Europa y sus multinacionales se lanzan a la captura de nuevos mercados, entre otros, América Central (7 países y 37 millones de habitantes), y reclaman su parte del botín en una zona tradicionalmente reservada al imperialismo norteamericano. A pesar de ello, la Unión Europea se presenta con otra cara. No habla como los Estados Unidos […]
Europa y sus multinacionales se lanzan a la captura de nuevos mercados, entre otros, América Central (7 países y 37 millones de habitantes), y reclaman su parte del botín en una zona tradicionalmente reservada al imperialismo norteamericano.
A pesar de ello, la Unión Europea se presenta con otra cara. No habla como los Estados Unidos de Tratados de Libre Comercio (TLC) sino de Acuerdos de Asociación, eufemismo bajo el cual Europa pretende esconder la dominación imperialista. Por esta razón incluye el diálogo político, la cooperación y el respeto por los derechos humanos en las negociaciones con los países centroamericanos.
¿Qué hay realmente bajo esta imagen «culta», «humanista» y «liberal» de la vieja Europa? Según la declaración de Vía Campesina, «el Acuerdo de Asociación no es más que la continuación de los Tratados de Libre Comercio; son dos instrumentos del gran capital para profundizar la pobreza, miseria y explotación de los que producimos la riqueza con nuestras manos».
Las bases ideológicas de la expansión europea confirman la opinión del movimiento campesino. El documento «Una Europa global. Competir en el mundo», de octubre de 2006, muestra claramente la estrategia de su política comercial: desregular las economías locales i eliminar al máximo las barreras comerciales; potenciar el acceso a materias primas y mano de obra barata; abrir los mercados de servicios públicos privatizados; proteger la propiedad intelectual. En definitiva, facilitar la penetración del capital europeo.
Como sintetiza la red pan-europea Seattle to Brussels (S2B): «la estrategia propuesta se reduce fundamentalmente a lo siguiente: si la UE quiere mantener su competitividad en el mercado mundial, ha de intensificar sus esfuerzos en crear oportunidades para sus empresas en el exterior y apuntar especialmente al entorno normativo de terceros países». Es decir, fomentar la desregulación y las privatizaciones.
Aplicado este modelo al área centroamericana, el núcleo de la relación de «dependencia» no es el intercambio comercial. De hecho, el mrecado centroamericano representa únicamente el 0,4% del comercio global de la Unión Europea, y la UE supone el 14% del total del comercio regional de los países de América Central. Además, una relación de intercambio es difícilmente sustentable cuando el PIB de la UE es 300 veces superior al centroamericano.
Los críticos del modelo denuncian la evidente «asimetría». «Estos tratados comerciales serían como unos acuerdos entre el tiburón y la sardina», afirma Francois Houtart, sacerdote belga y presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Lo que realmente codicia Europa (tal como avanza el documento «Una Europa Global. Competir en el mundo») son los sectores estratégicos, como el financiero, las telecomunicaciones, el agua y la energía, donde la UE es altamente competitiva. Algunos ejemplos: Telefónica controla el 35% del servicio de telefonía en la región; Unión Fenosa es propietaria de más del 80% de las empresas eléctricas (antes estatales) de Panamá, Nicaragua y Guatemala. También puede constatarse un proceso acelerado de fusiones y compras en el sector financiero.
Este interés de las corporaciones europeas por penetrar en el mercado centroamericano ha crecido después del estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, en la que los países centrales proponen acelerar los procesos de desregulación.
Basta una ojeada a lo que han significado los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Chile, en el año 2000, y Méjico (2002) confirman esta tendencia y que, a pesar de la retórica de «diálogo» y «derechos humanos», Europa no ha forzado ninguna actuación en beneficio del pueblo mapuche o los represaliados en Oaxaca.
En la agricultura, otro de los sectores estratégicos, la superprotección de los mercados y los subsidios a los productos europeos (estrategias establecidas en la Política Agraria Común) imposibilitan la competencia, más aún cuando el objetivo de Europa es dejar fuera de las negociaciones los principales productos de exportación centroamericana: café, azúcar, banano, gambeta y etanol, entre otros.
A ello cabe añadir la problemática de los agrocombustibles y la explotación energética y minera. Como afirma Henry Morales, de la organización popular guatemalteca Tzukimpop, «la población más afectada es la que vive en los lugares donde se realizan las explotaciones; se estaría de hecho alterando toda la armonía natural y generando una desmesurada explotación de recursos que son la vida de estos territorios y pueblos».
Ahora bien, ¿Cuál es la respuesta social ante procesos de negociación y acuerdos comerciales que no prevén mecanismos de consulta directa a los pueblos, y donde gobiernos y parlamentos tienen la primera y la última palabra?
En octubre, en paralelo a la V Ronda de Negociación Comercial, se celebró en Guatemala el Foro Social de las Américas, en el que participaron más de cien entidades, asociaciones y redes sociales. En este foro se manifestó la necesidad de promover una movilización social en todos los países del área para contrarrestar un acuerdo comercial que generará «pobreza, exclusión y subdesarrollo».