La Organización Internacional de Migraciones (OIM) de Naciones Unidas registró al menos 5.684 muertes –entre enero de 2021 y octubre de 2022– “hacia y dentro de Europa”.
Fueron, en 2022, cerca de 330.000 entradas –oficialmente denominadas irregulares– en las fronteras exteriores de la UE, informó la agencia europea FRONTEX el pasado 13 de enero. Se trata de la cifra más elevada de cruces fronterizos desde 2016, y representan un aumento del 64% respecto a 2021; la mayor parte –en torno al 45%- se produjeron a través de la ruta de los Balcanes Occidentales. Personas migrantes de origen sirio, afgano y tunecino sumaron el 47% de las entradas, detalló FRONTEX.
Lo que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas califica de cruces “ilegales” puede observarse desde otra perspectiva. Por ejemplo, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de Naciones Unidas registró al menos 5.684 muertes –entre enero de 2021 y octubre de 2022- “hacia y dentro de Europa” (más de 29.000 fallecimientos desde 2014); una parte importante de los decesos en el citado bienio (2.836) se produjeron en la ruta del Mediterráneo Central.
“Estas continuas muertes son otro triste recordatorio de que se necesitan desesperadamente otras vías para la migración, más seguras y regulares”, afirmó Julia Black, autora del reporte de la OIM.
Asimismo, el informe Víctimas de la Necrofrontera (2018-2022). Por la memoria y la justicia, publicado por la ONG Caminando Fronteras, destaca que 11.522 personas murieron -durante el último quinquenio- en las rutas de acceso al Estado español (Frontera Occidental Euroafricana), lo que implica seis muertes diarias; también en los últimos cinco años, 250 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo.
Según Caminando Fronteras, “el Estado español en colaboración con países como Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, han establecido de forma arbitraria modelos bilaterales de políticas migratorias (…). No existe un reconocimiento del derecho a la vida en la frontera que comparten (…)”.
Tal vez las estadísticas de FRONTEX puedan complementarse con situaciones a las que se exponen activistas por los derechos humanos; así, un tribunal de Mitilene (isla griega de Lesbos) anuló -el 13 de enero- el proceso contra 24 trabajadores voluntarios a quienes se acusaba de “espionaje”; todos los cooperantes se dedican a la ayuda a personas migrantes, informó Radio Francia Internacional (RFI); el proceso fue denunciado por Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional.
Sin embargo, “en Grecia se sigue investigando otro caso contra los cooperantes, por tráfico de migrantes”, detalló RFI, que recogió las palabras de uno de los activistas incriminados, Nassos Karakitsos: “Nos sentimos como rehenes desde hace cuatro años y medio”.
La estrategia de criminalización no es un hecho excepcional; así, una veintena de organizaciones de rescate en el Mediterráneo –entre ellas Médicos sin Fronteras, Open Arms o Salvamento Marítimo Humanitario- pidieron el 5 de enero la retirada del Decreto aprobado por el Gobierno de Italia tres días antes, ya que “obstruye los esfuerzos de salvamento en el mar y causará más muertes”.
En uno de los párrafos de la declaración conjunta, se afirma: “Desde 2014 los barcos civiles de salvamento llenan el vacío que los Estados europeos han dejado deliberadamente tras interrumpir sus operaciones de búsqueda y rescate”; las ONG firmantes añaden que los Estados de la UE –y principalmente Italia (donde la ultraderecha ganó las elecciones generales el 25 de septiembre)- llevan años practicando la difamación, el acoso administrativo y la criminalización de organizaciones y activistas.
Un caso conocido es el de la periodista, activista e investigadora Helena Maleno. En una carta dirigida en abril de 2021 al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 11.000 ciudadanos y 600 organizaciones sociales destacaban que en enero de ese año la portavoz de Caminando Fronteras fue “deportada y expulsada” de Marruecos, donde había residido durante las dos últimas décadas (#JusticiaParaHelenaMaleno).
La misiva subrayaba que los tribunales del Estado español y el Reino de Marruecos reconocieron que el trabajo de Helena Maleno no constituía un delito (“su labor de defensa ha permitido salvar la vida de más de 100.000 personas migrantes en nuestras fronteras”); sin embargo, la criminalización promovida durante años por el Ministerio del Interior español “ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar”.
El ejemplo de países concretos puede seguirse en el Informe Europa: cerco a la solidaridad, publicado en noviembre de 2021 por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). “Son muchas las organizaciones y activistas que reciben de manera constante comentarios xenófobos, insultos y amenazas en Grecia, España o Francia”; de hecho, las campañas de hostigamiento, señalamientos públicos y difamaciones derivaron en el cierre o ilegalización de organizaciones en Chipre, Hungría o Turquía.
El documento de la FIDH y la OMCT se hace eco, también, del siguiente balance de la Plataforma de Investigación sobre Migración y Asilo ReSOMA (The criminalisation of solidarity in Europe, 2020): 171 personas defensoras de los derechos de los migrantes estaban siendo judicializadas (un mínimo de 60 en relación con causas penales) en 13 países europeos; en cuanto a la imputación de cargos, figuraba el tráfico de personas; la facilitación de la entrada o tránsito; y otros como facilitación de la residencia.
A conclusiones similares llegaba Amnistía Internacional (AI) en Castigo a la compasión. La solidaridad a juicio en la fortaleza Europa (2019); el texto constata casos de “restricción” y “criminalización” de la solidaridad con las personas migrantes/refugiadas en una decena de países europeos: Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Reino Unido o Suiza.
Sufrieron en Croacia hostigamiento e intimidación, según AI, organizaciones como Are You Syrious y el Centro de Estudios para la Paz (CMS, siglas en croata); también se les sometió a un proceso por “ayuda a la inmigración irregular”; se da la circunstancia que los activistas fueron testigo de “devoluciones sin el debido procedimiento”, así como de expulsiones colectivas en la frontera de Croacia con Bosnia-Herzegovina y con Serbia.
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