Europa supera una de las principales trabas para desbloquear el fondo anticrisis y hace que países como Hungría o Polonia tengan que cumplir con los valores europeos si quieren tener acceso a estos fondos.
Después de semanas de intensa negociación entre los equipos negociadores de la Eurocámara y el Consejo para alcanzar un acuerdo sobre cómo vincular el respeto al Estado de Derecho al reparto de los fondos de la UE, hay fumata blanca. Con este pacto, el acuerdo sobre el presupuesto comunitario y el fondo anticrisis ha superado este bloqueo, ya que necesitaban de la luz verde del mecanismo aprobado este jueves para proseguir con las negociaciones.
Condicionar los valores en los que se cimienta la UE al acceso a estos fondos fue uno de los puntos que dilató la Cumbre Europea de julio hasta en cinco días. A pesar de que Bruselas evita entrar en política interna de los Estados miembros y echa balones fuera siempre que puede, el Ejecutivo comunitario y la Eurocámara consideran que hay que dar un paso al frente, no solo por la deriva autoritaria de algunos países como Polonia y Hungría, sino para proteger a los europeos y europeas de todo el bloque de futuras injerencias de corte autoritario.
Según el acuerdo logrado este jueves, si un gobierno europeo viola la democracia y el Estado de Derecho, la Comisión Europea podrá imponer sanciones financieras y estas deberán de ser confirmadas por el Consejo. Este mecanismo se aplicará cuando los fondos de la UE se utilicen directamente de forma indebida, como en casos de corrupción o fraude. También irá ligado a los aspectos sistémicos vinculados a los valores fundamentales de la UE que todos los Estados miembros deben respetar.
El equipo negociador del Parlamento ha insistido en que el fraude y la evasión fiscal se consideran posibles infracciones. Además, ha logrado obtener un artículo específico que aclara el posible alcance de las infracciones como la amenaza de la independencia del poder judicial, la falta de corrección de decisiones arbitrarias y la limitación de los recursos legales.
Eider Gardiazabal: «Formar parte de la UE supone mantener un compromiso firme con la defensa de los valores europeos«
La eurodiputada socialista, Eider Gardiazabal, es una de las ponentes del equipo negociador del Parlamento Europeo. Tras el acuerdo ha celebrado «que al fin haya un mecanismo que vincule el presupuesto de la Unión Europea al Estado de Derecho, tal y como han reclamado los socialistas estos años». «Formar parte de la UE supone mantener un compromiso firme con la defensa de los valores europeos», ha comentado, en referencia a la «dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respecto de los derechos humanos».
Gardiazabal ha subrayado que es importante que se haya acordado un acuerdo «con un ámbito de aplicación amplio, que incluye no solo los valores contenidos en el artículo 2 del Tratado de la UE, sino también los ataques a la independencia judicial y al fraude fiscal».
El eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha reconocido que el mecanismo «no es tan fuerte como quería el Parlamento Europeo y supondrá un reto», aunque confía en «hacer que funcione». «Este acuerdo no es perfecto, pero sienta las bases para actuar contra los Estados miembros que atacan la democracia y el Estado de derecho», ha afirmado el catalán. Reconoce que este acuerdo es clave para no dar «carta blanca a los actores iliberales que quitan derechos a las personas» y obligar a los socios a actuar.
Un acuerdo histórico
El eurodiputado popular Petri Sarvamaa, ponente en el equipo negociador, habla de «acuerdo histórico» e insiste en que «para que cualquier ley funcione, un efecto disuasorio es clave». «Esta es la razón por la que la UE no solo podrá detener la financiación de la UE una vez que ya se hayan violado los principios del Estado de Derecho, sino también en los casos en que sea evidente que las decisiones gubernamentales recientes representan un riesgo futuro para las finanzas de la UE «, ha insistido.
El eurodiputado ecologista Daniel Freund, reconoce que es un mecanismo «menos poderoso de lo esperado», aunque celebra este «paso adelante para la protección de los valores de la UE». «El conjunto de la ley en Europa está en una profunda crisis. Los acontecimientos actuales en Polonia y Hungría muestran esto de una manera deprimente. Ahora debemos reaccionar con decisión, también con sanciones contra los Estados miembros», ha afirmado, para añadir que «el valor de este mecanismo se medirá por la rapidez con que se pueda implementar».
«El Consejo no ha acordado agregar una cláusula de inactividad, lo que significa que si el Consejo no toma una decisión en el plazo de 1 o 2 meses, la sanción se consideraría adoptada automáticamente», ha explicado Freund. Se ha previsto mediante una votación de mayoría cualificada, que supone el voto a favor del 55% de los países, que a su vez representen al 65% de la población del bloque comunitario, y si el Consejo no vota en un plazo de 3 meses, se anima a la Comisión a incluirlo en la agenda del Consejo para impulsar una votación.
El portavoz de la presidencia alemana ha publicado en su cuenta de Twitter que este «acuerdo preliminar es un paso importante para la Unión Europea y el hito más importante en las negociaciones en curso sobre el paquete presupuestario comunitario» y ha pasado la pelota de la responsabilidad a sendas instituciones, para dar su aprobación final.
Ahora la Eurocámara deberá de aprobarlo formalmente y el Consejo necesitará una mayoría cualificada para dar luz verde también. En el Parlamento Europeo primero se votará en el comité de control parlamentario el próximo lunes y a continuación en el pleno. Por lo que respecta al Consejo, deberá de aprobarse en la próxima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno.
Existe el riesgo de retrasar todo el procedimiento si los gobiernos de Varsovia y Budapest boicotean la ratificación en su parlamento nacional y consiguen hacer fracasar el paquete completo. Así, algunos eurodiputados como la representante de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, teme que Polonia pueda utilizar la condicionalidad del Estado de Derecho a los fondos para chantajear con el Pacto Verde, ya que la UE necesita contar con Varsovia en el proyecto de descarbonización del continente para alcanzar el objetivo comunitario.