expresión, podría permitir que un escritor pudiera ser encarcelado por sus declaraciones, acusado de hablar. La cuestión: la compañía Lyon-Turin […]
Hace un par de semanas, Libération publicaba una carta firmada por más de un centenar de personalidades del mundo de la cultura. Se preguntaban cómo Francia, que acababa de movilizarse para defender la libertad de expresión, podría permitir que un escritor pudiera ser encarcelado por sus declaraciones, acusado de hablar. La cuestión: la compañía Lyon-Turin Ferroviaire, una filial de la empresa pública SCNF, pretende construir un túnel para el tren de alta velocidad («de interés estratégico») a través de los Alpes. En el valle de Susa, provincia de Turín, se ha organizado una importante movilización ciudadana de resistencia contra este proyecto. El escritor Erri De Luca, bien conocido entre nosotros, tomó abiertamente partido en contra de las obras y, por sus declaraciones al Huffington Post, está acusado de sabotaje y puede acabar con una pena de prisión de uno a cinco años.
El caso, tanto en Italia como en Francia, ha adquirido la dimensión de un escándalo cultural y político descomunal. Y no es para menos: ¿prisión por unas palabras? ¿Dónde está la Europa de la Ilustración de la que, en estos tiempos sombríos, tantos se reclaman herederos? ¿Exigir la racionalidad política frente a la intransigencia y la libertad de expresión como pieza fundamental del sistema democrático solo sirve para estigmatizar a los otros, sin que ello obligue a su cumplimiento en los Estados democráticos?
De Luca acaba de publicar un librito demoledor (La parola contraria), que Gallimard ha traducido al francés, Seix Barral al castellano y Sembra al catalán. Ahí se hace una pregunta clave: ¿puede imputarse a un escritor, por sus palabras, la responsabilidad de las acciones que otros llevan a cabo, solo porque coinciden en lo que uno pide y otros hacen? ¿Se puede condenar a alguien por pedir justicia, con palabras, y, con palabras, reclamar que una acción considerada injusta se detenga y, si es necesario, se sabotee? La cuestión es filosóficamente relevante: «Para hablar de incitación a la violencia, es preciso demostrar la relación directa entre las palabras y las acciones cometidas». «En mi caso», añade, «la acusación pública afirma que mis palabras han sido seguidas de acciones». Pero que hayan sido seguidas no implica que hayan sido efecto de esas palabras, y que estas sean la causa. De Luca es acusado de llamar al sabotaje, y la acusación entiende por esto, en contra de las evidencias del diccionario, una llamada explícita a la violencia.
Pero «sabotaje» , recuerda De Luca, puede ser una huelga que sabotea la producción, el incumplimiento de una orden, el obstruccionismo parlamentario: en suma, cualquier acto que pretende detener u obstaculizar algo considerado injusto. Por ello, De Luca reclama, con decisión, su derecho a emplear el verbo «sabotear»: «Acepto con mucho gusto una condena penal, pero no una reducción de vocabulario».
Fuente original: http://www.caffereggio.net/2015/03/18/la-palabra-contraria-de-xavier-antich-en-la-vanguardia/