«La política aplicada no pretende expulsar a la gente, sino aterrorizarla»

[En esta entrevista realizada por la revista à l’encontre www.alencontre.org, EmmanuelSans-papiers. L’archaïsme fatal («Sin papeles. El arcaísmo fatal»), La Découverte,

Pregunta: Has desarrollado la idea de que uno de los resultados de las restricciones o de las supresiones de los derechos de los inmigrantes ha sido constituir un vivero de mano de obra particular, una deslocalización in situ. ¿Qué entiendes por ello? ¿Qué evolución se ha producido en el curso de los últimos años?

Emmanuel Terray: La reflexión partía de una primera constatación, a saber: remitiéndonos a las evaluaciones del Ministerio del Interior francés, que son las únicas que tenemos, habría entre 300.000 y 400.000 «sin papeles» en Francia. Son evaluaciones, y hay que recordar que el censo de personas en situación irregular no sólo es impreciso, sino difícil de establecer. Lo característico, y es lo que me llamó la atención, es que las cifras proporcionadas por estas evaluaciones no han evolucionado y son constantes desde hace 25 años. Esto es, desde hace 25 años tenemos entre 300.000 y 400.000 «sin papeles» en Francia.

Pero en estos 25 años ha habido dos regularizaciones importantes. La primera, en 1981, con 150.000 regularizaciones de «sin papeles», la segunda en 1997, con 80.000 a 90.000 regularizaciones. Además, cada año son expulsadas entre 12.000 y 15.000 personas, y los «objetivos» actuales llegan a los 25.000. El número de expulsiones tiene tendencia a aumentar en los últimos años. Los regularizados y los expulsados salen de las evaluaciones. Por lo que, a la vista está, el stock se renueva. Y perdónenme esta horrible expresión. En realidad, hay un flotante (de mano de obra) cuyo volumen es imposible de comprimir. Se reconstituye al punto, de forma permanente. Si se reflexiona sobre este carácter permanente, se llega a la conclusión de que los «sin papeles» juegan un papel funcional en la economía francesa. Su presencia forma parte de los mecanismos y de las estructuras mismas de esta economía. 

Si examinamos en qué sectores de actividad se encuentran los «sin papeles» vemos que hay cinco sectores en los cuales los extranjeros en situación irregular ocupan un lugar absolutamente importante. Sólo tenemos estadísticas de la represión (las cifras de la inspección de trabajo, las estadísticas policiales, etc.). Estas estadísticas son siempre difíciles de interpretar, porque cuando disponemos de datos hay que preguntarse lo que significan: si la realidad o el hecho de que la vigilancia policial es más importante en un sector que en otro. Nunca estamos demasiado seguros de interpretar estas cifras. A pesar de todo, nos dan indicaciones suficientemente claras para poder señalar cinco sectores de actividad.

El primero de estos sectores es la construcción y las obras públicas. Está claro que los ilegales no están empleados en los grandes grupos de la construcción. No se les encuentra en las grandes empresas de obras públicas, sino entre los subcontratistas. Los cuales son presionados hasta tal punto por los grandes grupos que están obligados a machacar sus precios, y con ellos los salarios. Los pequeños empresarios, si quieren conservar un mínimo de margen, se ven prácticamente obligados por la situación a recurrir a trabajadores ilegales. Cuando se les pregunta sobre ello, dicen: «si no pudiéramos emplear a ilegales, tendríamos que renunciar».

El segundo sector lo constituye la hostelería y la restauración. También éste es un sector «mixto». Por lo general, no hay presencia de trabajadores ilegales en grandes sociedades, pero podemos comprobar que en cualquier restaurante, el comedor suele estar en situación «regular», la cocina «compartida» (el jefe de cocina es regular, pero no así sus ayudantes) y de fregar los platos se encargan siempre trabajadores «irregulares».

El tercer sector importante es la confección, al menos, en la región parisina. Todo el ámbito de la confección, del prêt-à-porter, es atendido en gran medida por talleres «clandestinos». Entre comillas, porque no son tan clandestinos. En general, los trabajadores son chinos.

El cuarto y quinto sectores los constituyen los llamados servicios personales (empleos a domicilio) y la agricultura (en particular, la agricultura de temporada).

Es interesante observar que estos cinco sectores tienen una característica común. Todo el mundo sabe lo que es una deslocalización: una empresa cuyos gastos de mano de obra pesan mucho en la composición final de la cifra de negocios, para hacer economías en sus gastos de mano de obra, detiene la producción en su país de origen y la lleva a un país, por lo general un país del Sur, donde los salarios son mucho más bajos y donde la mano de obra dispone de muchos menos derechos y es más «dócil». De esta forma, las empresas se pueden beneficiar de todas esas ventajas. Teniendo en cuenta los bajos precios de los transportes, por lo general la operación resulta muy beneficiosa. En consecuencia, se han multiplicado las deslocalizaciones en muchos países europeos, con destino a los países del Este, del Magreb, de China, etc. Lo que caracteriza a los cinco sectores que acabo de citar es el hecho de que, físicamente, materialmente, no pueden ser deslocalizados. Por razones muy evidentes: una obra de construcción debe estar en el inmueble será utilizado por los usuarios; un restaurante, donde se encuentren los clientes. Eso no es del todo cierto en el caso de la confección, pero, al menos en Francia, en ese sector se trabaja con flujos extremadamente exigentes: también encuentra ventaja procediendo a una deslocalización in situ. Los servicios personales tienen lugar allí donde se encuentran las personas y la agricultura de temporada donde están las fincas.

La idea de la deslocalización in situ consiste precisamente en que el recurso al trabajo de extranjeros en situación irregular permite reconstruir en nuestras propias ciudades, en nuestros propios países, las condiciones propias de la mano de obra en los países del Tercer Mundo. Esto es, salarios muy bajos, protecciones reducidas al mínimo, nada de derechos sindicales, condiciones de trabajo espantosas, tiempo ilimitado de trabajo, contratos salariales no respetados porque los pagos se hacen siempre en mano, etc. Por consiguiente, las empresas que no pueden deslocalizar, recurren al trabajo ilegal como un sustitutivo de las deslocalizaciones: esto me ha llevado a hablar de deslocalizaciones in situ. En cierta medida, la deslocalización in situ es aún más ventajosa que la deslocalización en el extranjero porque si deslocalizas en el extranjero, por una parte, puedes tener un problema de retrasos (y gastos de transporte para repatriar tu producción), y por otra estás obligado a exportar algunos directivos o algunos técnicos que cuestan muy caro. Cuando deslocalizas in situ, no hay gastos de transporte, no hay demoras ni cuadros expatriados. Pienso que este mecanismo explica la permanencia del trabajo ilegal en nuestras sociedades. Permanencia confirmada por las cifras que he indicado antes y por su carácter estable en el tiempo. Esto es lo que puedo decir sobre la noción de deslocalización in situ.

P.: La aceleración de este proceso se ha producido en el contexto de una mundialización del capital que ha supuesto, al mismo tiempo, una mayor competencia de los trabajadores a escala mundial, una reducción de los derechos (entre otros, la legislación del trabajo) y una llamada «política neoliberal» muy ofensiva, sobre todo desde los años 1980. En este caldo de cultivo, las políticas adoptadas contra los inmigrantes ilegales no dejan de endurecerse, en concierto con las medidas dirigidas a los inmigrantes legales extra-europeos.

E. T.: En el plano político, me gusta distinguir dos períodos. Uno que comienza a finales de los años 1970 y que se extiende hasta el comienzo de los años 2000. La entrada en escena del señor Sarkozy, primero como ministro del Interior y después como presidente de la República, ha representado un giro que intentaré caracterizar. Por lo que se refiere al período 1980-2000, hay que distinguir entre la política anunciada y la política real. La política anunciada consiste en decir: queremos erradicar la inmigración ilegal, esto es, expulsar a los irregulares, enviarles de vuelta a su casa, porque es la mejor manera de integrar y estabilizar una inmigración legal. Este discurso anunciado no ha variado. Tanto por un gobierno de derecha o por un gobierno de izquierda.

Pero si se observa la política realmente practicada -en realidad, para que funcione el mecanismo de deslocalización in situ que acabo de describir- se reúnen en ella dos condiciones: La primera es asegurar la vulnerabilidad administrativa de los ilegales, esto es, que no se beneficien de ningún tipo de estabilidad, de ninguna protección, que sean no ya sólo expulsables en cualquier momento, sino también constantemente expuestos a los chantajes, a la delación y a la extorsión. Su vulnerabilidad es total, están a merced de todas las explotaciones y a todas las esclavitudes. Porque, según la legislación, son delincuentes. En Francia, la estancia irregular está castigada con un año de prisión y 3.750 € de multa. Pero aunque sea raro que los irregulares sean condenados cuando les detienen, entre 3.000 y 5.000 «sin papeles» pasan cada año por las prisiones francesas antes de ser expulsados. Por tanto, existe todo un arsenal represivo puesto en pie contra la inmigración ilegal.

La segunda es que si este arsenal represivo fuera realmente aplicado con determinación, se acabaría por echar a los ilegales y, en consecuencia, ya no podría haber deslocalización in situ. No sé si de forma calculada, pero la legislación represiva es aplicada de forma, digamos, modulada y complaciente. Durante el primer período (1980-2000), la tasa de traslados de «sin papeles» a la frontera fue de 15.000 a 20.000 al año. Ahora está aumentando. Entiéndase bien, cada uno de estos traslados a la fuerza y cada una de estas expulsiones constituye un drama para las personas afectadas: se encuentran de nuevo en países que habían abandonado hace mucho tiempo y donde nadie les espera, sin ninguna clase de equipaje, etc.

Pero si se observa bien, estadísticamente hablando, 15.000 ó 20.000 traslados al año sobre 400.000 no es «gran cosa». Tanto más cuando el número de personas expulsadas es «renovado», por lo general al año siguiente. No es gran cosa, pero sí lo suficiente para mantener a la gente amedrentada. Es lo que ocurre: mantener a los ilegales en el terror de ser arrestados, para obligarles a esconderse, a caminar pegados a los muros, y a no hacer ruido. Al menos, lo suficiente para que el mecanismo pueda funcionar.

Me parece muy importante comprender esto: la política que se proclama no coincide en absoluto con la política que se aplica. La política aplicada no pretende expulsar a la gente, sino aterrorizarla. Aterrorizar expulsando a algunos, aunque no expulsarlos a todos a la vez.

En cuanto a los empleadores, las legislaciones represivas contra el empleo de trabajadores inmigrantes les exponen a dos años de prisión y a 5.000 € de multa. Estas leyes no se aplican. Salvo algunos casos muy raros en que los empleadores también son extranjeros. Pero en lo que se refiere a los grandes libradores, ya sean las grandes empresas de la construcción o de la confección, no hay persecuciones ni condenas.

Tenemos un sistema muy exitoso que se llama el sistema de subcontratación en cascada. La legislación dice: un empresario que contrata a sabiendas, con conocimiento de causa, a trabajadores irregulares, debe ser condenado. El empresario se dirige entonces a un primer intermediario que, por su parte, tampoco emplea a irregulares, sino que se dirige a otro intermediario. Por ejemplo, entre el taller de confección y la gran casa de prêt-à-porter cuales sólo tienen un teléfono y un apartado de correos, y a veces, aunque no siempre, un local. De esta forma, cuando se interroga a la gente del taller como mucho se detiene al encargado, y después al primero de los cinco escalones. Por consiguiente, con esta legislación y este sistema, las grandes empresas de confección se encuentran casi siempre al abrigo. Por lo que sé, hay una empresa que se dejó pillar una vez, en 1996, porque para ganar un poco de tiempo hizo poner las etiquetas de su marca en el taller. Por lo general, las camisas y los pantalones son fabricados en los talleres, y se sacan fuera para ponerles las etiquetas. Pero esta empresa quiso ganar un cuarto de hora, o media hora. Cuando la policía llegó al taller, encontró las etiquetas de marca en los vestidos. Al empresario le cayó una sanción que, supongo, pudo amortizar en un par de meses. Después continuó con su actividad como si nada hubiera pasado.

En términos generales, en Francia, las transgresiones del Código de Trabajo son poco perseguidas. No sólo las que afecta a los extranjeros, sino todas las transgresiones, sean las que sean. Según los inspectores de trabajo, si el número de actas que suelen levantar representan, por poner una cifra, 10, las que llegan a los procuradores, sólo son 2 de cada 10. Y las que el procurador tramita, sin archivarlas inmediatamente, son 1 de cada 5, esto es, 0,4 de 10. Los procedimientos que concluyen con condena son también otro 1 de cada 5, es decir: 0,08 de cada 10. Es un rasgo general. Excepto en el caso de atentados graves a la seguridad laboral, que corresponden al derecho penal, los empleadores están a cubierto. En un doble sentido: por este sistema de subcontratación en cascada y por esta mansedumbre general. No se controla a los empleadores, no son afectados. Esta política ambigua, real, pero ambigua, ha durado hasta comienzos de los años 2000, al margen de las declaraciones de unos y de otros.

Ahora, con Nicolas Sarkozy, la doctrina cambia. Antes se decía: hay que perseguir, acosar a la inmigración irregular, para poder integrar mejor a la inmigración regular. Ahora es diferente, se pretende desestabilizar la propia inmigración regular extra-europea. Desestabilizarla con todo tipo de medidas, haciendo cada vez más difícil el ejercicio de los derechos al matrimonio y al reagrupamiento familiar. Estos dos derechos no han sido abolidos porque Francia tiene firmados tratados internacionales, pero se acumulan los obstáculos y hacer venir a su familia se vuelve una odisea, en la que a cada etapa aparecen nuevas trabas. Hasta el punto de que decisiones favorables de las comisarías no son respetadas por los consulados en el extranjero, y el reagrupamiento familiar se está restringiendo en proporciones dramáticas.

También los matrimonios entre franceses y extranjeros son cada vez más difíciles. Esto está permitido por un rasgo que ya existía en la legislación anterior: las leyes están redactadas de manera que dejan el mayor margen posible a lo arbitrario. Se puede dar un ejemplo: los permisos de residencia han quedado ahora subordinados a lo que se denomina la «condición de integración republicana». Esto es, el respeto a los valores de la República. Estos valores no están definidos en ninguna parte, nadie sabe quién debe vigilarlos, quién debe examinar si se respetan o no. Es evidente que la decisión recae en el personal de las comisarías, responsable de su aplicación, sin que se haga público ningún criterio, sin que se establezca ninguna lista de «valores»… El objetivo es el descrito. Los nuevos permisos de residencia previstos por las dos leyes Sarkozy y la ley Hortefeux pretenden, de hecho, fabricar un inmigrante que venga a trabajar a Francia y que venga solo, sin su familia, que no pueda reclamarse de su lengua y de su cultura: se le pedirá que se asimile a la sociedad francesa. No se le concederá ninguna forma de estabilidad. Hoy día, para los permisos de residencia por motivos de trabajo existen dos categorías. Una categoría asalariada, para obtener un permiso de residencia por trabajo, tiene que obtener antes un contrato de trabajo de duración indeterminada. A quienes tienen contratos temporales, que es el caso de la mayoría de trabajadores extranjeros, se les da permisos de residencia temporales. Lo que significa que para renovar su permiso deben encontrar un segundo contrato de trabajo. Si no tienen trabajo en el momento de la renovación, son pura y simplemente devueltos. El esquema consiste en multiplicar los círculos concéntricos. Se ve claro que es una consecuencia asumida por las autoridades. El día en que los trabajadores extranjeros en situación legal tengan pocas «ventajas» respecto a los trabajadores en situación ilegal, es decir, cuando sean también precarios, estarán también a merced de sus empleadores para obtener un nuevo contrato de trabajo y será el empleador quien decidirá sobre su estancia o no. Los trabajadores estarán entonces en mala posición para reivindicar. Si el margen entre trabajadores legales e ilegales se reduce, alineándose las condiciones de los trabajadores legales con las de los ilegales, ya no habrá interés en contratar trabajadores ilegales. Pienso que esta perspectiva ha sido contemplada desde hace algún tiempo por las autoridades, para volver a los inmigrantes legalmente presentes cada vez más frágiles y al mismo tiempo cada vez más desechables a discreción. En consecuencia, ya no habrá necesidad de los ilegales.

Por lo que se refiere a los «dos círculos», pienso que en realidad hay muchos más de dos. Contemplando la sociedad europea que se está perfilando a través de las legislaciones, que son muy convergentes de un país a otro, tenemos: – el círculo de los ciudadanos de plenos derechos;  el círculo de los súbditos de la Unión Europea que circulan libremente por el interior de la UE y que sólo tienen derecho de voto en las elecciones municipales y en las elecciones europeas; y los extranjeros en situación regular, que poseen por tanto un permiso de residencia según los países (10 años en Francia) y que pueden circular sin reservas por el territorio de la UE, pero no tienen derecho de voto; los extranjeros que están en situación legal, pero que sólo tienen permisos de estancia temporales (de un año, por ejemplo) y que no tienen derecho de voto. No pueden circular libremente por el territorio de la UE porque están adscritos al sistema de visados Schengen, es decir, sólo pueden desplazarse tres meses a un territorio distinto al que están registrados. Sus condiciones de integración ya son malas porque con una carta de estancia de un año no pueden obtener un contrato de duración indeterminada, no pueden firmar un arrendamiento de apartamento por tres años, no pueden contratar un préstamo con un banco, etc.; los demandantes de asilo que, en Francia, no pueden trabajar. Están en camino de estar asignados a residencia, todavía no encerrados, pero al menos asignados a residencia. Lo que significa que si su demanda de asilo resulta rechazada, la policía les puede agarrar fácilmente para conducirles a la frontera; los trabajadores extranjeros ilegales.

Tenemos, por tanto, una «sociedad con seis estratos». Es una especie de reconstitución, cada vez más jerarquizada, de las buenas y antiguas sociedades censitarias del siglo XVIII, en las que había ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. O de la sociedad de apartheid. Hay que distinguir entre dos apartheids: El primer apartheid en Sudáfrica, instituido por el Doctor Malan, estaba fundado exclusivamente en la desigualdad racial y consideraba a los africanos como gente de raza inferior, por lo que su estatuto era muy desfavorable. Después, desde los años 1960, a causa de las protestas en el mundo y de las sanciones adoptadas por diferentes países, hubo un segundo apartheid, el del señor Botha /2. Se borraron las referencias a la desigualdad racial, que desde un punto de vista «cosmético» ya no eran posibles. Se crearon los bantustanes, Estados formalmente independientes, en las zonas pobres y áridas de Sudáfrica, en los que vivía la mayoría de la población africana. Desde el momento en que los africanos iban a  trabajar a las grandes ciudades de Sudáfrica, como Pretoria, el Cabo o Johannesburgo, eran extranjeros y por consiguiente se «beneficiaban» de derechos como extranjeros, reducidos en verdad a muy poca cosa. Se borró la referencia a la desigualdad racial, pero al ser «extranjeros» no podían tener el mismo estatuto legal que los «nacionales». Se vigilaba a quienes llegaban y se les podía expulsar a las reservas, que eran formalmente independientes. Este es el sistema que, en cierta medida, está en curso de aplicación.

En Europa, se está formando una sociedad de tres anillos: – el anillo central, constituido por los países europeos y algunos otros; – el anillo de la periferia inmediata, con Estados a los que se invita a cooperar en el contral y la represión de la inmigración ilegal, y se les paga por ello (Ucrania, Marruecos y Libia, en particular); – y por último, los otros países, los «bantustanes» de los que Europa quiere rodearse. De forma que la jerarquía se encuentra a la vez en el interior de la sociedad y entre los países del espacio geopolítico europeo.

P.: En positivo, el tipo de reivindicaciones necesarias para avanzar -que permitan unificar para luchar contra las fuerzas que fragmentan y jerarquizan- deben articular, dentro del propio movimiento, el derecho a la libre circulación con los otros derechos, sociales, sindicales, civiles y políticos. La «libre circulación» de las personas, tal como se define y se practica hoy día y acabas de exponer, es en realidad muy limitada y está considerada sólo desde un punto de vista utilitarista, el punto de vista patronal. De ahí se desprende, entre otras cosas, la necesidad de aunar libre circulación y derechos, iguales derechos. ¿Qué piensas de todo esto?

E. T.: Tienes razón. Si consideramos la historia de la inmigración en Francia, es muy característico ver que desde los orígenes, desde el siglo XIX, los empleadores han sido siempre favorables a la libertad de circulación. Pero en cada ocasión han sido absolutamente contrarios a la igualdad de derechos. Porque esta desigualdad de derechos les da la «ventaja comparativa» de emplear a extranjeros. Es interesante que el movimiento obrero muchas veces ha tenido la posición inversa: no era muy favorable a la apertura de las fronteras, tenía un reflejo protector, a veces con acentos nacionalistas y hasta chovinistas en Francia. En cambio, una vez que la gente había entrado, el movimiento obrero peleaba enérgicamente, por un interés bien comprendido, para obtener la igualdad de derechos e impedir que los trabajadores extranjeros hicieran «competencia desleal» a los trabajadores franceses.

Este doble aspecto es una constante en la historia de la inmigración. Lo digo claro: queremos ambas cosas a la vez: por una parte, la libertad de circulación y de establecimiento, y por otra, la igualdad de derechos, porque si no es así perdurará la situación actual, incluso en condiciones más difíciles. Ambas son indisociables. ¿Qué es un inmigrante? Es alguien que ha nacido fuera y que ha venido a vivir y a trabajar «entre nosotros». Se puede inventariar en Francia unos cinco millones de inmigrantes, pero de esos cinco millones, hay tres millones de extranjeros y dos millones de ciudadanos franceses. Cuando hablamos de los inmigrantes no hacemos la distinción y a estos ciudadanos franceses, que lo son por adquisición, les tratamos en el mismo bloque con los otros. Desde un simple punto de vista republicano, esto debería estar absolutamente proscrito.

Es aún más extraordinario cuando se trata, como se les suele llamar, de gentes «procedentes de la inmigración» que han nacido aquí. Son ciudadanos franceses: ¿por qué imponerles una especie de marca que los asimila a «inmigrantes»? Nuestro propio discurso resulta tergiversado. Estoy leyendo con pasión una obra de Victor Klemperer (La lengua del Tercer Reich), que debería haber leído mucho tiempo antes. En nuestro discurso, creo, tenemos el mismo tipo de eufemismos. Un término que no me gusta, y que oigo demasiado a menudo, es el flujo migratorio. El «flujo migratorio» es un tipo de eufemismo abstracto que nos permite olvidar que se trata de hombres, de mujeres y de niños, y que el «control de los flujos migratorios» consiste en alambradas, expulsiones, guardacostas que abordan embarcaciones, y demás. Tenemos una especie de lenguaje tecnocrático y abstracto que se parece mucho a la lengua del Tercer Reich, tal como la describe Klemperer. No quiero hacer similitudes abusivas, pero los mecanismos lingüísticos son muy próximos unos de otros.

Se pueden tomar otros ejemplos: el hecho de que hoy día, al menos en el discurso francés, en la terminología, los pobres son reemplazados por los desfavorecidos; los oprimidos -si hay oprimidos es que hay opresores- son sustituidos por los excluidos, formulación mucho más vaga. Insisto en ello porque es una batalla que debemos dar contra nosotros mismos, para escapar del dominio emponzoñado de este discurso difícil de eludir, porque es el hablado por las autoridades, los medios de comunicación y el poder.

En Francia, la sustitución del término «inmigrante» por el de «extranjero» tiene consecuencias dramáticas para la propia situación francesa. Aunque sólo sea porque al mismo tiempo convierte a toda una parte de ciudadanos franceses en «extranjeros».

es autor de numerosas obras, entre las cuales: Le Troisième jour du communisme (El Tercer día del comunismo), Actes Sud, 1992, Lettre à la Fugitive (Carta a la Fugitiva) (1988) y Ombres berlinoises (Sombras berlinesas) (1996) en Ediciones Odile Jacob; Clausewitz (Fayard, 1999).