Hace unos días en una conferencia organizada por IDEA Internacional y Transparencia (Perú) sobre la calidad de la democracia en América Latina, Beatriz Paredes, hoy embajadora de México en Brasil y antes varias veces parlamentaria de su país y alta dirigente del PRI, dijo algo que me parece sumamente interesante. Se refirió a la eficacia […]
Hace unos días en una conferencia organizada por IDEA Internacional y Transparencia (Perú) sobre la calidad de la democracia en América Latina, Beatriz Paredes, hoy embajadora de México en Brasil y antes varias veces parlamentaria de su país y alta dirigente del PRI, dijo algo que me parece sumamente interesante. Se refirió a la eficacia de la democracia y de las instituciones y mencionó específicamente a los congresos de América Latina.
Sostiene que la debilidad de las instituciones, en especial de los legislativos, radica en que ya no serían necesarios y que estaríamos ante el ocaso de esta institución como mediadora entre el poder y la ciudadanía.
El Congreso ya no es eficaz, ya no ocupa el espacio de representación de la ciudadanía, la población no se reconoce en su Congreso. Así, la calidad de los congresos y congresistas decae, produciéndose un círculo vicioso.
Hoy existe un enmarañado de acuerdos comerciales (TLC) que limitan el accionar de los gobiernos y de los congresos de nuestros países. Ignacio Ramonet sostiene que el éxito electoral de un presidente no le garantiza el ejercicio del poder real [1].
Aquí quiero citar como ejemplo un caso lejano geográficamente para América Latina pero que nos puede ser útil para explicarnos el fenómeno que expone Beatriz Paredes.
Grecia, país integrante de la Unión Europea. Hace un mes aproximadamente, realizó un referéndum consultando a su población si quería aceptar el tercer ajuste que le planeaba la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para poder paliar su fuere crisis económica, o no. Este NO implicaba salir de la zona euro y volver a su moneda nacional, el dracma.
El pueblo griego votó NO, sin embargo días después su Gobierno pactaba un acuerdo con la troika. Mi opinión es que no tenía otra salida. Había llegado a un punto tal, que salir del euro e ir al dracma significaba una catástrofe similar o peor al acuerdo que acaban de firmar.
Al margen de las diversas opiniones sobre la actuación del Gobierno griego, quiero mencionar el llamado «Plan B» que días antes había planteado su exministro de Economía, Yanis Varoufakis, éste consideraba, entre otras cosas, que el Gobierno griego debía retomar el control de su ente recaudador de impuestos para crear uno paralelo al existente y que sea manejado soberanamente por el gobierno heleno.
No comentaré este plan. Lo que aquí queremos resaltar es lo que se ha hecho evidente con esta crisis. Ha quedado expuesto al mundo el manejo que hoy tiene la troika de las instituciones receptoras de los impuestos de algunos países europeos.
Utilizo este ejemplo también, para animar a algún estudioso o estudiosa de los TLC que ha firmado o está en proceso de firmar el Perú, a que pueda revelarnos qué dicen los TLC sobre el manejo de nuestro ente recaudador de impuestos (SUNAT) o de nuestra política tributaria y qué margen de maniobra tenemos sobre ella los peruanos.
Diríamos como dice Issa Luna Pla: «El campo de acción en que se mueven los intereses económicos y comerciales es mucho más amplio que el legislativo, sus propias reglas transcienden los sistemas legales nacionales» [2].
Puestas así las cosas, la pregunta cae por su propio peso: ¿dónde está el poder hoy?
Según el último informe de la oficina de Registro de Organizaciones Políticas, del Jurado Nacional de Elecciones, hecho público en febrero de 2013, en el Perú, existen inscritos 16 partidos políticos nacionales y 139 movimientos regionales. Este mismo informe revela que sólo el 20,06 % de los locales partidarios señalados por las organizaciones políticas, al momento de solicitar su inscripción, existen y funcionan.[3]
Para su reconocimiento legal, un partido político, debe reunir como mínimo un número no menor del tres por ciento (3 %) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, según la Ley de Partidos Políticos.
El 3 % de los que sufragaron en el último proceso electoral, lo conforman 493.992 personas, lo que significa que para la inscripción de un partido político se requieren casi un millón de adherentes (alrededor de la mitad serán observados en la depuración que hace RENIEC).
Se ha constituido en el Perú un sistema de partidos políticos cerrado a quienes tienen la capacidad económica de conseguir semejante cantidad de firmas para poder registrarse en los órganos electorales, pero además conformado por partidos etiqueta, cliché, que en realidad no existen.
Cito otra vez a Ramonet que afirma que (hoy) el poder se ha bifurcado de la política. Corre el poder por un lado y la política por otro.
Notas:
[1] Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.