“(…habían gestantes y una niña de 8 años) Algunas mujeres denunciaron que las habían hecho desnudar y les habían revisado sus partes íntimas para buscar droga”
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH. Perú
“No quiero parecer insensible pero cuando ocurrió eso del 11 de septiembre con las torres gemelas, que fue una gran tragedia… lo primero que me vino a la mente fue Dios mío el oro debe estarse poniendo por las nubes… todos nuestros clientes doblaron sus ganancias”
Carleton Brown Broker de Wall Street
A los 23 días de convulsión social política del país con un saldo de más de medio centenar de muertos y cientos de heridos, detenidos y desaparecidos en una eficiente política de genocidio y dictadura y la autoconvocatoria del pueblo peruano en la capital con la llamada “Marcha de los cuatro Suyos y la Toma de Lima” la política económica de la globalización y de la nueva estrategia geopolítica de dominación de EEUU parece avanzar con mano firme, en tanto tenemos por un lado un gobierno usurpador con una dictadora que se niega a renunciar a la presidencia de la República y que más bien hace gala de un discurso surrealista sobre la crisis política que atraviesa el país, y un primer ministro que junto al Congreso trabaja más bien como un efectivo lobista de las grandes corporaciones mineras aprobando leyes en su beneficio y organizando por detrás la matanza del pueblo, mientras las grandes corporaciones van consolidando la leonina exacción de los recursos naturales del país. No obstante todo ello frente a los representantes políticos de LatinoAmérica que en la VII cumbre de la CELAC, denuncian a voz en cuello el genocidio pero sin atinar a concretar a pasos agigantados una nueva política de desarrollo político económico y social para la región que limite esta nueva política de despojo de las grandes Corporaciones que hoy por hoy definen la nueva política económica global a partir de una guerra genocida contra la humanidad en la defensa de sus propios intereses.
No obstante y a pesar de la prensa extrajera que insiste en una necesaria salida democrática por su puesto sin dejar entrever las verdaderas razones de la convulsión social, política y económica que afecta al Perú como resultado de este despliegue de intereses corporativos transnacionales. Vale recordar que desde las últimas décadas son estos intereses corporativos los que someten a los gobiernos mundiales y en este caso al de EEUU a la planificación de una política económica financiera y desindustrializada que impone Wall Street. Ello en un contexto de poder ilimitado e impunidad que le permite la modificación legal que ha venido realizando en el objetivo de someter al gobierno a su lógica de ganancias en lugar de ser sometido por este tal y como lo establecen las leyes de ese país, según lo expone Joel Bakan en libro la Corporación cuando afirma que “muchos estatutos de las leyes sobre las corporaciones incluyen provisiones que permiten a los gobiernos disolver una corporación o ver que una corte la disuelva. Si el gobierno cree que una corporación va vulnerado el interés público. El conjunto de las leyes de revocatoria, así como estas provisiones legales son conocidas y han sido siempre parte de ley de Corporaciones.” (Bakan, 2004: 157)
Estas leyes que han sido por años una conquista del pueblo de EEUU para obligar a las corporaciones a servir a la economía de su país son hoy vulneradas de la manera más grotesca por una élite de Wall Street que se legitima en el poder a través de un discurso de seducción y consumo que existe para satisfacer necesidades creadas por el mercado, mientras somete a condiciones infrahumanas de trabajo a los pueblos del mundo y les hace creer en un destino de sometimiento ineludible, sea por ley divina o natural de la evolución de los más fuertes. Pero aún más que se internaliza en el imaginario colectivo, a través de una guerra psicológica que destruye a la persona, en tanto genera desmoralización en la sociedad que se somete a aceptar pasivamente el yugo ante el despliegue de impunidad de la que hace alarde a través de todo un aparato represivo que obliga a la sociedad a acatar el discurso imperante de paz y democracia aún a pesar del genocidio manifiesto y con ayuda no solo del aparato represivo policial y militar sino también de sus organismos internacionales responsables de vigilar el cumplimiento de los de los derechos y obligaciones de la legalidad nacional e internacional en el marco de la llamada democracia tales como la OEA y que incluye no solo a organizaciones internacionales responsables de cuidar la salud como la OMS sino que ahora también a las instituciones eclesiales responsables de salvar el espíritu de los creyentes como el Vaticano y las diferentes iglesias a través de las cuales consolida hoy por hoy esta nueva forma de dominación manipulando y descontextualizando el discurso, haciendo creer a la población mundial que la democracia se respeta en sus reuniones internacionales que solo avalan la dictadura y el genocidio, que se cuida la salud en tanto se vacuna a la población mundial a pesar de las múltiples denuncias sobre las secuelas, el paro cardíaco, los daños neurológicos y los decesos que ha generado inclusive en infantes, en beneficio de los trillones de dólares que acumula la Big Pharma con sus vacunas mientras los asesinos hablan de paz y diálogo para reconfortar el espíritu de quienes ordenan la matanza del pueblo.
En este contexto, la manipulación mediática por parte de estos grupos de poder se constituye en una herramienta fundamental para justificar el poder y la impunidad a través del discurso de responsabilidad social en el caso de la Corporación y de paz y democracia en el ámbito político.
Esta visión sesgada sobre el verdadero causante de la crisis que hoy vivimos en el Perú, ha permitido así legitimar el discurso de los organismos internacionales frente a los gobiernos del sur global que no terminan de consolidar acciones concretas frente a los nuevas formas de penetración y adoctrinamiento de lo que algunos autores llaman el American way of life es decir el individualismo y el consumismo corporativista que sostienen una ideología de lucro en donde el fin justifica los medios, y donde el capitalismo avanza hacia un canibalismo de las economías de enclave bajo la máscara de un capitalismo consciente con responsabilidad social mientras en los hechos consolida luego del holocausto de la pandemia un nuevo genocidio y dictadura sin rejas y sin campos de concentración en la calle misma y a vista y paciencia de la población mundial.
Es una nueva estrategia de dominación geopolítica que tiene el descaro de ser ampliamente publicitada, de ser anunciada en redes sociales que pertenecen a estas mismas corporaciones y que se evidencia con las declaraciones del Comando Sur de EEUU que revela el verdadero objetivo detrás de la crisis política que vive el Perú como parte de una estrategia geopolítica de apropiación de los recursos de la región latino Americana.
Por lo que una vez fuera la mascarada y habiendo sido ampliamente deslegitimada la pandemia que involucró la participación de organismos internacionales como la OMS en esta búsqueda psicopática de acumulación a costa ya no solamente del trabajo sino de la vida misma de las personas y no solo las del sur global donde se evidenció la necesidad de una estrategia temeraria aun mayor que la burbuja inmobiliaria del 2008 en la que miles de personas perdieron sus casas queda en evidencia la nueva política de despojo de un capitalismo caníbal. La pandemia del Covid-19 que tendría por objetivo imponer el consumo de los medicamentos de la Big Pharma bajo el discurso de resguardo de la vida misma de las personas endeudando a las economías del sur global para la adquisición de las vacunas, demostró que era necesario crear un discurso de pandemia a nivel mundial y obligar a la población a temer a un virus que según estudios científicos publicados en el New England Journal of Medicine afirmaban que su desarrollo era comparable al de un resfrío cualquiera y que sin embargo ocasionó la muerte de tantos seres queridos a manos de los médicos en los hospitales bajo políticas impuestas por organismos internacionales cuyo objetivo final era una depoblación masiva por la previsible escasez de los recursos al año 2030. Una burbuja que todavía lacera a los familiares que perdimos seres queridos en una suerte de holocausto 2.0 donde no se ha podido sancionar a los culpables en tanto nosotros mismos nos encargamos de quemar las pruebas porque esa era la instrucción en los hospitales a riesgo de no entregarnos el cadáver y fuimos nosotros mismos quienes aceptamos las vacunas hoy tan cuestionadas y denunciadas por sus secuelas y creímos en una autoridad médica sometida a intereses corporativos de la industria farmacéutica.
Es decir no solo se dañó físicamente sino moralmente a la población mundial condenándola a sufrir la pérdida de sus seres queridos en el silencio de una impunidad que oprime, desmoraliza en medio de la confusión y la culpa asumida por el desconocimiento de la enfermedad por un lado pero más aún por esta nueva estrategia de acumulación a costa de la vida y la dignidad de las personas. Sino que sobre todo se cumplió el objetivo de un crimen altamente rentable y sin culpables que se consolidó ahí donde Bakan (2004) asegura que la corporación concebida legalmente como una persona permite a un grupo empresarial contraer obligaciones y responsabilidades como una persona natural pero la exime de una sanción punitiva en tanto no existe alma que someter ni cuerpo que encarcelar lo que le permite a sus representantes tener una bifurcación de la moral que en lo privado, pueden ser personas afables con principios y valores pero que en lo público un CEO de una corporación no se puede permitir tener, porque su objetivo final como corporación, persona legal, según la ley que las creó, es generar beneficios económicos en función de sus propios intereses. Aún a costa de la vida misma de sus consumidores, de ahí la psicopatía de su accionar.
Este accionar de la Corporación para asegurar el sometimiento a través de la desmoralización de la población frente a la invisibilidad de la mafia y el crimen organizado que sostuvieron esta forma de lucrar durante la pandemia, se repite con la nueva estrategia de usurpación del poder en Lima por parte de Dina Boluarte y se evidencia de forma descarnada en las muertes que atribuye al pueblo y no a la policía como se ha demostrado por las investigaciones de la fiscalía y se consolida en el abuso manifiesto de la toma de la universidad de San Marcos por parte de la policía la pasada semana, en donde el sometimiento a partir de la vejación de nuestras mujeres provincianas y estudiantes universitarios, así como de nuestros abuelos y abuelas marchistas, por parte de una autoridad represiva, pretende legitimar su derecho al uso y al abuso de nuestra población mellando nuestra dignidad, y nuestros cuerpos con la finalidad de desmoralizar al pueblo frente a la impunidad de su accionar, vulnerando toda normativa y principio constitucional. Esta estrategia de sometimiento y desmoralización pretende cansar al pueblo estigmatizado desde el gobierno de Boluarte y a través de la prensa hegemónica como un grupo radical, de vándalos que obedecen a intereses de narcotráfico, minería ilegal y terrorismo
Así tenemos un gobierno usurpador y dictatorial que no se mantiene por el poder de la ley ni de la legitimidad, y que ha violado abiertamente la Constitución Política del Estado Peruano, que dicho sea de paso ya es dictatorial y que fue impuesta por una rancia oligarquía limeña que obedece a intereses corporativos mineros antes que a un interés colectivo y que se legitima con la complicidad de la OEA como en el caso de Bolivia con el golpe de Estado el año 2019 que nos dejó tantos muertos y desaparecidos en Senkata y en Sacaba, pero que también cuenta con la anuencia de una población internacional confundida en un discurso distorsionado sobre la lucha del pueblo real y la criminalización de su protesta pero que además se legitima con la falta de acción de los gobiernos que no se deciden a una respuesta conjunta como bloque regional frente al atropello de estos intereses Corporativos que han cooptado a un gobierno usurpador fuera de toda ley y legitimidad para concretar su política de despojo.
Por ello si bien el objetivo de la marcha del Perú es refundar el país es decir cambiar la relación de poderes, no solo cambiar una constitución que privilegia la exacción de los recursos por parte de las empresas mineras y los grupos corporativos; es reconocer un Estado ausente que no reconoce a su pueblo ni su diversidad, ni su derecho a los recursos naturales que posee, así como el 2003 en Bolivia con la guerra del gas; hoy es el Perú con la Toma de Lima la que confronta sin embargo no solo a una élite enquistada en el aparato público, sino toda una estrategia geopolítica de dictadura y genocidio de las Corporaciones de Wall Street para América Latina que comienza con el Perú.
Todo ello es lo que recubre ahora la presidenta de facto Dina Boluarte y un aparato público secuestrado por una mafia del crimen organizado enquistada en el congreso y su gabinete de ministros que se toma una semana de representación y de descanso en la playa mientras manda matar al pueblo en una suerte de surrealismo que supera toda corriente surrealista y que dice a través de una presidenta usurpadora ilegal que no va a renunciar ante grupos radicales y que va a cuidar con sumo celo la tradición de una democracia que no existe.
Por lo tanto no es solamente hora de que el pueblo Peruano se posesione en su palacio de gobierno, – tal y como lo hizo Bolivia que a punta de piedras hizo escapar un presidente como Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003 con la guerra del gas y con más de 60 muertos, al tomar la plaza y el palacio quemado,- y que desde ahí restablezca a su presidente Pedro Castillo democráticamente elegido y que mande a encarcelar a esta sarta de payasos que hacen gala de un show de la miseria; sino que también es hora que los gobiernos democráticos de LatinoAmérica se levanten y comience por imponer políticas económicas serias como bloque regional que impidan esta serie de atropellos en la región.
La lucha no pasa solamente por la condena pública claro está, es necesario tomar medidas que defiendan a la región de estos intereses corporativos de Wall Street en EEUU que amenazan la vida misma del planeta con su ambición e indolencia extrema y que exijan su sometimiento al poder gubernamental como lo establecen el orden jurídico internacional ya que lo otro es permitir una mayor devastación que la que puede provocar la amenaza de las bombas nucleares y del armamento de última generación del pentágono. El genocidio ha comenzado en el Perú, y es de esperarse que continúe hacia Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela, Cuba, Guyana, Brasil, México en este masacre que hoy se encubre bajo un discurso de paz y democracia, y/o a nivel corporativo de responsabilidad social pero que en la realidad se reduce a un genocidio abierto y a una dictadura sin límites como parte de una nueva estrategia geopolítica de control de los recursos estratégicos por parte de EEUU en un contexto de crisis política, económica, social, climática y alimentaria a nivel mundial.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.